El Gobierno defiende en Bruselas el sistema de indemnización por despido que cuestiona en España
ECONOMÍA
La Abogacía del Estado pide que se rechacen las reclamaciones de los sindicatos ante el Comité Europeo de Derechos Sociales e insta a recurrir a los tribunales para demandar una compensación mayor
04 mar 2023 . Actualizado a las 10:14 h.El discurso del Gobierno en España, donde la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lleva semanas abogando por un cambio en el actual sistema de indemnización por despido, no es el mismo que el Ejecutivo mantiene en Bruselas, donde defiende la idoneidad del actual modelo, cuestionado por los sindicatos ante las autoridades comunitarias.
Tanto UGT como CC.OO. han presentado una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, denunciando que la normativa vigente en España para calcular la indemnización por despido, un sistema automático que solo tiene en cuenta la antigüedad y el salario del trabajador, es incompatible con la Carta Social Europea, que reconoce «el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada».
Una idea que la vicepresidenta Díaz lleva defendiendo en los últimos meses, en los que ha abogado públicamente por el denominado «despido reparativo», en el que se tengan en cuenta factores como la edad o las cargas familiares para que la indemnización por cese no solo cumpla con su objetivo de reparar el daño provocado por la pérdida de trabajo, sino también para que juegue un papel disuasorio que evite que la empresa despida sin causa a un trabajador solo porque el coste de hacerlo es muy bajo.
Sin embargo, en su escrito de alegaciones a las reclamaciones de UGT y CC.OO., la Abogacía del Estado rechaza los argumentos de los sindicatos, asegurando que «el sistema español de protección al trabajador que ha sido despedido de manera ilícita cumple con lo dispuesto en el artículo 24 de la Carta Social Europea Revisada, proveyendo al trabajador de una indemnización adecuada, y articulando en cualquier caso un mecanismo de reparación que resulta apropiado».
Y es que en su escrito, el organismo dependiente del Ministerio de Justicia explica que, al margen del cálculo automático de la indemnización —que exime al trabajador de tener que probar daños, unifica criterios y dota al sistema de seguridad jurídica—, hay una doctrina incipiente, respaldada cada vez por más sentencias (también ya por los tribunales superiores de algunas comunidades, como Cataluña), en las que los jueces reconocen a petición del trabajador compensaciones mayores de lo previsto en la ley, siempre que el trabajador pueda demostrar los daños provocados por el despido o la insuficiencia de la cuantía que le correspondía para disuadir a la empresa del cese injustificado. Por tanto, para la Abogacía del Estado queda demostrado que «existe una vía alternativa que permite el reconocimiento, en ciertos casos que se aprecia que excepcionalmente la indemnización resultante del artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores pudiera ser claramente [insuficiente], de una indemnización adicional a la que resulta de la aplicación de la fórmula legalmente establecida».
En su escrito, el Estado apunta que «podría, en su caso, valorarse la conveniencia de que esta vía [de compensación adicional determinada en los juzgados] sea trasladada expresamente, en su caso, a la normativa», aunque apunta que no debería ser una obligación sino que se trata de una decisión que corresponde al Gobierno.
Además, los abogados del Estado recuerdan que los sindicatos aceptaron pacíficamente el sistema tasado de indemnización, que se introdujo en la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1980, y que su oposición viene del recorte de los días de compensación con la reforma laboral del 2012, por lo que no ven que se pueda trazar un paralelismo con lo ocurrido en otros países. Por ejemplo, en Francia, donde en el 2017 se estableció un tope máximo a la indemnización por despido que fue cuestionado por las centrales, que consiguieron que el Comité Europeo de Derechos Sociales avalase su reclamación. De ahí el afán del Gobierno en tratar de convencer al organismo que no se trata de un caso similar.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, denunció ayer el doble discurso del Ejecutivo en España y en Bruselas, donde se ha alineado con las tesis de la patronal, que también reclama en sus alegaciones rechazar la reclamación sindical al asegurar que el asunto de la indemnización por despido quedó zanjado en las negociaciones de la reforma laboral del 2021, que no modificó el régimen. «Yo me esperaba argumentaciones diversas, pero, francamente, argumentar por parte del Gobierno y de la patronal que una de las cuestiones es que ese debate quedó zanjado en la reforma del 2021 no es ni atenerse a lo que pasó, es mentir directamente, y, desde luego, no es ningún argumento que tenga una mínima solidez en relación con la demanda», recalcó Álvarez.
Además, el líder de UGT enfatizó que este argumento invalida la defensa a favor de revisar el coste del despido que el Gobierno hace dentro de España, con la vicepresidenta Díaz a la cabeza. «La posición del Gobierno es la que refleja el escrito que han enviado. Lo demás está francamente bien para que pueda aparecer en los medios de comunicación. Seguramente tiene un cierto morbo, pero lo que nos importa realmente es que el Gobierno ha hecho unas alegaciones y es en las que estamos», zanjó.
