Economistas españoles y lusos insisten en que ambos países necesitarán dos años más para ejecutar las ayudas europeas
25 feb 2023 . Actualizado a las 16:41 h.La Comisión Europea ha avalado el desembolso del tercer tramo de ayudas europeas a España, de 6.000 millones de euros. Y lo ha hecho a pesar de que la segunda fase de la reforma de las pensiones lleva casi dos meses de retraso respecto al plazo comprometido en el plan de recuperación. Un plan que avanza, en líneas generales, a buen ritmo, pero que podría tambalearse si este cuello de botella no se soluciona pronto. ¿Por qué? Está previsto que el Gobierno solicite el cuarto tramo de ayudas (10.000 millones) antes del verano. Y para recibir todo ese dinero, sin retrasos ni desembolsos parciales, deberá tener listos los deberes. Eso requiere que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, dé con la tecla para amoldar las exigencias de Bruselas con las demandas de los agentes sociales.
«Nos preocupa la reforma de las pensiones porque creemos que va en la dirección incorrecta. La prioridad es asegurar la sostenibilidad del sistema y lo que se ha hecho hasta ahora la compromete», alertó este jueves Ángel de la Fuente, director ejecutivo del instituto de análisis Fedea. Lo hizo en una conferencia organizada por el Consejo General de Economistas (CGE) en la que se pasó revista a la ejecución de los fondos Next Generation EU en España y Portugal.
Según De la Fuente, en la primera fase de la reforma de las pensiones se han eliminado mecanismos de control automático del gasto, como el controvertido factor de sostenibilidad, que pretendía modular las prestaciones a la esperanza de vida, comportando un recorte de las mismas. «Esto nos deja en una situación complicada de cara al futuro. El gasto en pensiones, que se acelerará en las próximas décadas, amenaza con comerse todo el margen presupuestario para otras partidas como salud y dependencia», explicó. Calcula que el país deberá destinar un 3,5 % más de su riqueza anual a pagar las pensiones en el 2050.
Coincidieron en este punto los expertos del CGE, quienes pidieron una revisión de la reforma «de cara a la entrega de los nuevos tramos de los fondos europeos». Y es que la Comisión Europea quiere pruebas fehacientes de que la reforma contribuirá a eliminar el déficit que arrastra el actual modelo.
¿Qué proponen? De la Fuente instó a Escrivá a buscar otras fórmulas para no agrandar la factura porque con la eliminación del tope a las cotizaciones máximas podría no ser suficiente: «Introducir un recargo sobre la cuota del IRPF para todo el mundo generaría más presión para tomar medidas de control del gasto», deslizó.
No es esta la única preocupación de los economistas, quienes también alertaron de los problemas de seguridad jurídica que podría comportar el proyecto de ley de vivienda si finalmente introduce medidas como el control de los precios del alquiler.
Prórroga
«Deberíamos plantearnos la posibilidad de alargar los plazos», sugirió el presidente del CGE, Valentín Pich. El dinero desembolsado por España está tardando más de lo que se pensaba en llegar a los destinatarios finales. Y eso puede ser un problema para ejecutar los fondos a tiempo. Portugal también está experimentado cuellos de botella. El exministro luso de Planificación (2018-2022), Nelson de Souza, abogó por aunar fuerzas entre ambos Gobiernos y pedir más tiempo a Bruselas. ¿Cuánto tiempo requerirían? Según De la Fuente, «con un par de años más deberíamos poder hacerlo, pero incluso un año adicional nos vendría muy bien».