El Gobierno acelera la petición masiva de fondos europeos en plena precampaña electoral

j. m. camarero MADRID / COLPISA

ECONOMÍA

Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Pone en marcha el segundo procedimiento para recibir casi 100.000 millones con nuevas reformas comprometidas

06 jun 2023 . Actualizado a las 22:44 h.

La gran maquinaria que está sirviendo para empujar a la economía española tras la pandemia y la guerra de Ucrania, la de los fondos europeos de recuperación, se intensificará en las próximas semanas, en plena precampaña, después de que ayer el Consejo de Ministros activara el proceso de petición de hasta 94.000 millones de euros (10.300 millones ayudas directas a fondo perdido y los otros 84.000 millones, en préstamos). Una inyección de dinero que la Comisión Europea evaluará y, en su caso, aprobará cuando ya hayan pasado las elecciones del 23 de julio y se haya formado un nuevo gobierno (del mismo o diferente signo).

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, explicó que la solicitud es un «ejercicio de responsabilidad», ya que el Ejecutivo tenía que cumplir con el plazo establecido por el reglamento europeo para remitir esta adenda (así es como se denomina técnicamente el proceso), que finalizaba el 31 de agosto. No haberlo hecho a tiempo, destacó, habría privado de unos fondos adicionales que van a proporcionar «una red de seguridad para mantener el impulso de la inversión pública y privada en los próximos años».

Sin embargo, este complejo documento, fruto de la negociación de los últimos meses entre España y Bruselas, incluye tanto proyectos de país, esto es, grandes cuantías para los PERTE sectoriales (los de la automoción, semiconductores, economía circular, etc.), como partidas específicas muy vinculadas a los anuncios realizados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las semanas previas a los comicios municipales.

En concreto, habrá un nuevo fondo de resiliencia autonómica, dotado con 20.000 millones de euros que estará gestionado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Entre otras, incluye inversiones en vivienda social y asequible y regeneración. El Ejecutivo admite que «forma parte de la prioridad que da el Gobierno al desarrollo de vivienda para alquiler, que es muy adecuada», apuntan fuentes gubernamentales. Con este reconocimiento implícito, España deja en manos de Bruselas un plan que contempla medidas que el futuro Gobierno que salga de las urnas deberá renegociar con Bruselas si quiere modificar esas actuaciones. Así está ocurriendo en Italia, cuya primera ministra, Giorgia Meloni, señalada por la Comisión Europea por los incumplimientos del plan de recuperación, ha rebatido que estos compromisos fueron adquiridos por su predecesor en el cargo, Mario Draghi.

Para que Bruselas desembolse las cantidades pactadas, España ha tenido que asegurar nuevas reformas que la UE exige, como antes ocurrió con la laboral o la de las pensiones. En este caso, la adenda no incluye grandes modificaciones estructurales, pero sí «ajustes» de algunas ya aprobadas , matizan fuentes gubernamentales.

Una parte de esas reformas está vinculada al sector energético, con el compromiso de reformular la tarifa regulada de la luz (la modalidad PVPC), que ya fue la condición que reclamó Bruselas a cambio de autorizar la excepción ibérica y en la que el Ministerio de Transición Ecológica lleva trabajando meses. Ahora, ese cambio del PVPC se vincula también a la recepción de los futuros fondos europeos cuando el Gobierno de turno tenga que materializar este compromiso.

Críticas de la Xunta

El mismo día en el que el Gobierno central presentaba la adenda al plan de recuperación, desde la Xunta acusaban al Ejecutivo de haber tramitado estos cambios «a espaldas» de las comunidades autónomas. A juicio del vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Francisco Conde, «no parece razonable» aprobar el documento «en plena campaña electoral», cuando «está en juego» la consolidación y recuperación del tejido productivo.

En declaraciones antes de la entrega del Premio Pyme del Año en la Cámara de Comercio de A Coruña. Conde señaló que el tejido productivo en Galicia «está respondiendo» y que la comunidad ya ha recuperado el PIB prepandemia. En este contexto, ha apuntado Conde, es necesaria una «respuesta» del Gobierno central para «atender a toda la cartera de proyectos» industriales presentados por las empresas.

El vicepresidente gallego afeó que el Ejecutivo «no está consensuando» las medidas del plan, ni ha dado a conocer el texto de la adenda a las comunidades. «Por lo tanto, lo que esperamos es que se haga una rectificación inmediata», mostrando su deseo de que, si no es así, «la Comisión Europea pueda actuar de oficio», porque «no parece razonable» adoptar estas medidas en precampaña.