Esta nueva normativa somete al propietario de una vivienda que sufra una okupación a un calvario cruel e injusto. Además, esta norma destruye por completo el significado de la propiedad privada en nuestro país. En Fegein nos resulta difícil comprender cómo en pleno siglo XXI se puede legislar antinatura. Y más con los nocivos efectos que puede acarrear en una comunidad autónoma como la nuestra, en la que hay más de 500.000 emigrantes con propiedades que, por estar fuera de su tierra, las mantienen vacías durante largos períodos de tiempo. ¿Dónde queda la seguridad jurídica y la defensa de la propiedad privada de todos nosotros?
En el caso de una okupación, será el demandante —y no el usurpador de la propiedad privada— el que tenga que certificar y demostrar todos y cada uno de los puntos reclamados por la norma para garantizar que no se perjudica a una persona vulnerable. Y durante todo ese tiempo no se producirá la tramitación de su demanda. Además, se amplía el ámbito de protección cuando se identifiquen situaciones de vulnerabilidad y se amplía el concepto de persona vulnerable incrementando los criterios de renta para ser calificado como tal.