Hacienda amplía el impuesto a la banca a entidades extranjeras con filial en España, como ING o Deutsche

La Voz REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

MARISCAL AGENCIA EFE | EFE

Las arcas públicas preveían ingresar 1.500 millones en cada uno de los dos ejercicios de aplicación del gravamen

10 nov 2022 . Actualizado a las 20:55 h.

Pese al rechazo del sector y del Banco Central Europeo (BCE), el Gobierno no cede en su intención de aplicar un gravamen sobre los beneficios extraordinarios de la banca por el alza de los tipos de interés. Pero, en un guiño a los dirigentes de las grandes entidades españolas —con las que negocia medidas de alivio para los hipotecados afectados por el rali del euríbor—, ha decidido que estas no sean las únicas en pagar el impuesto temporal, que se aplicará también a las filiales en España de entidades de crédito extranjeras sujetas al control del BCE, lo que obligará a tributar a entidades como la holandesa ING o la alemana Deutsche Bank.

Una medida que, sobre el papel, elevará la previsión de recaudación del nuevo gravamen, que estará en vigor los dos próximos años y por el que Hacienda preveía ingresar 1.500 millones en cada ejercicio. El cambio, introducido a través de una enmienda de PSOE y Unidas Podemos a la proposición de ley presentada por ambos grupos en el Congreso para establecer el nuevo tributo, se busca también solventar uno de los reparos del BCE. En su informe, el regulador afirmaba que «la aplicación del gravamen solo a determinadas entidades de crédito españolas podría falsear la competencia y perjudicar la igualdad de condiciones». 

Impuesto a grandes fortunas

Al mismo tiempo que remendaban el gravamen a la banca, los dos grupos que sostienen al Gobierno presentaron en el Congreso otra enmienda que introduce el nuevo impuesto a las grandes fortunas para su tramitación parlamentaria.

Como ya se había anunciado, el impuesto afectará a los patrimonios de más de tres millones de euros y se declarará por primera vez la próxima primavera (con datos de patrimonio al cierre de este 2022). Estará en vigor dos años, aunque el texto abre la puerta a que, cumplido ese plazo, se valore la posibilidad de prorrogarlo, como han solicitado algunos socios del Ejecutivo.

PSOE y Unidas Podemos exponen que, además del interés recaudatorio para «financiar políticas de apoyo a los más vulnerables», el nuevo gravamen tiene una función «armonizadora» para «disminuir las diferencias en el gravamen del patrimonio», anulando en la práctica las bonificaciones que aplican Madrid, Andalucía y Galicia. En el resto de regiones, lo abonado por el impuesto de patrimonio será deducible en el nuevo gravamen para evitar la doble imposición.