La norma, que regula los alquileres, pasa al Senado para su aprobación en mayo
27 abr 2023 . Actualizado a las 21:28 h.El Pleno del Congreso aprobó este jueves, por mayoría absoluta, el proyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, con 176 votos a favor (PSOE, UP, ERC, Bildu, Más País, Compromís, Teruel Existe y PRC), 167 en contra (PP, Vox, Cs, PNV, Junts, PDECat, CUP, Coalición Canaria, Foro y tres diputados tránsfugas de UPN y Cs) y una única abstención, la del diputado del BNG, Néstor Rego.
Por el Gobierno, defendieron la norma la ministra de Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que destacó que supondrá el quinto pilar del estado de bienestar y un «punto sin retorno», y la responsable de Derechos Sociales, Ione Belarra, que ve en la norma un «avance social sin precedentes» con la que solo «pierden la banca y los buitres».
Por su parte, el presidente, Pedro Sánchez, se felicitó de haber completado un «hito más de la legislatura», que considera «muy positivo» para la mayoría social del país, en especial para los jóvenes. Y contrapuso el nuevo modelo con el paradigma neoliberal de la ley del suelo de Aznar, que trajo «especulación, corrupción y mucho dolor social, como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria».
Por su parte, la oposición dividió sus argumentos en dos bloques. La derecha (PP, Vox y Cs) centró sus ataques a la norma en que esta dificulta los desahucios y «solo favorece a los okupas», como subrayó la popular Ana Zurita, quien advirtió de que la ley «hace daño a los jóvenes, las familias vulnerables y los propietarios». La portavoz de Cs, Inés Arrimadas, fue un paso más allá al acusar al Gobierno de estar «legalizando el derecho a okupar», mientras que su homólogo de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, alertó de que agravará el desplome de la oferta de pisos en alquiler y fomentará un mercado negro.
Los grupos nacionalistas catalanes acusaron al Ejecutivo de invadir competencias autonómicas, un argumento al que se sumó el PNV, que a última hora rompió el bloque de investidura y se alineó con los antiguos convergentes del PDECat y Junts y cambió el sentido de su voto de la abstención al no, deslizando incluso un futuro recurso del Gobierno vasco ante el Tribunal Constitucional.
Novedades de la ley
La nueva norma avanza en la regulación de los precios de los alquileres, ampliando un año más el tope a la subida de las rentas (que este año se fijó en el 2?% y será del 3?% el próximo ejercicio), para a partir del 2025 aplicar un nuevo índice que diseñará el INE para sustituir al IPC como indicador de referencia para la revisión de las rentas de arrendamiento. Se busca con ello que los precios de la vivienda no presenten oscilaciones tan acusadas como las que en los últimos meses han sufrido otras partidas, como la energía o los alimentos.
Además, la futura norma introducirá más limitaciones a la subida de las rentas en las zonas que se declaren de alquiler tensionado, que se podrán considerar como tales si la carga media del alquiler o de la hipoteca media más los suministros básicos de la vivienda supera el 30?% de la renta de los hogares, o si los precios de compra o arrendamiento aumentan al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración del área tensionada. La declaración deberá solicitarla la comunidad autónoma correspondiente, un paso previo que no todos los Gobiernos regionales se muestran dispuestos a dar.
En el capítulo de los desahucios por impago de alquiler o por okupación, la norma introduce garantías para los moradores que algunos agentes del mercado inmobiliario y partidos políticos consideran como un ataque a la propiedad privada, al introducir más trabas para la recuperación de la vivienda. Entre ellas, se obliga a que en todos los casos de desahucio se concrete el día y la hora en la que tendrá lugar el lanzamiento. Además, se rechazarán las demandas en las que no se acompañe un informe de los servicios sociales que determine si el ocupante se encuentra en situación de vulnerabilidad económica y no se aclare si el demandante es un gran tenedor de vivienda (con más de diez inmuebles, o cinco si están en zonas tensionadas). En caso de que el inmueble sea la vivienda habitual del ocupante, este sea considerado vulnerable y el propietario de la casa en disputa sea un gran tenedor, no se admitirán a trámite las demandas si antes no se abre un proceso de intermediación o conciliación para buscar alternativas habitacionales.
Cáritas apoya la futura ley
Frente a las críticas de las asociaciones inmobiliarias, Cáritas Española acogió ayer con satisfacción la aprobación de la futura ley de vivienda, aunque la ve todavía insuficiente para proteger a las familias más vulnerables, «que hoy día se sienten sin esperanza, sumidas en ese pozo oscuro de la vivienda del que es casi imposible salir», manifestó la labor social de la Iglesia.
La normativa no entra a regular los pisos turísticos, que drenaron la oferta de inmuebles e inflaron los precios
El proyecto de ley, que ahora pasará al Senado para su aprobación definitiva antes de que acabe mayo, en plena campaña de las elecciones municipales, no entra a regular las viviendas turísticas, pese a que la derivación de miles de inmuebles a este negocio en los últimos años es uno de los factores que más han influido en el drenaje del número de pisos en alquiler y en el incremento exponencial de los precios. Un fenómeno que asociaciones hoteleras como Exceltur y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) temen que vaya a más tras la aprobación de la ley, ya que entienden que esta impulsará el alquiler turísticos frente al residencial.
Para cerrar esa vía, en los últimos días Podemos trató de presionar al PSOE para limitar las plazas de apartamentos turísticos en zonas de mercado de vivienda tensionadas al 2 % del número de habitantes de la zona, aunque los socialistas cerraron la puerta a esa posibilidad arguyendo que en ese punto sí se estarían invadiendo competencias de ayuntamientos y comunidades.
El negocio del alquiler vacacional en España generó un impacto económico de 20.388 millones de euros en España el año pasado, casi cinco veces más que en el ejercicio anterior a la pandemia, según un estudio de la Federación Española de Viviendas y Apartamentos Turísticos. De esta cuantía, 4.660 millones de euros fueron gasto directo en el arrendamiento, mientras que el gasto fuera de la vivienda fue de cerca de 16.000 millones.
Hacienda asegura que los suelos de Defensa para alquiler social se cederán gratis
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró ayer que las comunidades autónomas y los ayuntamientos no tendrán que pagar ni un euro por los terrenos que el Ministerio de Defensa pondrá a su disposición para construir 20.000 viviendas de alquiler social. A diferencia de anteriores adquisiciones de suelos, Montero afirmó que la operación «no tendrá un coste añadido». A falta de que se sepan los detalles concretos de la operación, que el Consejo de Ministros prevé aprobar el 9 de mayo, será el Ministerio de Agenda Urbana el que tendrá que pagar a Defensa por estos terrenos, ya que la ley no permite que este último ministerio ceda los terrenos gratis.
En esa línea, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, reprochó al Gobierno que pretenda cobrar a ayuntamientos y comunidades por las 50.000 viviendas de la Sareb que ofrecerá a estas Administraciones para destinarlas a alquiler social, argumentando que, si es así, la ciudadanía habría pagado dos veces por estos inmuebles, ya que el banco malo cuenta con participación mayoritaria del Estado.
