Los pisos de la Sareb y de Defensa solo cubrirían el 11 % de la demanda gallega
ECONOMÍA
La Xunta tiene más de 16.000 solicitantes de pisos sociales, mientras que la Sareb y el ministerio acumulan 1.771 inmuebles disponibles en Galicia
10 may 2023 . Actualizado a las 05:00 h.A poco más de dos semanas de las elecciones, el Gobierno sigue acumulando anuncios de ampliación del parque público de vivienda. Y ayer lo hizo dando luz verde a la compra de suelo a Defensa para construir sobre él unas 20.000 viviendas asequibles en toda España. Pero no es suficiente. Los inmuebles que el Ejecutivo de Sánchez pondrá al servicio de los gallegos para vivienda social no llegarán para aliviar la enorme demanda que hay en la comunidad. Tal y como recoge el registro único de la Xunta, en enero de este mismo año había un total de 16.023 solicitantes de pisos sociales, una cifra que es casi diez veces superior a los edificios que tanto la Sareb como el Ministerio de Transportes prevén tener disponibles en los próximos meses.
En la provincia de A Coruña, por ejemplo, hay 4.062 demandantes de vivienda social; mientras que el conocido como banco malo solo dispone de 896 casas. A esta cifra habría que añadir otras 413 que se erigirán sobre los terrenos que el Ministerio de Defensa ha vendido al de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
En resto de las provincias tampoco son suficientes. Para muestra, Pontevedra. Allí, la Sareb pondrá a disposición de la Administración gallega 249 viviendas, a las que hay que sumar las 73 que se construirán en suelos de Defensa. Hacen un total de 322, que no llegan ni para cubrir el 4 % de la demanda de vivienda pública de este territorio. En las otras dos provincias, la oferta del Ministerio de Defensa es inexistente. Los ourensanos se tienen que conformar con las viviendas de la Sareb, que en este caso se quedan en solo 32, en un territorio en el que los demandantes de vivienda pública superan los 700.
En Lugo, a los 108 pisos que ha cedido el banco malo, hay que sumar otros 12 correspondientes a una actuación de desarrollo de vivienda pública que tiene en marcha la Entidad Estatal de Suelo (Sepes), organismo dependiente del Ministerio de Transportes. Entre estos dos planes, suman un total de 120 inmuebles, que solo cubrirían algo más del 5 % de la demanda de vivienda social de los lucenses, que asciende a las 2.317 solicitudes. Además de aprobar la compra de suelo a Defensa para construir las 20.000 viviendas asequibles en toda España, el Consejo de Ministros aprobó también otra serie de medidas con ese mismo objetivo como el aval hipotecario del Estado.
¿En qué consiste el aval?
El ICO avalará el 20 % de la hipoteca a menores de 35 años o familias con hijos a su cargo. El aval se podría incrementar hasta el 25 % si la vivienda dispone de una calificación energética mínima D. Para acceder a la ayuda, cada solicitante debe cobrar menos de 37.800 euros al año. Si los firmantes son dos, ese tope se multiplicaría a 75.600 euros. En el caso de las familias, el límite de ingresos se incrementaría un 0,3 % por cada hijo. Y un 70 % si se trata de una familia monoparental.
¿Qué se consigue?
Los beneficiarios podrán conseguir financiación por hasta el 100% del préstamo, frente al 80% que —por norma general— los bancos financian actualmente para comprar una casa.
¿Cómo se solicitan?
Será el cliente el que tenga que ir a su propio banco, con el que ha tramitado la hipoteca, a pedir la ayuda. Es decir, el Gobierno tendrá que conseguir que las entidades se adhieran al acuerdo para ofrecer estas hipotecas avaladas por el ICO.
¿Se aplicarán sobre todas las viviendas?
Los avales solo se podrán emplear para primeras viviendas de residencia habitual, además la entrega de avales se limitará a préstamos con un importe máximo. Es decir, se decidirá quién se beneficia del aval dependiendo del precio de venta o de tasación y del territorio en el que se ubique la casa.
¿Podrá acceder a una hipoteca todo aquel que cumpla las condiciones?
No. Al ser avales públicos, todo el mundo que cumpla los requisitos de renta, edad o hijos, podrá solicitarlos. Sin embargo, eso no implica asegurarse la hipoteca, ya que los bancos pueden reservarse el derecho a conceder o no un préstamo, dependiendo del perfil del cliente. Es decir, no por contar con un aval del 20% te darán directamente la hipoteca si se detecta riesgo de morosidad futura.
Las hipotecas avaladas, ¿serán más caras o más baratas?
«Si tenemos en cuenta que el Gobierno garantizará la devolución del 20% del importe, es lógico pensar que las condiciones de estos préstamos hipotecarios no serán peores», indican desde HelpmyCash. No obstante, como la hipoteca tendrá un importe mayor (del 100% en vez del 80% de máximo habitual), cabe esperar que las cuotas a pagar sean más caras.
¿Qué pasa con ayudas similares en otras comunidades autónomas?
Algunas regiones como Madrid, Murcia o Baleares ya ofrecen avales públicos para hipotecas. En principio, esas ayudas seguirán vigentes para aquellos que no puedan acogerse a los avales del Gobierno.
¿Y si hay un impago?
Si el propietario con aval del ICO deja de pagar su hipoteca, el Estado se encargaría de devolver al banco el 20 % que establece la garantía pública. El cliente seguirá siendo responsable del resto.
Los menores de 36 años ya pueden acceder a la línea de avales de la Xunta, que cubre el 20 % del inmueble
Después de que Sánchez anunciara que su Gobierno pondría en marcha una línea de avales para ayudar a los jóvenes a adquirir una vivienda —una medida que finalmente fueaprobada en el Consejo de Ministros de ayer—, desde el Partido Popular recordaban a los socialistas que las comunidades autónomas gobernadas por el PP ya cuentan con planes de avales como el anunciado por el Ejecutivo central.
Galicia, por ejemplo, dispone de un plan específico desde el pasado 28 de abril, cuando se abrió la primera convocatoria del programa de avales públicos dirigidos a menores de 36 años. El objetivo de la Xunta es facilitar a este colectivo la compra de su primera vivienda.
De esta forma, los interesados podrán presentar desde ya sus solicitudes, que deben ser registradas en la sede electrónica de la Administración gallega.
La convocatoria cuenta con un presupuesto de cinco millones de euros y se basa en la concesión de avales hipotecarios a través del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). Estos podrán llegar a cubrir hasta el 20 % del precio de adquisición del inmueble, con un tope de 48.000 euros.
Además, tal y como explicó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el pasado 5 de abril, estos avales serán compatibles con otras ayudas para «incentivar a compra de vivenda da xente nova». Entre los requisitos fundamentales, además de no superar los 36 años establecidos como límite, también han algunos referentes a los ingresos. Así, aquellos que perciban una retribución menor de la equivalente a dos veces el Iprem, es decir, menos de 16.800 euros anuales, «recibirían la máxima cuantía». Mientras que el límite para poder beneficiarse del programa es de 5,5 veces el Iprem, es decir 42.600 euros al año.
Díaz critica los avales del ICO: «No tiene sentido volver a propuestas caducadas»
Los avales del ICO no han contado con el beneplácito del ala morada del Gobierno. Pero esta posición no ha tenido ninguna influencia en la decisión final, que logró ayer el visto y plácet del Consejo de Ministros. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo que lidiar con las fuertes críticas que vertieron sus principales socios (ERC, EH Bildu así como Unidas Podemos), unas palabras a las que también se sumó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
La también ministra de Trabajo aseguró que «no tiene sentido volver a recetas caducadas» y reivindicó medidas de mayor calado. En este sentido, contrapuso que es «posible» y se puede hacer la suspensión de las revisiones de los tipos de interés variable este año para congelar las cuotas hipotecarias: «Durante años se subvencionó la vivienda como un producto financiero, una política injusta e ineficaz. Hoy vemos sus resultados: precios de la vivienda y el alquiler disparados, y un aumento insoportable de las cuotas hipotecarias por la subida de los tipos de interés».
El Gobierno catalán expropiará pisos vacíos para destinarlos a alquiler social
El Gobierno catalán anunció este martes que expropiaría entre 50 y 70 viviendas vacías en 14 municipios declarados como área de fuerte demanda de vivienda para dedicarlos a alquiler social. Tal y como explicó ayer el consejero de Territorio de la Generalitat, Juli Fernández, esta medida se impulsará en base a la Ley 1/2022 del gobierno catalán: «El Govern usa todas las herramientas a su alcance para dar respuesta a las familias en situación de vulnerabilidad y que no tienen respuestas. El objetivo es que viva gente en los pisos vacíos», argumentó.
En total, se ha detectado 189 viviendas que cumplen los requisitos previstos, y aunque la mayoría son de grandes tenedores, también puede afectar a personas físicas si la vivienda está inscrita en el registro de viviendas vacías de Cataluña o cumple los requisitos para estarlo. La Generalitat destinará cinco millones de euros a la expropiación —se llegue o no a un acuerdo con la propiedad—, que se pueden ampliar en el futuro si se alcanzan acuerdos con nuevos municipios.