Madrid recurrirá este mes al Constitucional el impuesto a las grandes fortunas

La Voz REDACCIÓN

ECONOMÍA

Rodrigo Jimenez | EFE

Pedirá al tribunal la suspensión cautelar del tributo

11 ene 2023 . Actualizado a las 20:29 h.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció ayer que su Ejecutivo recurrirá al Tribunal Constitucional el impuesto a las grandes fortunas antes de que acabe el mes, al considerar que este nuevo gravamen estatal «invade las competencias autonómicas en materia fiscal, genera inseguridad jurídica y vulnera la lealtad institucional».

Además de recurrir el impuesto, Madrid solicitará su suspensión cautelar, ya que entiende que lo que busca el Gobierno es «resucitar» el impuesto de patrimonio en aquellas comunidades que lo tienen bonificado, todas ellas gobernadas por el PP (Madrid, Galicia, Andalucía y Murcia), lo que a su juicio atenta «contra el ahorro y la inversión», en declaraciones recogidas por Europa Press.

Además, el Ejecutivo regional sostiene que «quebranta el principio de seguridad jurídica al imponer su aplicación de manera retroactiva para todo el 2022», al impedir a los contribuyentes afectados hacer una planificación fiscal del ejercicio.

En cuanto al procedimiento, desde el Gobierno regional inciden en que «no ha sido sometido a consulta pública y carece de memoria económica y de un dictamen del Consejo de Estado». Considera así que el Gobierno central «ha obviado las advertencias que durante los últimos meses le han hecho tanto los letrados de la Cámara como este último organismo respecto a los procedimientos legislativos».

Asimismo, entienden también que «se vulnera el principio de lealtad institucional al obligar a las comunidades autónomas, sin existir consenso con ellas, saltándose su debate a nivel estatal en la Comisión Mixta de Transferencias de Competencias y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera».

Por último, la Comunidad de Madrid destaca «la falta de justificación de su creación, ya que no hay una necesidad recaudatoria real en estos momentos, en contra de lo que recoge la Constitución Española en relación con la arbitrariedad de los poderes públicos».