Hacienda amenaza con un castigo fiscal para que Ferrovial paralice su traslado

redacción LA VOZ

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La firma mantiene su plan de llevar su sede a los Países Bajos pese al rechazo de accionistas clave, como el hermano del presidente y el fondo soberano noruego

12 abr 2023 . Actualizado a las 12:37 h.

A Ferrovial se le complica el traslado de su sede social de Madrid a Ámsterdam. Cuando la mudanza parecía estar forjada, el Gobierno ha vuelto a salir en tromba en forma de comparecencias públicas —y de insinuaciones veladas— para evitar que la constructora haga efectiva su intención de mudarse a los Países Bajos. Este mismo martes —en vísperas de que la junta de accionistas del grupo vote mañana la propuesta del consejo de administración— el Ejecutivo decidió sacar la artillería pesada para tratar de paralizar el traslado.

La decisión final se conocerá en el último minuto, aunque lo cierto es que una mayoría de accionistas se han mostrado a favor del cambio. Pero el Gobierno no desiste. Este martes insistía en presionar a Ferrovial advirtiéndoles de que Hacienda podría bloquear las ventajas fiscales a las que la compañía podría acogerse por su traslado, si no se encuentra un motivo económico a su marcha.

Precisamente fue la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, la encargada de advertir este martes sobre las consecuencias que puede traer el traslado. En una rueda de prensa, Fernández aseguró que el organismo comprobará «cuando corresponda» si existen motivos «válidos» y, en caso de que aprecie que estos no concurren en este caso, podría exigir una regularización, un proceso que implica «importes elevados». Eso sí, no desveló a cuánto ascendería el recargo: «Es imposible adelantar cifra o resultado».

Fuentes del Ejecutivo apuntan que una de las condiciones para que una empresa pueda disfrutar de las ventajas fiscales del régimen especial de fusiones, recogida en el impuesto sobre sociedades, es que la operación responda a un motivo económico válido. En la carta remitida el lunes desde el Ministerio de Economía a la empresa, el Gobierno muestra sus dudas sobre esas razones exclusivamente económicas. Lo hace con los informes de Bolsas y Mercados Españoles (BME) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre la mesa. Esos análisis no han encontrado impedimentos para que la empresa pueda llegar a cotizar en Estados Unidos sin tener que mover su sede a los Países Bajos.

Sin embargo, Ferrovial considera que el propio Ejecutivo «se desdice» en esa misiva, al asegurar que «BME ya está en contacto con distintas entidades estadounidenses para explorar la vía de un posible dual listing de una empresa cotizada española desde nuestro país», reconociendo así, en opinión de la empresa, que «aquí y ahora eso no es posible».

Ante las críticas del Ejecutivo, el grupo también ha salido a defenderse. Considera Ferrovial que «no es nada habitual» este movimiento del Gobierno a pocas horas de la celebración de una junta «que es soberana» en sus decisiones.

La posibilidad de cotizar en ambos países (el denominado dual listing, esto es, que las acciones de una empresa se negocien en dos mercados de forma indistinta) es el último capítulo de desencuentros una vez transcurrido un mes desde que Ferrovial anunciara su intención de trasladarse a los Países Bajos sin habérselo comunicado previamente a Moncloa. La decisión no sentó nada bien y sigue siendo una piedra en el zapato de los departamentos económicos del Ejecutivo por la imagen que se genera de la economía española ante los inversores extranjeros.

Los accionistas se posicionan

Mientras tanto, los propietarios de Ferrovial van recomponiendo las piezas del puzle ante la votación de mañana. Norges Bank, el fondo soberano de Noruega, anunció que votará en contra. Considerarán «si existe suficiente transparencia para tomar una decisión plenamente informada, si todos los accionistas reciben un trato equitativo y si existen conflictos de intereses innecesarios». Influye que la ley holandesa tiene más restricciones que la española para los pequeños accionistas (el fondo noruego tiene un 1,4?% del capital de la constructora y concesionaria).

Por ahora, hay una mayoría del accionariado (Rafael y María del Pino a la cabeza, con casi un 30?%) que se ha mostrado a favor. Sin embargo, el hermano del presidente, Leopoldo del Pino (4,1?%) votará en contra. El problema puede surgir si los accionistas que se opongan ejercen posteriormente (hasta un mes después) su derecho de separación. Si más del 2,5?% lo hacen, el cambio de sede no será posible.