Publicada en el «BOE» la ley de vivienda, que entra en vigor este viernes

La Voz REDACCIÓN / EFE

ECONOMÍA

Un hombre consulta el escaparate de una inmobiliaria en el centro de Vigo.
Un hombre consulta el escaparate de una inmobiliaria en el centro de Vigo. Oscar Vázquez

La norma impone límites a la subida de los alquileres, prórrogas a los arrendamientos para familias vulnerables y recargos fiscales a las viviendas vacías

25 may 2023 . Actualizado a las 11:07 h.

La Ley por el Derecho a la Vivienda, que entre otras medidas limitará el precio de los alquileres, entrará en vigor mañana viernes 26 tras la publicación de la norma este jueves en el Boletín Oficial del Estado, con lo que se empezará a aplicar antes de las elecciones autonómicas y municipales del domingo. No obstante, se aplaza al próximo 1 de enero del 2024 la entrada en vigor de los incentivos fiscales que se aplicarán en el IRPF a los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda.

La ley de vivienda, cuya negociación se desbloqueó a las puertas de los próximos comicios y después de tres años de contactos, fue aprobada el pasado 17 de mayo de forma definitiva en el Senado con los votos a favor de los socialistas y los grupos independentistas y de izquierda en los que se apoya el Gobierno de coalición. Un mes antes, el texto había recibido luz verde del Congreso de los Diputados. El texto contó con la oposición de todo el espectro de la derecha, desde PP, Vox y Ciudadanos a formaciones nacionalistas como el PNV y el PDECat, los primeros por entender que la norma atenta contra la propiedad privada y dificulta el desalojo de okupas y morosos, y los segundos por la intromisión  en las competencias autonómicas en materia de vivienda.

Apenas una semana después de ese último trámite parlamentario, la norma se ha publicado en el BOE. En este período, las agencias inmobiliarias que trabajan con pequeños propietarios ya estaban detectando una fuga de inmuebles desde el mercado del alquiler residencial hasta otras modalidades de arrendamiento (pisos turísticos) o hacia la venta antes de que la nueva ley entrara oficialmente en vigor, especialmente en las grandes ciudades.

La nueva ley ha sido uno de los activos electorales de cara a las próximas elecciones del 28 de mayo. Y es que, el Gobierno ha hecho de la vivienda uno de sus principales temas de campaña con reiterados anuncios preelectorales que van desde acuerdos con la Sareb, a la puesta a disposición de suelos del Ministerio de Defensa para promover viviendas asequibles o a una línea de avales públicos para la compra que ha generado el rechazo de Unidas Podemos.

Pero ¿qué cambia con la nueva norma? En primer lugar, el texto introduce limitaciones para las subidas de los alquileres. Para este año se mantendrá el tope del 2 % en la subida de las rentas, porcentaje que aumentará al 3 % en las renovaciones anuales de los contratos de alquiler en el 2024. Pero el principal cambio se producirá en el 2025 cuando entrará en vigor un nuevo índice que sustituirá al IPC como referencia para la actualización de los alquileres para que estos suban menos que la inflación, al eliminar del cómputo los elementos más volátiles.

Por otro lado, el texto incorpora cambios en la definición de «gran tenedor», que en las zonas tensionadas serán aquellos con cinco o más inmuebles y que deberán fijar la renta en función del sistema de índices de precios de referencia. Este punto de momento no será de aplicación en Galicia, ya que la Xunta ha descartado declarar zonas de alquiler tensionado, por lo que no se aplicaría el límite más estricto a los precios de los inmuebles en los centros de las ciudades y zonas de más demanda.

La norma también prevé recargos de entre el 50 y el 150 % en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) para las viviendas vacías durante más de dos años, con el fin de impulsar el alquiler.

Además, posibilita una prórroga extraordinaria de un año en los contratos de arrendamiento por situaciones acreditadas de vulnerabilidad social o económica, impide los desahucios sin anunciar fecha y hora, e incluye nuevas prórrogas que permite aplazarlos, entre otras medidas.