La Autoridad Fiscal carga contra el Gobierno por su escaso margen para vigilar el gasto público
ECONOMÍA
Las cuantías de las partidas que el Ejecutivo manda a revisión se han reducido considerablemente
04 oct 2023 . Actualizado a las 23:07 h.Contundente mensaje de la Autoridad Fiscal (AIReF) al Gobierno de Pedro Sánchez. El organismo encargado de velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas asegura que el Ejecutivo «ha perdido ambición» a la hora de evaluar sus grandes políticas de gasto, observándose que los análisis encargados se centran en medidas de cada vez menor dotación o escasa relevancia presupuestaria . Sin ir más lejos, el último Spending Review (auditoría del gasto) presentado este miércoles se centró en el diagnóstico del gasto en gestión de residuos y en los instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización empresarial. Dos puntos importantes pero que distan mucho, tanto por volumen analizado como por interés público, de otros anteriores en los que se han evaluado, por ejemplo, los beneficios fiscales que podrían limitarse para elevar la recaudación de Hacienda.
Para hacerse una idea del bajón experimentado en estos análisis que el propio Gobierno encarga a la AIReF, su primera fase implicó la revisión de unos 33.000 millones de euros en medidas de gasto público. En esta tercera apenas ha representado 18.000 millones. Y la próxima, ya encargada para analizar gastos entre el 2022 y el 2026, apenas alcanzará la supervisión de unos 10.000 millones de euros.
Para Cristina Herrero, presidenta del organismo, no se trata solo de una cuestión cuantitativa. «Es una lástima que se haya abandonado el análisis de medidas como el gasto sanitario», asegura. Herrero animó al Ejecutivo a consultar con la AIReF antes de decidir qué partidas se van a evaluar, «algo que ahora no sucede». Y es que el organismo teme que el hecho de que el Gobierno decida qué políticas se evalúan y cuáles no, pueda terminar por convertir su trabajo en una mera herramienta política
En este sentido, la AIReF echa de menos poder seguir midiendo la eficacia de las políticas de gasto en sanidad, atención primaria o la dependencia y cuidados de larga duración. Pero también en otras de carácter transversal, como las relacionadas con la justicia o la vivienda. No obstante, la mayor urgencia la detectan en los recursos destinados a formación profesional y educación. «Esta última es la gran olvidada y no podemos dejar de dedicar recursos a evaluar becas y otros aspectos del sector, cuando muchas comunidades autónomas nos lo están pidiendo», advierte Herrero.
Con este telón de fondo, la institución reclama una modificación de la ley orgánica que define sus funciones, advirtiendo que «ahora mismo no estamos preparados para evaluar nuestras políticas públicas».