UGT abre otro debate: retirar el paro a los que rechacen ofertas laborales

Cuando ya hay muchos debates en la actualidad encima de la mesa como las pensiones, la subida de los salarios, la regulación de los becarios o el coste del despido, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, abrió otro ayer previsiblemente sin darse cuenta: el de retirar la prestación a un desempleado o beneficiario del ingreso mínimo vital (IMV) si no acepta un empleo. «Una persona que rechaza una oferta de trabajo [...] es una persona que si está recibiendo un subsidio público, ya sea de desempleo, ya sea mínimo vital, yo creo que el país debería plantearse si debe de seguir cobrándolo o no», defendió Álvarez durante un encuentro organizado por el diario El Mundo, donde incluso reconoció que esta afirmación en boca del líder de un sindicato de clase puede no ser bien entendida, pero que lo piensa «sinceramente».

En su opinión, el problema en España es que las ofertas de trabajo no llegan a los demandantes de empleo y que no existe «orientación en los servicios de empleo» para formar a los desempleados en las especialidades que serán necesarias. Así, acusó a las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de haberse convertido «en meros registros» y reclamó al Gobierno ser más duro con quienes desdeñan ofertas mientras están apuntados al paro. En la actualidad, si un parado rechaza un empleo adecuado o un curso de formación, sin causa justificada, se considera como infracción grave y se penaliza con tres meses sin prestación. Si ocurre una segunda vez, se le retira por seis meses; y si reincide una tercera, es cuando se le extingue la prestación.

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Además, consideró que es a los más de tres millones de parados que hay en España a quien hay que ofrecer vacantes de empleo en lugar de recurrir a las contrataciones en origen. Por ejemplo, indicó que el sector de la construcción es el más interesado en contratar a trabajadores extranjeros, ya que alegan que en España no encuentran personas para desempeñar esas funciones, pero que él se opone a esta afirmación. Por ello pidió a los empresarios que acudan a los desempleados del país y a las cerca de 300.000 personas sin papeles antes de contratar fuera.

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