La misión de la Eurocámara sobre la gestión de las ayudas europeas: «No se puede seguir el rastro del dinero. Queremos saber a dónde ha ido»
ECONOMÍA
Manifiesta sus dudas sobre la reforma del Código Penal que acometió el Gobierno y que rebaja las penas por malversación
22 feb 2023 . Actualizado a las 19:39 h.¿Dónde está el dinero de las ayudas europeas? Los diez miembros de la misión de la Eurocámara encargada de supervisar la ejecución de los planes nacionales de recuperación es incapaz de conocer el destino de los fondos desembolsados a España. Así lo expresó la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo (PE), Monika Hohlmeier, al terminar su misión de tres días.
Después de reunirse con el Gobierno central, gobiernos regionales, empresarios y ciudadanos, sus miembros constatan que hay serios problemas para vigilar el flujo de ayudas hacia la economía real: «No se puede seguir el rastro del dinero hasta el beneficiario final [...] Queremos saber a dónde ha ido», aseguró la conservadora alemana.
Aunque con un tono más conciliador, después de reprochar por carta a la vicepresidenta Nadia Calviño sus intentos por obstaculizar el trabajo de la delegación, Hohlmeier ratificó sus sospechas: falta transparencia a la hora de hacer un seguimiento del gasto real.
«Es difícil encontrar los datos [...] Recomendamos de manera encarecida que se ofrezca un acceso claramente mejorado para ver qué fondos hay disponibles, cómo se gasta, a quién se concede, cuándo y que se conozca detalladamente a los beneficiarios», expresó en rueda de prensa en nombre de los diez eurodiputados de distinto signo político que han pasado revista al plan. Lo cierto es que el sistema de información CoFFEE está operativo, pero no dispone de la totalidad de la información que se le requirió al Gobierno. Además, reprochan al Ejecutivo de Pedro Sánchez que no permita su acceso permanente al Tribunal de Cuentas Europeo con el fin de seguir las auditorías del gasto.
Y esta no fue la única crítica. Tanto grandes empresas como pymes y autónomos han trasladado a la delegación sus quejas por la excesiva burocracia previa al desembolso de las ayudas: «La aplicación de los fondos tiene que ser más flexible. La carga administrativa es una queja común. Hay que garantizar que los fondos llegan a los ciudadanos y la economía de manera rápida, segura y dando resultados. Los procedimientos son muy farragosos. Se necesita más apoyo técnico para su rápido despliegue», sugirió la alemana.
Dudas sobre la malversación
Otro capítulo que ha sembrado una gran polémica tiene que ver con la reforma del Código Penal que acometió recientemente el Gobierno y que allana el terreno para rebajar las penas por malversación. Una maniobra de la que se podrían beneficiar cargos públicos y funcionarios condenados por administración desleal, como los líderes independentistas catalanes condenados. Sus consecuencias podrían permear más allá, como ha ocurrido con la ley del «solo sí es sí».
Hohlmeier ha pedido al Ejecutivo de Sánchez «tolerancia cero con la corrupción». La delegación, de forma conjunta, señala que el Código Penal no debería incluir ninguna excepción para supuestos de corrupción, independientemente de quién y con qué motivo cometa un delito de este calibre. «No queremos inmiscuirnos en cuestiones del Código Penal español, pero exigimos tolerancia cero [...] En el caso de que hubiera una infracción grave (del Estado de derecho), se podría activar la cláusula de condicionalidad (de la que depende la llegada de fondos), pero vamos a esperar a la actuación del Gobierno español y se informará debidamente de ello al Parlamento Europeo», ha alertado.
¿Qué trascendencia tendrán las conclusiones de esta misión? Lo cierto es que poca, más allá de su instrumentalización política. Son la Comisión y el Consejo los que pasan revista a los progresos del plan y quienes autorizan los desembolsos de las ayudas. De hecho, Bruselas ya ha dado luz verde provisional al envío del tercer tramo (6.000 millones de euros).
«Creemos que no hay perspectiva de cortar el grifo a España de ninguna manera»
¿Peligra el desembolso de los fondos? Sobre esta cuestión, la alemana ha instado al Gobierno español a «esforzarse» porque, de lo contrario, «se arriesga a las consecuencias de su incumplimiento». Así lo expresó después de ser interpelada por los retrasos que acumula el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en la segunda fase de la reforma de las pensiones. «El hito aún no se ha completado», admitió la europarlamentaria. Han pasado casi dos meses desde que expiró la fecha establecida en el plan negociado con Bruselas y ese desfase podría obligar al Gobierno a posponer la solicitud del cuarto tramo de ayudas (10.000 millones de euros), previsto para la primera mitad del año. El propio ministro trató de apaciguar los ánimos en su reunión con Hohlmeier. «Nos explicó muchas cosas y se mostró confiado en que en los meses venideros se resolverá el problema». Escrivá sigue buscando una fórmula para encajar las posiciones de los agentes sociales y las exigencias de la Comisión, que recela de la sostenibilidad del sistema tal y como se ha planteado.
El castigo por no cumplir lo pactado, como anticipó ayer la Comisión al publicar su metodología de evaluación, podría suponer la congelación parcial de las ayudas. No obstante, Hohlmeier descarta ese escenario por el momento: «Creemos que no hay perspectiva de cortar el grifo a España de ninguna manera».
El problema es que al Gobierno se le junta con otro cuello de botella: la reforma fiscal. Aunque ya ha dado pasos con la introducción del impuesto al plástico o la fijación del nuevo sistema de cotización para autónomos, todavía quedan deberes como la revisión de bonificaciones —la del diésel—, y medidas sobre impuestos indirectos para aumentar la recaudación.
¿Quiénes formaron parte de la delegación? El portugués José Manuel Fernandes (PPE), las socialdemócratas Isabel García (PSOE) y la italiana Caterina Chinnici, y el eurodiputado Jorge Buxadé (VOX). En calidad de «acompañantes» participaron también la popular Isabel Benjumea, la socialista Eider Gardiazábal, las eurodiputadas de Ciudadanos Eva Poptcheva y Susana Solís, y Ernest Urtasun (Catalunya en Comú).
