Las petroleras ganaron 723 millones extra con la bonificación a los carburantes, según un estudio
ECONOMÍA
El sobrecoste para los consumidores, en forma de subidas, fue de 925 millones de euros
01 mar 2023 . Actualizado a las 15:59 h.Llenar el depósito de gasolina de 55 litros costaba hace un año 89,6 euros. Unos 83,7 euros para los diésel. La guerra en Ucrania acababa de estallar. Ahí empezó un rali que empujó el precio de los carburantes hasta alcanzar en algunas estaciones de servicio los 2 euros el litro.
Se dieron muchas explicaciones al disparatado aumento de su cotización: la restricción de la oferta rusa, los problemas para refinar el crudo, la escasez del diésel y la reducida capacidad para aumentar la producción de petróleo, entre otras.
El Gobierno español se vio obligado a intervenir. Lo hizo introduciendo la bonificación de 20 céntimos al litro de carburante, que entró en vigor el 1 de abril del 2022. Debido a la urgencia, no se pudo acotar la ayuda a las rentas más bajas. Se extendió a todos los consumidores, obligando a las gasolineras a adelantar el dinero, aplicando los descuentos directamente en caja.
Entonces ya surgieron algunas voces críticas con la medida, como la de Gestha. Los técnicos de Hacienda alertaron de que esta medida ni desincentivaría el consumo ni sería especialmente justa, puesto que se beneficiarían de la subvención pública las rentas altas, que no tienen problemas para pagar los recibos y suelen tener vehículos que consumen más.
También se apuntó a otro efecto perverso: la absorción parcial de la ayuda por parte de las petroleras. Las sospechas se propagaron con la misma rapidez con la que subieron los precios en los surtidores. A pesar de que estos medraban más rápido que la cotización del crudo en el mercado internacional, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no encontró evidencias de que las compañías estuvieran inflando los precios para agenciarse una parte de la ayuda: «De forma general, el mercado de distribución de carburantes a través de las estaciones de servicio parece estar trasladando la bonificación al consumidor», explicó el organismo el 7 de julio del 2022.
Sin embargo, un año después del inicio de la guerra, un estudio sugiere que las petroleras sí habrían hecho caja con esta subvención. Según explican los economistas Juan Luis Jiménez, Jordi Perdiguero y José Manuel Cazorla-Artiles, el 17 % del coste de la medida fue a parar a la cuenta de resultados de las compañías, que se habrían embolsado unos 723 millones de euros extra.
Con el aumento de los precios, también subió la recaudación a través del IVA, generando unos ingresos adicionales para el Estado de 202 millones de euros. Las arcas públicas se quedaron de esta forma con el 4,8 % de la subvención.
Quienes han salido perdiendo son los consumidores, quienes habrían asumido un sobrecoste de 925 millones de euros a causa de las subidas injustificadas de los precios.
El diésel, 6 céntimos más caro
«Esta política tuvo pros y contras», reconocen los autores. La bonificación ayudó a rebajar algunas décimas el índice de precios al consumo (IPC) y aumentó los ingresos públicos, pero «pudo haber generado un mayor consumo y, por ende, una mayor contaminación», señalan. Además, «se benefició en mayor medida a las rentas más altas en un país donde el 73 % de los hogares más pobres no consumen combustibles».
Otra de las consecuencias que se observaron tras la puesta en marcha de la bonificación es que los consumidores acabaron pagando el litro diésel casi 6 céntimos más caro entre abril y diciembre del 2022 «por culpa del subsidio», indican los expertos, quienes hicieron una comparativa de precios desde origen y tomando como referencia un grupo de países europeos donde no se desplegaron ayudas de ningún tipo al consumo de carburantes.
El coste total de la subvención para el Estado ha sido de unos 5.000 millones de euros, aunque las estimaciones de los economistas, que utilizaron los datos de consumo en las estaciones de servicio españolas, apuntan a unos 4.233 millones. «Se trata de una medida que, aunque puede ser parcialmente efectiva en la contención del IPC, tiene un destacable coste económico y un impacto redistributivo nada trivial. De cara a políticas futuras, sería necesario evaluar mecanismos alternativos, igual o más eficaces, que tengan un menor coste para la sociedad y la eficiencia en el uso del dinero público», recomiendan.
