Economía detecta que las autonomías apenas han repartido el 20 % de los fondos europeos

A pesar de llevar meses defendiendo la «velocidad de crucero» a la que se están ejecutando los fondos europeos, el Gobierno dejó entrever este lunes su preocupación por el atasco que las ayudas sufren una vez que llegan a las comunidades. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, presidió una reunión de la conferencia sectorial en la que se abordó el despliegue del dinero y las propuestas de las autonomías para finalizar la adenda al plan de recuperación que el Ejecutivo presentará a Bruselas. «La reunión se ha celebrado con un tono positivo y constructivo y casi todas las comunidades han mostrado su agradecimiento y reconocimiento del esfuerzo realizado para el despliegue ágil de los fondos», destacaron desde Economía.

Sin embargo, la preocupación por los datos de ejecución se hizo patente con el ministerio solicitando a las autonomías «identificar aquellos proyectos que pueden tener una mayor dificultad de ejecución para proceder a reasignar los fondos». Es decir, si es necesario, algunos se desecharán para dar prioridad a otros. Las cifras que da Economía del despliegue de las ayudas sobre el terreno son elocuentes. Según sus datos, las comunidades han lanzado ya convocatorias por el 50 % de los fondos europeos transferidos, a través de 130 conferencias sectoriales. Es decir, unos 20.600 millones de euros. Pero apenas se han resuelto unos 4.000 millones, menos de un 20 % del total.

Frente a esto, la Administración central asegura haber resuelto más del 80 % de sus convocatorias, con una inversión de unos 19.200 millones de euros.

Con este telón de fondo, Calviño reconoció el esfuerzo gestor de los gobiernos autonómicos, pero solicitó un acelerón adicional de cara a los próximos meses, ante el próximo examen de Bruselas, que el 20 de febrero enviará a una delegación para examinará el estado de las reformas y las inversiones comprometidas.

Por su parte, el vicepresidente primero y conselleiro de Economía e Industria de la Xunta, Francisco Conde, denunció una situación de «punto muerto» en la adjudicación y que reclamó al Gobierno central una «respuesta inmediata» sobre las condiciones de los préstamos en este ámbito.

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