Oposiciones sin candidatos: ingenieros e inspectores, las más difíciles de cubrir
ECONOMÍA
Hay convocatorias que quedan desiertas por falta de aspirantes o bajas notas
11 dic 2022 . Actualizado a las 05:00 h.El problema está diagnosticado: las políticas de austeridad con las que se intentó atajar la crisis del 2008 provocaron una caída de las ofertas de empleo público y dejaron sin reponer muchas de las plazas de funcionario que quedaban vacantes por bajas o jubilaciones. Pero incluso ahora, con convocatorias récord, hay puestos que no llegan a cubrirse, sobre todo en los procesos selectivos de determinados cuerpos superiores. Los datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre las ofertas de empleo público entre el 2017 y el 2019 constatan que en los últimos años ha habido importantes déficits en la cobertura de plazas en ciertos cuerpos o escalas de la Administración.
A juicio de Javier Martínez, portavoz de CC.OO., las más afectadas son las actividades por las que se perciben retribuciones superiores en el sector privado (en el que además no hay que enfrentarse a años de estudio para conseguir trabajo). Así, hay problemas para encontrar ingenieros que quieran ser funcionarios, además de personal dedicado a las tecnologías de la información y la comunicación.
De las 251 plazas convocadas para ingenieros aeronáuticos en los tres últimos años, se ocuparon menos de la mitad (115), y de las 50 convocadas para ingenieros navales, se cubrieron únicamente 27. En el caso de los puestos para ingenieros de minas, se cubrieron menos de un 60 %. Y tampoco se encontraron todos los profesionales requeridos para plazas de ingenieros industriales, geógrafos, de montes, de caminos, canales y puertos o agrónomos, si bien en estos últimos la cobertura ha rebasado el nivel del 90 %.
Otras plazas con dificultades para cubrirse en su totalidad han sido las de médicos para la Administración General del Estado. Ello, explica Martínez, se debe a que su retribución es menor a la que perciben los que trabajan para las comunidades autónomas. Así, de las plazas para facultativos de sanidad penitenciaria ofrecidas en el 2019 apenas se ocuparon un 15 %. Tampoco se han llegado a cubrir todas las vacantes de médicos para la inspección sanitaria de la Seguridad Social: de las 177 convocadas, quedaron desiertas 93.
Otros cuerpos que no logran atraer todo el personal necesario son los de inspectores. El de Inspectores de Hacienda del Estado ha convocado 356 plazas en esos tres años, de las que se cubrieron 211. De las 40 que se ofrecieron para el de Inspectores de Seguros del Estado apenas se asignaron 22, mientras que para la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social había 180 vacantes y solo 122 superaron las pruebas.
Plazas a las que no aspira nadie
Además de problemas de cobertura en ciertos perfiles, ha habido convocatorias que se han quedado desiertas. Algunas, porque no han concurrido candidatos a las pruebas selectivas. Otras, porque aunque ha habido opositores, estos no han logrado la nota necesaria para obtener el puesto. Es cierto que son la excepción, pero no deja de ser llamativo que ocurra, sobre todo en ofertas muy pequeñas. Hay varios ejemplos. En el 2018 se quedaron sin cubrir las dos plazas de actuarios para la Seguridad Social y en 2017 pasó lo mismo en las cinco vacantes de estadísticos para el mismo organismo, pese a que a la prueba se presentaron diez candidatos. En el 2019 tampoco se encontraron técnicos facultativos superiores para los organismos autónomos del antiguo departamento de Fomento, porque nadie se presentó al examen.
Al desafío que supone encontrar profesionales para ciertos puestos de acceso libre hay que sumar los problemas que hay para cubrir las plazas que se ofertan para promoción interna. Dificultades que se ha tratado de resolver —aunque no sin críticas de quienes lamentan que se esté reduciendo el nivel de exigencia— con el acuerdo alcanzado en noviembre entre el Gobierno y los sindicatos, que revisa y actualiza los criterios de estos procesos a los que se presentan los empleados públicos para prosperar en sus carreras. Convocatorias que se simplificarán con exámenes tipo test, reducción de temarios y contenidos y una fase de concurso en la que se valorará la experiencia previa.
El objetivo, en palabras de Begoña Gil, portavoz del CSIF, es facilitar la promoción interna. La responsable del sindicato destaca que otro de los problemas a los que se enfrenta la función pública es la dilación desde que se publican las ofertas de empleo hasta que se resuelven, un desfase agravado por la pandemia. En este 2022 están ocupando su puesto quienes aprobaron las oposiciones de la oferta del 2019. Y las incorporaciones de las últimas e importantes convocatorias aprobadas en los dos últimos años seguramente no llegarán hasta el 2024.
Los retos, reducir la temporalidad y fomentar el teletrabajo
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dedica un componente íntegro al objetivo de modernizar la Administración. Una de las medidas más relevantes de las pactadas entre el Gobierno y la Comisión Europea, que ya está operativa, es la reducción de la temporalidad en el empleo público, con el objetivo de situarla por debajo del 8 % desde un nivel de partida por encima del 30 %. Para ello, el Congreso de los Diputados aprobó hace un año una ley con medidas urgentes que implica a todas las Administraciones Públicas, que antes del 31 de diciembre han de convocar las plazas necesarias para estabilizar el empleo temporal enquistado, de manera que todo el proceso esté resuelto antes de que finalice el 2024.
Aunque el Estado central ya contaba con una tasa de temporalidad cercana al 8 %, ha tenido que aprobar una oferta de estabilización de hasta 10.636 puestos, la más elevada de la historia.
Fuera de ese objetivo de impulsar el empleo estable, el plan de recuperación también aborda el desarrollo del teletrabajo en el sector estatal. Por el momento, no se ha aprobado la ley que lo regulará de manera estructural, pero durante la pandemia estuvo operativo el trabajo a distancia de forma coyuntural y también hay en estos momentos medidas adoptadas por cada ministerio en el marco del plan de ahorro energético planteado para hacer frente a las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania.
Un plan que está ocasionando malestar en algunos centros de trabajo, ya que se critica que no se están aplicando criterios objetivos y homogéneos para conceder el teletrabajo a personas que ocupan puestos similares. Además, hay quejas relacionadas con el hecho de que el trabajo remoto no esté regulado, lo que implica que en muchas ocasiones no se respeten las normas sobre prevención de riesgos laborales y que la provisión de material corra a veces a cargo de los trabajadores.