Los incrementos en términos de cuotas sociales e IRPF restan atractivo a las mejoras salariales
22 ene 2023 . Actualizado a las 12:21 h.Hablo por teléfono con un profesional del sector servicios (economista para ser más exactos) y me plantea un problema con el que se encuentra en el despacho: tiene un trabajador con el que está contento y lo quería ascender e incrementar el sueldo en torno a los mil euros más al mes. En la actualidad, el salario bruto ascendía a 19.212 euros, lo que en neto le quedaba en 18.000. Partía de ese listón. Vean los datos adjuntos. Esos 18.000 pasaron a ser 30.875 euros, y el salario bruto alcanzaba los 42.000.
La calculadora del empresario en cuestión empezó a echar humo cuando se percató de que el importe que la empresa tenía que abonar en concepto de Seguridad Social pasaba de 6.000 a 13.188 euros y en consecuencia el coste laboral total se le doblaba (de 25.244 euros a 55.188 euros). Pero además, advirtió que el trabajador pasaba de pagar un IRPF de menos de 1.500 euros a otro de 8.458 y un recibo de Seguridad Social de 1.212 a 2.667.
«Con lo cual —me explicaba— si analizamos los importes nos damos cuenta de que el trabajador se lleva para su casa 30.875, que le ha pagado al Estado por IRPF 8.458, a los que se suman 2.667 de Seguridad Social, además de los 4.168 de IVA que abona por las compras habituales. En total, 15.193 euros. Estos se suman a los 13.188 que la empresa paga de Seguridad Social por el trabajador. En definitiva, el Estado ingresa 28.481 vía impuestos y cuotas sociales, una cantidad inferior en solo 2.000 euros al salario neto del empleado.
Considera el empresario en cuestión que estas cargas ponen de manifiesto dos situaciones: se incentiva el movimiento de dinero negro (para evitar que los costes salariales se disparen) y se detecta que no nos podemos permitir el Estado de bienestar del que disfrutamos y que es preciso reducir gasto y revisar, por tanto, el tamaño de la Administración pública que tenemos.
Fijémonos en la evolución en los últimos diez años de la deuda pública, un atajo para pagar aquello que no somos capaces de hacerlo mediante impuestos, transferencias y demás. Ha pasado de 1 a 1,5 billones (el último dato es del tercer trimestre del 2022), y su peso sobre el PIB se sitúa en el entorno del 120 %. Cada español tendría que abonar 30.000 euros para acabar con esa deuda que quedará para las futuras generaciones. ¿Gozarán nuestros descendientes del mismo Estado de bienestar del que disfrutamos en la actualidad? ¿Podrán pagárselo? ¿Su realidad pasará por un incremento del volumen de impuestos a desembolsar? ¿Estarán dispuestos a hacerlo? ¿Somos los ciudadanos de hoy conscientes del problema? ¿Queremos solucionarlo?