La Comisión impondrá la pena máxima a España si no culmina la reforma de las pensiones
ECONOMÍA
Está en juego el próximo tramo de ayudas de 10.000 millones
22 feb 2023 . Actualizado a las 09:23 h.Los retrasos del Ministerio de la Seguridad Social para dar por terminada la reforma de las pensiones podrían acabar en castigo. Mientras su titular, José Luis Escrivá, se afana en buscar una fórmula que contente a todos los agentes sociales y no penalice políticamente al Gobierno en pleno año electoral, el tiempo pasa. Y España ya va con retraso. Ha consumido casi dos meses más del plazo que le dio la Comisión Europea para garantizar que el sistema será sostenible en las próximas décadas.
Esa tardanza podría penalizar al país, según reveló este pasado martes el Ejecutivo comunitario, que publicó por fin el método de cálculo que utiliza para pasar revista al avance en la ejecución de los planes nacionales de recuperación. Dichos planes incluyen inversiones, hitos y reformas a cambio de dinero. Hasta 415 en el caso de España. Existe un calendario para todos ellos. Y, en caso de desviarse o retrasarse en la hoja de ruta, Bruselas prevé «suspensiones parciales o totales de los pagos para corregir deficiencias». Los problemas de calendario, aseguran en su comunicación, «deben ser situaciones excepcionales y corregirse lo antes posible».
Hasta ahora, España ha ido cumpliendo, a pesar de que el tercer desembolso (6.000 millones de euros) que recibió recientemente tardó más de la cuenta en recibir el visto bueno de la Comisión. La cuantía de ayudas recibidas del Next Generation EU asciende ya a los 37.000 millones de euros.
Pero podrían pasar muchos meses hasta volver a ver un euro si Escrivá sigue postergando la segunda fase de la reforma de las pensiones. Bruselas podría congelar durante seis meses el envío parcial de los siguientes 10.000 millones de euros que España tiene a su disposición. ¿Por qué? Según su esquema de ponderación de objetivos, la Comisión puntúa con el máximo coeficiente (5) «la entrada en vigor de una reforma o el paso final para la implementación de una reforma no legislativa», rezan sus normas. En el caso de las pensiones, el Gobierno debía fijar un nuevo cómputo de los años de cotización, cuestión en liza, introducir cambios en la base máxima de cotización, desplegar un mecanismo de equidad intergeneracional —supondrá un incremento del 0,6 % en la cotización a la Seguridad Social y no satisface a Bruselas— y garantizar a través de un análisis pormenorizado que el sistema se sostendrá en las próximas décadas, en las que se prevé un aumento dramático del número de pensionistas y un descenso de la población activa.
El hecho de que Escrivá todavía no haya cerrado el capítulo en torno al cómputo de años para calcular la pensión puede comprometer el ritmo de ejecución de las ayudas. El Gobierno no se atreverá a solicitar a la Comisión los 10.000 millones que le corresponden del cuarto tramo hasta estar seguro de que la reforma está completa y recibe la bendición de los funcionarios comunitarios.
¿A cuánto puede ascender el dinero congelado? «El cálculo de la cantidad suspendida reflejará el hecho de que no todas las medidas contribuyen de igual forma al cumplimiento de los objetivos. Por ejemplo, a una inversión pequeña no se le puede atribuir el mismo valor que una gran inversión o la entrada en vigor de una gran reforma», aclara en su comunicación. Además, no valorará igual que el país cumpla hitos intermedios que finales. De hecho, el coeficiente que aplica a los objetivos intermedios es de tan solo el 0,5. En esta categoría se incluyen, por ejemplo, la publicación de un informe o la evaluación de la puesta en marcha de una reforma. Cuestiones de menor relevancia.
Los problemas asomarán en verano si el Gobierno no consigue cerrar definitivamente el capítulo de las pensiones. Y es que, desde que solicita el desembolso hasta que llegan los fondos, podrían pasar hasta dos meses.
