Calviño dijo que 12.000 requieren adecuación y otras 15.000 están por construir
18 abr 2023 . Actualizado a las 20:01 h.El anuncio que el domingo hizo el presidente del Gobierno sobre que el Estado pondrá 50.000 viviendas de la Sareb en alquiler a precio asequible perdió fuerza después de que el Consejo de Ministros lo aprobase este martes. Y es que la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, desveló en la rueda de prensa posterior a la reunión que en este momento la Sareb —el banco malo que se creó para gestionar los activos inmobiliarios tóxicos de la banca tras la crisis del 2008, y del que el Estado tiene más del 50 % del capital desde hace un año— solamente dispone en la actualidad de 9.000 viviendas listas para entrar a vivir.
El despliegue completo del plan de alquiler social del Gobierno, que pretende elevar del actual 3 % al 20 % el parque de vivienda pública, no será a corto plazo. Ese objetivo llevará dos décadas, según el cálculo del Ejecutivo, y treinta años, según estimaba ayer mismo el líder del PP, durante la presentación de su contrapropuesta de vivienda.
El plan diseñado por el Ejecutivo pivota en tres ejes. El primero, reforzar la gestión de los 14.000 inmuebles que ya están alquilados a familias vulnerables, sumándole otras casi 21.000 viviendas más, que —a través de acuerdos de venta— pasarán a manos de comunidades y ayuntamientos, junto con cesiones temporales a otras Administraciones o entidades sin ánimo de lucro.
Pero de esas 20.768 viviendas (segundo eje del plan) menos de la mitad son aptas para su venta inmediata, como explicó Calviño. Únicamente 9.000 lo son, mientras que las 12.000 restantes precisan rehabilitación para ser ocupadas, lo que demoraría unos nueve meses su salida al mercado. A estas se sumarían otras 15.000 más, que aún están por construir. Suponen el tercer eje del plan, bautizado como Proyecto Viena y se desarrollaría en suelo de la Sareb en colaboración público-privada. Desde Economía aseguran que estarían listas en dos o tres años.
La vicepresidenta económica explicó que ya hay pactos de venta con Galicia, la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Madrid, y que están en marcha nuevas operaciones con la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Torrelavega y Cataluña. También se trabaja en convenios de cesión en zonas de riesgo de despoblación.
Distribución asimétrica
Las cifras facilitadas por el departamento de Calviño confirman que la mayor parte de las 21.000 viviendas que se movilizarán se concentran en Valencia (4.950), Cataluña (3.539), Castilla y León (2.288), Murcia (2.093) y Andalucía (2.040). Por encima del millar están Castilla-La Mancha ( 1.534) y Galicia (1.285), mientras que Cantabria (611), Aragón (580), Madrid (455), La Rioja (388), Extremadura (305), Canarias (303), Asturias (171), Baleares (120), País Vasco (81) y Navarra (25) tienen una oferta mucho más reducida.
«Tanto las viviendas como los suelos tienen una distribución geográfica asimétrica y no siguen un criterio poblacional, sino de disponibilidad de los inmuebles que poseían las entidades financieras y pasaron a formar parte de Sareb. Un 60 % de estos bienes se concentran en el arco mediterráneo», explicó Economía.
Dejando a un lado si su ubicación —o el suelo en el que se levantarán— está o no en las zonas con mayor demanda y mayores precios, es decir, tensionadas, el Ejecutivo pone el foco en que movilizar el parque de la Sareb, sumado al tope en la subida de los alquileres (un 3 % el próximo año), será un elemento de cohesión territorial y supondrá avanzar en el objetivo de reconstruir un parque público de vivienda, que en Europa es del 9 %, el triple que en España en la actualidad.
