Matilde Cuena: «No puedes sancionar a quien se endeudó sin control sin castigar al prestamista irresponsable»

G. Lemos REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

Andres Docampo

La catedrática de Derecho Civil destaca que el nuevo régimen de segunda oportunidad de la Ley Concursal da más poder al acreedor y protege el crédito público

20 nov 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

Matilde Cuena Casas, catedrática de Derecho Civil en la Universidad Complutense de Madrid y vicepresidenta de la Fundación Hay Derecho, es una de las mayores expertas del país en el régimen de segunda oportunidad, tras haber asesorado a diferentes Gobiernos en las sucesivas reformas de la Ley Concursal en lo tocante a las insolvencias de las personas físicas. Durante la entrevista, concedida durante su visita a Galicia para participar en el Encuentro de Profesionales del Derecho Concursal del Consello Galego de Economistas, valora los cambios introducidos en la última reforma, que entró en vigor a finales de septiembre.

—¿La regulación de la segunda oportunidad está pensada para los empresarios y profesionales?

—No, va dirigida a todos, consumidores y profesionales. Así como la directiva iba enfocada solo a los empresarios, la ley española ha optado por la persona física, empresarios y consumidores.

—La nueva ley introduce más barreras para acceder a la segunda oportunidad, ¿qué le parece?

—Hay un mayor control de la conducta del deudor, y eso no es malo. Aunque es cierto que se introducen restricciones injustas.

—¿Por ejemplo?

—Se ha impedido acceder a la segunda oportunidad a cualquier deudor que en los diez años anteriores a la declaración del concurso haya sido objeto de sanción administrativa, por determinadas infracciones, por parte de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Es una superprotección del crédito público que no tiene justificación y lo que es peor, hay un problema de retroactividad: se puede aplicar a personas que pidieron la exoneración después de la entrada en vigor de la norma, pero que entraron en concurso antes. Es uno de los grandes fallos de la reforma, porque una cosa es que no me permitas exonerarme crédito público por una infracción con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, y otra que eso impida exonerarse crédito privado. Estás privando de entrar en el sistema.

—Pero, ¿se aplica a cualquier infracción, aunque sea algo leve como no presentar a tiempo la declaración de la renta?

—No, es solo para infracciones graves o muy graves. Pero lo criticable es que pueden ser sanciones que ya hayan prescrito, porque las sanciones tributarias prescriben a los cuatro años, y en cambio aquí te impiden entrar en el sistema si has sido sancionado en los diez años anteriores. No hay por dónde cogerlo.

—¿Hay más barreras de entrada?

—Sí, hay otra, pero me parece correcta, que es que al juez se le permite valorar cómo fue el endeudamiento de ese deudor, si fue un consumidor irresponsable. Si un deudor mintió al aportar sus datos de solvencia, no podría entrar en la exoneración. El problema de esto es que también se debería tener en cuenta la conducta del prestamista. Porque si yo miento sobre un dato al que puede acceder el prestamista y este no es diligente, por ejemplo al verificar la Central de Información de Riesgos del Banco de España, mal vas a poder juzgar la conducta de endeudamiento del consumidor. El problema es que la reforma solo tiene en cuenta el comportamiento del consumidor, no le preocupa el prestamista, y esto es injusto, es una norma a favor de las entidades financieras. En Francia o en Italia, los jueces, a la hora de valorar el endeudamiento del consumidor, tienen en cuenta cómo se comportó el prestamista. Aquí, sin embargo, no tiene ningún tipo de consecuencia concursal, lo que puede ser contrario a la directiva europea de crédito inmobiliario, que exige que se sancione a los prestamistas irresponsables. Nadie se endeuda de manera irresponsable si no hay un prestamista irresponsable. No puedes sancionar al consumidor sin sancionar a la vez al prestamista.

—Por primera vez, la ley permite expresamente exonerarse crédito público, con un límite de 10.000 euros, tanto para la Seguridad Social como para la Agencia Tributaria. Sin embargo, una sentencia del Supremo ya lo había permitido con la anterior ley y sin establecer límites, ¿es un paso atrás?

—El problema es que el Tribunal Supremo hizo una interpretación excesivamente generosa, sin mucha apoyatura legal, y luego el legislador dijo que ese no era el criterio correcto.

—El Supremo dejaba la exoneración del crédito público a criterio del juez...

—Pero no podía hacerlo, por eso la respuesta del legislador es más restrictiva. Ha habido una inseguridad jurídica de locos. No puede ser que el legislador se vea limitado por lo que diga el Supremo, la ley es la ley y los tribunales en un sistema de fuentes de derecho tienen el papel que tienen. Esas interpretaciones generosas que ha habido sobre el crédito público, que en un juzgado de Barcelona te exoneraban pero en otro de Madrid no, han provocado ahora un sistema más restrictivo, en el que solo se permite una cantidad muy pequeña. Pero hay que ser optimistas, es un avance, porque aunque es poca cantidad, es para todos los deudores. Y es una primera puerta que se abre. Hay que ir poco a poco, porque lo que hay que evitar con las exoneraciones son las situaciones de abuso, si empezamos con lo de que las deudas no se pagan el sistema se puede caer.

—La nueva segunda oportunidad permite al deudor conservar su vivienda habitual si se acoge a un plan de pagos en vez de optar por la liquidación. ¿Hay letra pequeña?

—La ventaja que tiene el itinerario del plan de pagos es que puedes parar la ejecución de la vivienda, siempre que no esté hipotecada. Una hipoteca no se puede paralizar, si no la pagas te la van a ejecutar. En el caso de que no esté hipotecada, el juez puede decretar que no se ejecute y entonces el plan de pagos, en vez de durar tres años, duraría cinco. Pero tiene una trampa, porque en la práctica los acreedores que representen al menos un 40 % del pasivo pueden oponerse a esa exoneración y al juez no le queda más remedio que no adoptarla. Es otra norma a favor de los acreedores, que habrá que ver cómo se interpreta.

 

—¿La nueva norma le da más voz a los acreedores?

—Sí, pasamos a un sistema en el que los acreedores toman el poder, ya que se entiende que la exoneración perjudica sus derechos, y se priva al juez en muchos casos de poder de decisión. Yo estoy en contra, porque el juez tiene que tener siempre la última palabra. Con la exoneración del pasivo no solo están en juego los intereses del deudor y de los acreedores, también los del propio sistema de crédito. Si se empiezan a hacer exoneraciones muy generosas, sin base legal, a todos nos van a encarecer el coste crediticio o nos empezarán a denegar créditos. Es el sistema de crédito el que está en juego, y por eso no puede estar en manos de los acreedores. No puede ser que un caradura entre en el sistema porque los acreedores no han actuado. Si no lo hacen ellos tiene que poder actuar el juez.