El Gobierno se abre al debate y acepta enmiendas a los nuevos impuestos a energéticas y bancos

J. M. Camarero MADRID / COLPISA

ECONOMÍA

Ricardo Rubio | EUROPAPRESS

Tramitará cambios sugeridos por otros grupos que había vetado

16 nov 2022 . Actualizado a las 19:00 h.

El inminente impuesto a las energéticas y la banca tiene todavía la opción de comenzar su andadura el 1 de enero con un esquema distinto al planteado inicialmente por el Gobierno en su idea de gravar los ingresos extraordinarios que están facturando las empresas de ambos sectores.

Tras las críticas recibidas la víspera, al desestimar masivamente las enmiendas de los grupos, ahora el Ejecutivo está dispuesto a incluir en el debate de tramitación de la proposición de ley las enmiendas de varios grupos parlamentarios, entre las cuales se encuentran algunas que abogan por reconvertir el impuesto para equipararlo a las recomendaciones de la Comisión Europea. Es decir, que eléctricas, gasistas y banca tributen por sus beneficios y no por el importe de las ventas que obtengan.

Volantazo en 24 horas

Todo dependerá de la negociación del texto, aunque por lo pronto el Gobierno decidió este miércoles retirar los vetos que había comunicado apenas 24 horas antes a las 70 enmiendas parciales presentadas por los diferentes grupos parlamentarios.

Entre las iniciativas que finalmente se debatirán se incluirán las propuestas del PP para gravar con un 33 % los beneficios extra de las energéticas con actividad centrada en petróleo, gas y carbón, frente a la propuesta de Hacienda de gravar los ingresos, así como la supresión del impuesto para la banca.

El grupo parlamentario del PNV también coincide con los populares y la propia Comisión Europea en su propósito de gravar los beneficios y no la facturación. Los nacionalistas vascos sostienen que la cifra de negocio de por sí «no es indicativa de los beneficios obtenidos».

El PNV también quiere aclarar que «los intereses y comisiones que se pretenden gravar son los obtenidos en España tanto por entidades residentes en territorio español, como por entidades no residentes que operen en España, por ejemplo, a través de sucursales, excluyendo los intereses y comisiones que se obtengan en otras jurisdicciones». Además, insta a la participación de País Vasco y Navarra en el impuesto, dentro de la futura negociación de la Comisión Mixta del Concierto Económico.

Por su parte, el PDeCat incide también en la necesidad de gravar beneficios y no ingresos. Además, en el caso del tributo dirigido a las entidades financieras, el partido nacionalista catalán ha incluido propuestas similares a las que ha venido planteando en las últimas semanas todo el sector financiero.

Por ejemplo, que el gravamen se aplique a todos los bancos, independientemente de su tamaño, sin limitar un mínimo de cifra de negocio a partir del cual pueda aplicarse, en aras de no afectar a la competitividad del sector.

Otra enmienda del PDeCat también defiende suprimir la prohibición de que las entidades trasladen el impuesto a sus clientes. El partido considera que esta imposición «vulnera la libertad de empresa» y «resulta contraria» a la guía de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) sobre el origen y seguimiento de los préstamos. En ese sentido, cabe recordar que el BCE emitió un informe, a petición del Congreso, en el que planteaba sus dudas sobre el impuesto a la banca, alertando de que afectaría a la competencia, y defendiendo que se trasladase a los clientes.

Está previsto que la tramitación del impuesto finalice antes del 31 de diciembre, para poner en marcha el impuesto en el 2023.

El BCE alerta de que el impuesto del Gobierno a la banca pone en riesgo el crédito e insta a las entidades a trasladárselo al cliente

ANA BALSEIRO

Jarro de agua fría del Banco Central Europeo (BCE) al Gobierno a cuenta del impuesto que pretende imponer a la banca. En un informe emitido por la institución para dar respuesta la pregunta trasladada por el Congreso de los Diputados, el organismo no deja lugar a dudas de su frontal oposición al tributo que el Ejecutivo pretende aprobar antes de que expire el año -se está tramitando como proyecto de ley- y con el que persigue recaudar 3.000 millones entre este 2022 y el 2023.

El dictamen es meramente consultivo, aunque no vinculante, y en él, el supervisor bancario europeo basa su rechazo al impuesto en los efectos nocivos que tendría sobre la concesión de crédito, sobre la competencia y sobre la propia estabilidad financiera y, en consecuencia, sobre el crecimiento de la economía, en un momento de estancamiento y en riesgo de recesión.

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