El sector renovable ve peligrar la puesta en marcha de la eólica marina en el 2030

f. fernández REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

Las elecciones ralentizarán la normativa que regulará el despliegue de la nueva tecnología de generación

01 jun 2023 . Actualizado a las 17:51 h.

Cambie o no el color del Gobierno central, la mera convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio próximo provoca ya dolores de cabeza a los promotores de energías renovables. Sobre todo a los que tienen previsto invertir en una nueva tecnología de generación, la eólica marina flotante, pues temen que se amplíe el retraso en la definición de la normativa que regulará la futura construcción de los parques. Y es que, hasta el momento, hay poco trabajo avanzado. Muy poco. Lo único que se ha hecho hasta ahora fue a finales de febrero, cuando se aprobaron los planes de ordenación del espacio marítimo, los POEM, las áreas escogidas para el asentamiento de los aerogeneradores marinos, que ya salieron adelante con un año de retraso.

Y queda pendiente todo lo demás. Lo fundamental. Como un real decreto que deberá establecer las características de los parques, las condiciones de las concesiones de la lámina de agua a las empresas, el régimen retributivo que cobrarán los promotores y la adjudicación de los permisos de acceso y conexión.

Tras la aprobación de los POEM, el Gobierno actual trabaja en la redacción de toda esa normativa, pero no está previsto que se pueda aprobar antes de las elecciones. Ni mucho menos convocar las subastas con las que se adjudicará la construcción de los parques marinos.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya avisó en una entrevista con este periódico de que las subastas tardarían en convocarse e incluso evitó dar una fecha para ello. El sector eólico considera que, si este año no se da ese paso, no habrá tiempo a levantar los primeros parques para que entren en operación en el 2030. Porque las empresas aseguran que necesitan entre siete y ocho años para desarrollar y ejecutar un proyecto. Y la convocatoria de elecciones aleja un poco más ese objetivo. Que haya eólica marina en funcionamiento en España en el 2030 no es cosa de las compañías, sino del propio Gobierno y, por encima de él, de la Comisión Europea. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNEIC) prevé que para ese año estén operativos entre uno y tres gigavatios de potencia de eólica marina, pero desde el sector se duda ya de que esa meta pueda alcanzarse. Menos con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina.

A partir del día siguiente de los comicios, esto es, el 24 de julio, el Gobierno estará en funciones hasta que el Parlamento elija uno nuevo, algo que podría producirse a lo largo de los dos meses siguientes al 17 de agosto, que es la fecha prevista para la constitución de las Cámaras con los diputados electos. Es decir, que, como muy tarde, el 17 de octubre habrá Ejecutivo nuevo.

Todo este proceso político «va a lastrar la tramitación de una tecnología, la eólica marina, que ya venía con retrasos», explican fuentes del sector en Galicia.

Llegar o no a tiempo para el 2030 dependerá también de que, una vez aprobada la normativa que permitirá el desarrollo de los parques, el nuevo Ejecutivo imprima o no celeridad a trámites que deberán superar los proyectos, como las declaraciones de impacto ambiental (DIA). Las mismas fuentes avisan de que si se prolongan durante tres o cuatro años, como suelen durar de media para los parques terrestres, será difícil cumplir los objetivos temporales.

Los POEM definen 19 polígonos en toda España, con una superficie de 4.948 kilómetros cuadrados, para el futuro desarrollo de eólica marina. Galicia, con seis zonas, y casi 2.500 kilómetros cuadrados, concentrará la mayor parte.

Galán no prevé cambios

Mientras, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, quitó hierro al impacto de un posible cambio de Gobierno. Ni va a haber grandes cambios estructurales, ni ninguna formación pone en duda, a su juicio, las directrices que llegan desde la Unión Europea en cuestiones tan sensibles para la economía como el desarrollo de las renovables. Y avisa de que las directivas son muy claras, y de obligado cumplimiento. En su opinión, en España no hay ninguna formación política que ponga en duda esos compromisos. Un asunto distinto será el ritmo de desarrollo de las renovables. Una de las primeras cuestiones que tendrá que abordar el nuevo Gobierno será si mantiene el calendario de cierre de las centrales nucleares a partir del 2027. Galán avanzó que si el Ejecutivo pide una ampliación de la vida útil de las nucleares, lo estudiarán. Técnicamente es posible, indicó.

La inversión a la espera de ayudas aplaza su decisión a finales de año 

m. s. d.

Galicia solo ha recibido el 3,5 % de las ayudas comprometidas en los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) destinadas a proyectos que deben revitalizar el tejido industrial de la comunidad, entre los que destacan la planta de producción de biofibra textil de origen forestal, impulsada por la portuguesa Altri en Palas de Rei; la plataforma de producción de la nueva generación de vehículos eléctricos para Stellantis Vigo; o la factoría de grafito de Resonac en A Coruña.

Desde el Ministerio de Industria aseguran que los calendarios de convocatorias de ayudas no se verán afectados por la llamada a las urnas lanzada este lunes por el presidente Pedro Sánchez, el próximo 23 de julio. Pero antes del anuncio, tanto Stellantis como Altri habían decidido posponer sus respectivas decisiones de inversión hasta finales de año.

La segunda convocatoria del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado debería aprobarse dentro de los plazos manejados de antemano por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, encabezado por Héctor Gómez.

Se mantendrá la línea específica para baterías, prevista para junio, así como la destinada a fabricantes e industria auxiliar, que se irá a septiembre. Bruselas ya ha dado su autorización a la primera parte del plan, dotada de 837 millones de euros.

Stellantis están a la espera de conocer la cuantía de las ayudas antes de anunciar sus próximas inversiones en sus plantas españolas (Madrid, Vigo y Zaragoza). En la misma situación está Altri, que concurre a 15 convocatorias diferentes para optar a 40 millones en ayudas.