El futuro de 58 parques eólicos de Galicia depende de recursos judiciales
ECONOMÍA
El sector teme que continúe la oleada de acciones legales contra los recintos autorizadas este año por la Xunta. Siete ya están paralizados
26 oct 2023 . Actualizado a las 17:03 h.El sector eólico contiene el aliento en Galicia. Y continuará haciéndolo al menos hasta el próximo mes de diciembre, cuando está previsto que el Tribunal Supremo emita un fallo que tendrá trascendencia no solo para la industria de la comunidad, sino para la de todo el país. Y es que el futuro de las instalaciones que generan electricidad gracias al viento ha pasado de jugarse en los montes a hacerlo en los juzgados. Las aspas de los aerogeneradores ruedan en 187 parques en Galicia, repartidos en las cuatro provincias, con una potencia total que ronda los 4.000 megavatios. Otros 78 cuentan con autorización por parte de la Xunta para su implantación en distintos emplazamientos, que suman otros 1.892 megavatios adicionales, pero están lejos de tener el camino despejado para su desarrollo: un total de 58 están afectados por recursos judiciales.
La vía judicial emprendida mayoritariamente por las organizaciones medioambientalistas —principalmente por la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega), Ecoloxistas en Acción Galiza y Petón do Lobo—, junto con otras acciones que han sido impulsadas por particulares, han encontrado respuesta en la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que ha dictado un goteo de fallos, incluyendo medidas cautelares, que han implicado la paralización de siete proyectos.
En estos momentos, toda la industria eólica gallega espera con ansia el dictamen del Supremo sobre el recurso presentado por la eléctrica portuguesa EDP contra el fallo del TSXG que anuló, en enero del 2022, su autorización para repotenciar el parque de Corme.
Los argumentos esgrimidos en ese caso —y que son comunes a muchas de las otras suspensiones— hacen referencia principalmente a dos cuestiones: por un lado, a los plazos de exposición pública de los expedientes, establecidos en 30 días en la ley eólica de Galicia, que también prevé excepciones para los proyectos declarados urgentes, en los que se reduce a 15 días. Fue este último el caso de la repotenciación del parque de Corme, declarado de interés especial. Por otro lado, el TSXG también sentencia que la consulta pública de los informes sectoriales que acompañan a los proyectos no puede hacerse después de que estos sean puestos a disposición de los interesados, sino antes.
Fuera la exposición exprés
Si bien sobre el primero de los argumentos ya se han introducido medidas correctoras en Galicia, por cuanto se ha suprimido esa exposición acortada de los proyectos, en cuanto al segundo, si el alto tribunal mantiene la tesis del TSXG, podría implicar una auténtica convulsión en todo el sector a nivel nacional. Todas las Administraciones someten los expedientes a consulta pública y, paralelamente, inician la petición de los informes sectoriales relativos a estos a los distintos organismos implicados.
El presidente de la Asociación Eólica de Galicia (EGA), Manuel Pazo, aludía hace unos días, en la presentación de un informe sobre la trascendencia de esta industria para otras inversiones por valor de 6.000 millones en la comunidad, a una auténtica «inquina» contra el sector. Prácticamente no hay promotor que no esté afectado por la acción judicial: Greenalia tiene paralizados tres parques; Norvento, uno; Engasa, otro. Naturgy cuenta con tres recursos, Endesa, con uno. Y el listado no dejará de crecer. Solo Adega confirma que en los próximos días va a presentar una decena más, con la previsión de superar la treintena.
Antes de llegar a la vía judicial, esta organización, entre otras, ha presentado recursos de alzada contra las autorizaciones otorgadas por la Xunta. Posteriormente, ante el silencio que sostiene que recibe de la Administración, elevó sus acciones al TSXG.
Sala de lo contencioso
La sección tercera es un tribunal presidido por Francisco Javier Cambón y del que formaron parte los magistrados Cristina María Paz, Juan Carlos Fernández, María de los Ángeles Braña y Luis Villares, que fue candidato a la Xunta por En Marea y luego se reincorporó a la carrera judicial. Esta sección ha sido noticia en los últimos meses por un goteo de sentencias adversas para el sector eólico.
Entre las compañías energéticas, que a su vez han recurrido estos fallos, se acrecienta la preocupación y no dejan de subrayar que, antes de lograr las autorizaciones de las Administraciones, tienen que contar con una Declaración de Impacto Ambiental favorable que no todos los proyectos pasan: solo en Galicia fueron denegados 48 por ese motivo.
Preocupación por la extensión de cautelares a la minería
En los últimos meses, entre la cascada de fallos judiciales en contra del sector eólico en la comunidad, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha emitido otras dos paralizaciones cautelares de actividades mineras en la comunidad. En junio pasado, decretó la suspensión cautelar del proyecto de explotación de la mina lucense de Muras, tras un recurso presentado por la organización ecologista Petón do Lobo, y hace tan solo unos días, la paralización —también cautelar— de la actividad de la mina de Penouta, en Ourense. Esta última, a instancias de una denuncia de Ecoloxistas en Acción.
Tanto por parte de la Administración como por las empresas crece el temor a que se contagie la judicialización a otros sectores industriales y se insiste en la necesidad de transmitir pedagogía a la población.
Declaraciones de Noa Presas
Pero la contienda también se dirime en el ámbito político. El pasado lunes, en el debate parlamentario sobre los Orzamentos presentados por la Xunta para el próximo año, la diputada nacionalista Noa Presas llegó a decir que la ley de acompañamiento a los presupuestos implica desplegar «unha alfombra vermella ao “lobby” enerxético», con el objetivo de «sortear as sentenzas do TSXG contra a instalación de parques eólicos».