El Supremo de Estados Unidos debate si limita el derecho a huelga: abre la puerta a demandar por daños a los convocantes

G. Lemos REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

LINDSAY DEDARIO | REUTERS

El pleito se produce en un clima de mayor conflictividad laboral en el país

12 ene 2023 . Actualizado a las 18:31 h.

Si un pleito entre el Departamento de Salud de Misisipi contra la única clínica que practicaba abortos en ese Estado sirvió al Tribunal Supremo de Estados Unidos para revocar la sentencia que 50 años antes había legalizado la interrupción voluntaria del embarazo en el país, abriendo así la puerta a que se promulgaran leyes que prohibieron abortar en buena parte del país, el alto tribunal estadounidense tiene ahora entre manos otro caso que podría afectar a otro derecho fundamental, el de la huelga.

Este mismo martes, los nueve magistrados de la corte (de clara mayoría conservadora, con seis jueces de esa tendencia frente a solo tres progresistas) escucharon los argumentos orales del pleito presentado por Glacier Northwest, una empresa dedicada al hormigón, contra el sindicato local de transportistas que representa a los conductores de la empresa. La compañía pide que se le permita demandar a la central de trabajadores por los daños causados a la carga durante una huelga de camioneros del año 2017. Aunque antes de iniciar el paro estos dejaron sus hormigoneras encendidas y girando para mantener el material en buen estado, este finalmente se echó a perder.

Sin embargo, la reclamación fue inicialmente rechazada por el Tribunal Supremo del Estado de Washington, que la desestimó argumentando que las pérdidas materiales se produjeron como consecuencia de una huelga protegida por la Ley Nacional de Relaciones Laborales y que había sido previamente autorizada por el organismo federal correspondiente, la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés).

Ese fallo es el que ahora se ha apelado al Tribunal Supremo federal, que hasta ahora siempre ha dejado en manos de la autoridad laboral la resolución de los conflictos que tienen que ver con la legalidad de las protestas sindicales, avalando solo que puedan presentar demandas en los tribunales estatales en caso de conductas violentas o amenazas. Si estas excepciones se amplían a los daños y perjuicios, modificando su jurisprudencia como hizo con el aborto, los analistas entienden que el alto tribunal abriría una vía legal para menoscabar el derecho a la huelga, especialmente en el caso de las grandes empresas, ya que el miedo de los trabajadores a ser demandados por las pérdidas podría disuadirlos de convocar paros.

«Matar a la vaca»

En esa línea se pronunció durante la vista la jueza progresista Elena Kagan, que dijo que permitir de forma generalizada las demandas por daños socavaría el uso del derecho a la huelga por parte de los sindicatos, toda vez que esos paros se suelen convocar para presionar a los empleadores y se buscan los períodos en los que se puede causar un mayor daño económico.

La también progresista Ketanji Brown Jackson puso el ejemplo de una huelga en un supermercado, argumentando que no se podría culpar a los empleados de que la leche se pusiera mala por no acudir a su trabajo. En esa misma línea apuntó también el presidente del Supremo, el conservador moderado John Roberts, que dijo que hay una distinción entre causar un daño económico y la destrucción intencionada de la propiedad: «Es la diferencia entre que la leche se eche a perder y matar a la vaca».

Respaldo patronal

Pero Glacier no está sola en esta batalla legal. La demanda de la empresa hormigonera ha sido respaldada ante el Supremo por varias patronales de la industria de la construcción, la restauración o el comercio minorista, que piden al tribunal que revierta su jurisprudencia y avale que se puedan reclamar pérdidas o lucro cesante a los convocantes de las huelgas.

Argumentan en un escrito que limitar la posibilidad de que una empresa demande por los daños económicos de un paro cuando este ha sido declarado legal por la autoridad laboral «anima la destrucción intencionada de la propiedad de la empresa» y «desequilibra la balanza en las disputas laborales en favor de los sindicatos». Y añaden que «también perjudica a los trabajadores», tanto a los que no respalden las protestas, que «no podrán seguir trabajando si los sindicatos destruyen propiedades necesarias para continuar la actividad del negocio» como a los afiliados al sindicato «que quieran volver a trabajar después de la huelga».

El pronunciamiento del Supremo se producirá en un contexto de repunte de la conflictividad laboral en Estados Unidos, donde la cifra de huelgas se duplicó el año pasado, superando las 300 por primera vez desde el 2005.