La Xunta teme que la futura ley estatal de vivienda bloquee la promoción de pisos protegidos
ECONOMÍA
La conselleira Vázquez la tacha de confusa y dice que revisarán el texto final por si hay visos de inconstitucionalidad
21 abr 2023 . Actualizado a las 18:04 h.El Observatorio da Vivenda de Galicia advirtió ayer en Santiago que la aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda en sus actuales términos podría provocar un bloqueo en la construcción de nuevas viviendas protegidas por parte de los promotores privados. Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, explicó que convocó de urgencia a este órgano consultivo, dependiente de su departamento, por la «gran inquedanza» generada tras hacerse público el contenido de la futura normativa. Así, consideró necesario reunir al órgano en que están representados promotores y agentes inmobiliarios, asociaciones vinculadas a la vivienda, arquitectos y administraciones locales para fijar una postura común desde Galicia.
La Xunta señala que los integrantes del observatorio «coincidiron en manifestar a súa preocupación polos posibles impactos negativos que podería ter esta lei sobre o mercado da vivenda en xeral e, máis concretamente, no do alugueiro, provocando distorsións e efectos mesmo contrarios aos que se perseguen».
Aludieron en concreto a la obligación introducida en el proyecto de destinar a alquiler el 50 % de las viviendas protegidas que se construyan en suelo de reserva, ya que consideran que eso «desincentivará a construtores e cooperativas á hora de implicarse neste tipo de promocións, ante a falta de expectativas de lograr un retorno económico inmediato». Ángeles Vázquez dijo tener «unha imaxe clara de cara a onde nos vai levar esta lei, e por iso agardamos que se retroceda ou polo menos se nos dea unha explicación», demandando que el Gobierno central se reúna con todas las comunidades cuanto antes para hablar sobre una norma que afecta a una materia en la que los gobiernos autonómicos tienen sus propias competencias, recordó.
En ese sentido, además de tachar de confusa la redacción de la ley (expuso que ahora mismo no sabría decir si la declaración de zona tensionada corresponde a la Xunta o a los concellos), apuntó que cuando se disponga del texto definitivo lo estudiarán para comprobar si existen visos de inconstitucionalidad y valorar «as posibles accións a adoptar en defensa dos intereses da comunidade».
La conselleira dirigió una carta el pasado día 14 a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para solicitar la convocatoria urgente de una conferencia sectorial, demanda a la que se sumó el propio observatorio ayer, pero no ha obtenido respuesta «a pesar da necesidade de claridade e transparencia que require un asunto de tanta transcendencia como é a vivenda».
En cuanto a las críticas a la política de vivienda de la Xunta por parte de oposición y alcaldes de ciudades gallegas, defendió la actuación del Ejecutivo autónomo, indicando que le gustaría que los concellos soliciten las ayudas de la Xunta para construir vivienda pública.
