La justicia europea declara ilegales las ayudas fiscales que concedió Bélgica a 35 multinaciones

La Voz REDACCIÓN

ECONOMÍA

YVES HERMAN | REUTERS

Bruselas le ordenó recuperar 700 millones de euros tras acusarle de distorsionar la competencia «a costa de los contribuyentes»

20 sep 2023 . Actualizado a las 17:29 h.

El Tribunal General de la UE ha declarado este miércoles «ilegales» las multimillonarias ayudas fiscales que concedió Bélgica desde el año 2005 al 2014 a 35 multinacionales radicadas en su territorio, entre ellas la petrolera BP, la química BASF y la fabricante de neumáticos Bridgestone.

Según han podido comprobar sus jueces, el país aplicó un régimen fiscal a la carta (tax ruling) a las empresas beneficiadas a cambio de centralizar actividades, crear puestos de trabajo y realizar inversiones en el país. 

Para ello, las autoridades belgas exoneraron a las compañías de pagar el impuesto de sociedades por los denominados «beneficios extraordinarios», es decir, aquellos que superaban los que habrían obtenido las empresas autónomas en circunstancias normales. Eso hizo, según denunció la Comisión Europea en el 2016, que la base imponible se redujera entre un 50 y un 90%, adelgazando sustancialmente la factura final de las compañías. 

Bruselas pidió explicaciones al país y le exigió recuperar los cerca de 700 millones de euros que se habrían ahorrado las empresas con estas artimañas fiscales que, según les reprochó la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, habían provocado daños a la competencia «a costa de los contribuyentes europeos». La danesa alertó de que «si un país concede a ciertas multinacionales beneficios fiscales ilegales que les permiten evitar pagar impuestos por la mayoría de sus beneficios, esto daña seriamente la competencia justa». 

Y así lo ven los jueces europeos que, sin embargo, se habían manifestado en contra el 14 de febrero del 2019, cuando le dieron la razón a Bélgica y las empresas beneficiadas. La sentencia fue recurrida en casación y en el 2021 Tribunal de Justicia de la UE la anuló, devolviendo el caso al Tribunal General que ha fallado en esta ocasión a favor del Ejecutivo comunitario.