España presenta ante el nuevo presidente del CESE, Oliver Röpke, sus tres prioridades: negociación colectiva, trabajo decente y economía social
01 may 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Quizá por su dilatada experiencia como sindicalista o por su sintonía ideológica, la reciente designación del austríaco Oliver Röpke como nuevo presidente del Comité Económico y Social Europeo (CESE) —órgano consultivo que orienta las labores legislativas— ha llegado en el mejor momento posible para el Gobierno español, que aprovechará sus seis meses al frente del la presidencia rotatoria del Consejo (desde el 1 de julio al 31 de diciembre) para impulsar su propia agenda en la Unión Europea (UE). Lo hará a las puertas de unas elecciones generales y con el foco puesto en los derechos sociales.
Así lo expresó esta semana el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey. Sus prioridades serán tres: el diálogo social, el trabajo decente y la economía social. Precisamente, el CESE aprobó durante el plenario un dictamen encargado por el Ejecutivo de Sánchez que servirá de base para pedir una directiva específica sobre riesgos psicosociales, a la que se oponen los empresarios: «Los trabajadores expuestos a la temporalidad, parcialidad no deseada, jornadas extenuantes, bajos salarios e imposibilidad de poder planificar horarios están sometidos a un gran desgaste emocional que les genera problemas de salud mental», justificó. El ponente del informe, José Antonio Moreno Díaz (CC.OO.) explicó que esa precariedad no solo se ciñe al «trabajo ilegal», también se vincula a «deficientes condiciones de trabajo». Esas condiciones varían por países. No todos amparan la negociación colectiva. Otros, como Portugal, conceden más ayudas a las empresas que tienen un diálogo social más dinámico, como reconoció su ministra de Trabajo y Seguridad Social, Ana Mendes.
El Gobierno español también utilizará el CESE para impulsar un mecanismo de compensación de desigualdades en la UE. De igual modo que existen objetivos y castigos para los países con desequilibrios excesivos en sus cuentas, quieren que exista otro panel similar para cuestiones de protección social.
Las grandes olvidadas fueron las empresas. De la agenda se ha excluido la competitividad, a la que apenas se hizo referencia durante el plenario, lo que no sentó bien entre los empresarios: «El coste de la energía y la sobre reglamentación nos penalizan. Nos estamos excediendo, ahogando a nuestras empresas con cargas innecesarias. Así será imposible mantener la competitividad», expresó el director general de BusinessEurope, Markus Beyrer, quien alerta de que, para lograr la autonomía estratégica, «tenemos que lograr más crecimiento y eso no va a ser gratuito».
El sector pesquero se citará en Galicia para exigir medidas de preservación de la industria
Si apenas se hizo mención a la competitividad de las empresas, mucho menos a aquellas que articulan una industria especialmente golpeada por los cambios legislativos que se han acometido desde los despachos de Bruselas en los últimos tiempos: la pesca.
El grupo 3 del CESE —el organismo está conformado por tres grupos: empresarios (1), sindicatos (2) y sociedad civil (3)— tiene previsto reunirse el 26 de septiembre en Santiago de Compostela para analizar un nuevo modelo de gestión del mar: «Hay peligro de que el actual modelo de cuotas deje en desventaja a las comunidades costeras y haga un daño irreparable a la industria pesquera», explica su presidente, el irlandés Séamus Boland, quien espera una gran movilización con la que poder reclamar cambios en la hoja de ruta del Blue Deal. «Estamos preocupados porque tarde o temprano, el consumo de pescado dependerá de la acuicultura, que no es lo ideal, o de mantener ingentes subsidios. Por eso esperamos que la presidencia española impulse y reclame soluciones. Que use su poder en la presidencia del Consejo para garantizar que las comunidades costeras no son abandonadas y para preservar la industria pesquera», desliza.
