Evaluará el impacto socioeconómico de las plantas para emitir la declaración de impacto ambiental
22 mar 2023 . Actualizado a las 20:59 h.El aluvión de nuevos proyectos renovables, y el desembarco de tecnologías como la eólica marina, para avanzar en el proceso de transición energética y conseguir el objetivo de descarbonizar la economía está generando una fuerte contestación social, sobre todo en comunidades como Galicia. Pero, al mismo tiempo, ha abierto ya el debate sobre cómo compensar a las poblaciones más afectadas por esas nuevas instalaciones de energías limpias. La espita la abrió la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien, en una entrevista reciente con La Voz, reivindicó la participación de las comunidades locales en los beneficios de las renovables. ¿Cómo? «Hay soluciones como regalarles parte de la producción; hacerlas accionistas, con un pequeño porcentaje de la titularidad de la planta, y tener compromisos de empleo», señaló.
Del dicho al hecho hay un trecho y, de momento, el Gobierno central no ha movido ficha para que la regulación recoja esas medidas. Pero, el Ejecutivo gallego dará este jueves un primer paso en ese sentido: el Consello de la Xunta tiene previsto iniciar la tramitación de una ley nueva para el aprovechamiento de los recursos naturales. Con ella, pretende garantizar que los beneficios que generan las instalaciones renovables se queden allí donde se produce la energía. Lo hará, según anunció el presidente gallego, Alfonso Rueda, el martes en Xermade (Lugo), constituyendo una empresa de servicios públicos (utility) de capital público y privado para promover proyectos renovables, con el objetivo de que parte de los beneficios que se generen tengan un impacto directo en toda Galicia, y especialmente en los lugares en los que se instalen.
Fuentes del Gobierno autónomo destacaron que Galicia será pionera en implantar ese modelo en España, pues ninguna otra comunidad autónoma es promotora de instalaciones renovables.
Este miércoles, durante la sesión de control en el Parlamento gallego, Rueda dio más detalles de la nueva ley. Además de constituir una empresa mixta, la Xunta quiere legislar para obligar al resto de los promotores a que sus inversiones también dejen su impronta en las comunidades locales. Así, avanzó que evaluarán los efectos económicos y sociales de los proyectos de energías renovables antes de emitir las declaraciones de impacto ambiental (DIA). De este modo, se evaluarán criterios como el impacto económico, la creación de empleo, el abaratamiento de la factura para familias y empresas y la preservación de los bienes culturales y naturales a la hora de emitir la DIA de los proyectos de renovables que se instalen.
Más peso socioeconómico
Según fuentes de la Xunta, esta ampliación permitirá reforzar el peso del impacto socioeconómico en la zona afectada para adjudicar un proyecto, un criterio que hasta ahora era recogido en informes sectoriales, pero no se tenía en cuenta la perspectiva social y económica en su conjunto. En una nota remetida a los medios, el Gobierno gallego detalla que este análisis servirá también para determinar «en que proxectos poderá participar a futura utility», la entidad en la que toma parte la Xunta con actores públicos y privados «para que parte dos beneficios dos proxectos que aproveiten recursos naturais teñan un impacto directo en toda Galicia» y, especialmente, allí donde se instalen.
El portavoz socialista, Luis Álvarez, aplaudió la puesta en marcha de esta iniciativa, recordando que su partido ya la había propuesto. Además, el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, pidió que esa empresa mixta participe también en sistemas de almacenamiento y proyectos de biomasa y de hidrógeno verde.
Durante su intervención, Rueda defendió la «oportunidade» que se le abre a Galicia con la eólica marina y abundó en la necesidad de que coexistan esos parques con el sector pesquero. Señaló que esa nueva tecnología de generación eléctrica podría proporcionar a la comunidad inversiones que valoró en 1.200 millones de euros en la fabricación de aerogeneradores y la creación de más de 8.000 puestos de trabajo. También resaltó que muchas empresas internacionales están «pensando seriamente» instalar en Galicia sus proyectos, «cando hai moitísimos sitios de Europa e do mundo que os queren alí».
La patronal eólica gallega defiende que los impuestos autonómicos reviertan sobre los municipios con parques
El presidente de la Asociación Eólica de Galicia (EGA), José Manuel Pazo, confesó que el sector estaba sorprendido con el anuncio del presidente de la Xunta de crear una empresa mixta para promover proyectos renovables para repartir los beneficios que generen las instalaciones en las poblaciones en las que se asientan. Sorprendidos porque la Xunta no les adelantó la iniciativa en las reuniones recientes que mantuvieron y también porque supone un cierto giro en la estrategia del Gobierno autónomo
Pazo resaltó que la patronal lleva años demandando, precisamente, que las poblaciones que albergan las instalaciones reciban mayores compensaciones. ¿De qué modo? Dedicando, añadió el presidente de la patronal eólica gallega, la recaudación de todos los impuestos relacionados con la producción de energía que cobra la Xunta, como el canon eólico o el hidráulico, a los ayuntamientos que acogen los parques o las centrales a modo de compensación por el posible impacto de los proyectos. «Si causamos un perjuicio, esos impuestos tienen que revertir en la población que lo sufre», bien para aplicar rebajas en las facturas de la luz de los vecinos, bien para efectuar mejoras en las infraestructuras y servicios municipales, defendió el presidente de EGA.
En la actualidad, solo una parte del canon eólico, que pagan las empresas promotoras de parques en función del número de molinos de viento instalados, tiene como destino final los concellos que albergan esos parques, a través del denominado Fondo de Compensación Ambiental (FCA). El resto se reparte entre otros ayuntamientos, aclara Pazo. El porcentaje que se destina a cada municipio varía cada año.
La recaudación por ese canon eólico suma unos 23 millones de euros anuales. Desde el 2010, año en que se puso en marcha el FCA, la Xunta invirtió más de cien millones de euros en mejoras en los concellos gallegos, según destacó la Administración gallega.
