Pensionistas, autónomos y funcionarios, damnificados por el adelanto electoral
ECONOMÍA
La disolución de las Cortes deja en el aire el futuro de 60 proyectos de ley
31 may 2023 . Actualizado a las 05:00 h.La convocatoria de elecciones para el próximo 23 de julio no solo ha cogido con el pie cambiado a los partidos de la oposición, también a la ciudadanía que lleva meses, cuando no años, aguardando por leyes que, con la disolución de las Cortes, quedarán en un limbo, en el mejor de los casos.
El Congreso tiene en cartera hasta 60 proyectos de ley en diferentes fases de tramitación que quedarán congeladas hasta nuevo aviso. Muchas de ellas son resultado de los compromisos que adquirió el Gobierno para esta legislatura, tanto con agentes sociales como con Bruselas. Y buena parte de ellas tienen una gran trascendencia económica.
Pensionistas
Sin enmiendas a la reforma. «Vamos a estar abiertos a todo lo que pueda mejorar la ley», prometía a mediados de marzo el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, para captar suficientes apoyos con los que aprobar el real decreto ley con el que consiguió poner el broche a la reforma de las pensiones —en vigor desde el pasado 1 de abril—. Por eso el anuncio del adelanto electoral ha caído como un jarro de agua fría entre quienes lo creyeron y pensaban enmendar dicha reforma durante su tramitación como ley. Entre ellos EH Bildu y ERC, socios del Gobierno que esperaban obtener más concesiones, o para los partidos que abogaban por introducir garantías de sostenibilidad del sistema.
Ese proceso queda ahora en suspenso y seguirá vigente el texto del decreto. Este fija un aumento de las cotizaciones sociales del 0,6 % este año, al que seguirán alzas progresivas de una décima al año hasta el 1,2 % en el 2029. También recoge la subida de las bases máximas de cotización —un 1,2 % por encima del IPC— a lo largo de los próximos 25 años, subidas generalizadas de las pensiones bajas y de viudedad, además de la fijación de un sistema dual para el cómputo del cálculo del a pensión —25 años o 29 pudiendo quitar los dos de peor cotización—. También incluye un recargo de solidaridad a los salarios más altos (los que excedan la base máxima de cotización: 4.495 euros al mes en el 2023).
Autónomos
Ingresos reales. La misma suerte que los pensionistas la correrán los autónomos, quienes ya cotizan por sus ingresos reales desde principios de año. Aquellos que esperaban poder enmendar el nuevo sistema en el Congreso se quedarán con las ganas. Habrá que esperar a la próxima legislatura para cambiar el sentido del decreto ley, que establece una cuota mínima de 230 euros para estos profesionales. Hasta entonces, el actual modelo seguirá vigente.
Funcionarios
Complementos salariales. Otra de las víctimas del adelanto electoral es la Ley de Función Pública. Un compromiso integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno quiso tramitar como proyecto de ley por la vía de urgencia. El texto recoge iniciativas como la de medir la productividad de los funcionarios ofreciendo complementos salariales, la de equipar las parejas de hecho registradas a los cónyuges en matrimonio, homologando el acceso a permisos o situaciones administrativas. También garantiza un aumento al 30 % del mínimo de plazas para la promoción interna, a lo que se suma una mayor territorialización de las pruebas selectivas.
Agricultores
Ayudas por la sequía. El sector agrario vive en vilo. No solo por la falta de lluvia, también por la ausencia de ayudas para paliar los efectos de la sequía. El Gobierno aprobó el pasado 11 de mayo 784 millones de euros en medidas paliativas —636 millones en transferencias directas—, pero el adelanto electoral anunciado el lunes ha obligado a aplazar el debate de convalidación del real decreto ley 4/2023. ¿Significa eso que se quedarán sin dinero? No. Existe la posibilidad de que lo apruebe la Diputación Permanente, órgano compuesto por 21 miembros de todos los partidos que se encarga de asumir las competencias del Congreso en materia de decretos ley cuando la Cámara está disuelta. Claro que el desembolso tardará más tiempo del previsto.
Consumidores
Autoridad del Cliente Financiero. También queda en el limbo del Senado el proyecto de ley para la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, un organismo de resolución extrajudicial de conflictos entre bancos y clientes que el Gobierno había prometido a Bruselas. En un inicio, se planteó el cobro a las entidades financieras de 250 euros por cada disputa resuelta, pero el texto que ha llegado al Senado plantea «exigir en todo el territorio español una tasa anual por la actividad de resolución de reclamaciones», tras el aluvión de críticas vertidas por los bancos.
Los comicios amenazan con ralentizar la ejecución de las ayudas europeas
Los desembolsos de fondos europeos no peligran. Aunque las ayudas están vinculadas a algunos de los proyectos de ley que han quedado embarrados por el adelanto electoral, lo cierto es que la Comisión Europea supedita el envío del dinero, en la mayor parte de los casos, a la publicación en el BOE de las medidas o atendiendo a las «circunstancias» de cada país. En otras palabras: sin interferir en los ciclos electorales.
Por el momento, España ha recibido 37.000 millones de euros en prefinanciación y tres desembolsos de ayudas procedentes del Fondo de Recuperación y Resiliencia. El envío del cuarto sobre, de 10.000 millones de euros, estaba previsto para antes de finalizar junio, pero el Gobierno español aún no lo ha solicitado. La atención está puesta ahora en los comicios. Bruselas ha condicionado el envío del dinero a su evaluación positiva de la reforma de las pensiones. Y eso exige garantizar su sostenibilidad.
La nueva agenda electoral no solo trastoca el calendario, también amenaza con ralentizar la ejecución de los fondos en una Administración que sigue experimentando problemas para hacer llegar el dinero de forma efectiva a las empresas, como dejó claro la Comisión Europea en su informe del Semestre Europeo.
El consejero delegado de Seat, Wayne Griffiths, confió ayer en que el Gobierno lanzará el segundo PERTE del coche eléctrico, tras el fiasco del primero, antes de las elecciones. Vinculó la construcción de la planta de baterías en Martorell (Barcelona) a la recepción de estas ayudas. También manifestó su temor a que los comicios retrasen todavía más la electrificación de España, ya de por sí mal posicionada en Europa.