Entre el 5,6 % y el 19 %, para aliviar la erosión que provocan los altos precios
20 nov 2022 . Actualizado a las 21:07 h.Con la inflación disparada a niveles desconocidos en cuatro décadas, pese al respiro mínimo que está dando desde el máximo alcanzado en julio (el IPC rozó el 11 %), los precios están ahogando a los trabajadores. Y el golpe es especialmente duro para quienes tienen los ingresos más bajos. No sin motivo a la inflación también se la conoce como «el impuesto a los pobres».
En cualquier caso, la escalada sostenida de los precios se ha convertido en el principal quebradero de cabeza de los Gobiernos y las autoridades monetarias de todo el globo. Cabe recordar que tanto la Reserva Federal estadounidense (Fed) como el Banco Central Europeo (BCE) están subiendo a marchas forzadas los tipos de interés para enfriar los precios. Los Gobiernos también están tratando de aliviar las estrecheces que padece la ciudadanía. Y lo hacen por una doble vía: por un lado, con baterías de medidas para abaratar los precios, y por otro, con revalorizaciones de las rentas que perciben colectivos sobre los que tiene competencias —desde los trabajadores públicos a los pensionistas—.
En España, sin pistas todavía
De este modo, de cara al 2023 el Gobierno pretende elevar también el salario mínimo interprofesional (SMI), que fija la menor retribución legal que pueden percibir los trabajadores que no están sujetos a convenio, un colectivo potencialmente beneficiario que el Ministerio de Trabajo cifra entre 2,5 y tres millones de personas. Aunque por el momento desde el departamento que dirige Yolanda Díaz no se ha hablado de ningún porcentaje concreto de subida —más allá de asegurar que se producirá y que, además, se tendrá en cuenta la fortísima inflación actual—, otros vecinos europeos ya han aprobado alzas de sus salarios mínimos para el próximo año.
En el caso español, la retribución mínima legal está actualmente en 1.000 euros brutos mensuales en 14 pagas (1.166,67 euros si se calcula en 12 meses) o 14.000 al año.
Como muestra el gráfico superior, la horquilla en la se me mueven los incrementos a los que se ha dado ya luz verde en Europa oscilan entre un mínimo del 5,6 %, que es la cuantía aprobada en Francia, y un máximo de casi el 19 %, que se aplicará en Lituania. Completan el listado Alemania (15 %), Polonia (14,6 %), Bélgica (13 %), Países Bajos (10 %), Grecia (9,7 %) y Portugal (6 %).
Además, hay que subrayar que las subidas que entrarán en vigor en el 2023 serán más elevadas que las aplicadas durante este año. Según los datos de Eurostat, que recoge la evolución del salario mínimo calculado en doce pagas en lugar de en catorce —es la fórmula más extendida para poder comparar de forma homogénea, pues no todos los países tienen idénticas extraordinarias—, Alemania incrementó en junio de este año la retribución mínima de sus trabajadores un 6,5 %, hasta los 1.744 euros mensuales (20.928 euros al año), por encima del IPC del 2022 (del 5,3 %), y lo hará más del doble en el próximo ejercicio, para absorber el impacto inflacionista.
Lo mismo ocurre en Bélgica, donde el SMI crecerá en el 2023 también a doble dígito (un 13 %), lo que supone dos puntos más de lo que se elevó en su última revisión, el pasado junio, cuando avanzó 184,10 euros (un 11,1 %), hasta los 1.842,30 euros mensuales en doce pagas, (22.108 al año).
Idéntica evolución se repite en la práctica totalidad de los países que ya han aprobado elevar la renta mínima de sus trabajadores. Grecia, por ejemplo, tiene prevista una subida del 9,7 % en el 2023, que supera a la del 7,5 % aplicada este año, que situó en 831,8 euros mensuales (9.982 brutos anuales) el SMI desde junio.
Francia, tres subidas este año
En el caso de la vecina Francia, este año ha revisado el salario mínimo en varias ocasiones. Así, esta retribución legal pasó de los 1.603 euros al mes a principios del ejercicio (subida del 3%) a 1.679 euros mensuales en agosto, un 2 % más que se sumó al 2,65 % adicional acordado por el Ejecutivo del Elíseo el pasado mes de mayo.
España prepara otro alza, tras elevarlo un tercio desde el 2019
«Lo vamos a subir por el impacto de la inflación y por la deficiencia de salarios demasiado bajos». Quien así hablaba sobre los planes del Gobierno para el salario mínimo era la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la última sesión de control en el Congreso.
Aunque no dio más pistas sobre cuánto lo elevarán, sí destacó que, excluyendo a Grecia, España es el país de la Unión Europea (UE) donde la crisis inflacionista ha erosionado más el poder adquisitivo de la ciudadanía. Según el último dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en octubre los precios crecieron un 7,3 % interanual, tras batir su récord en julio, al frisar el 11 %.
Así, una vez que el ministerio reciba estos días el informe encargado al comité de expertos con la recomendación de subida, convocará en diciembre a la mesa del diálogo social para comunicarles a empresarios y sindicatos qué incremento proponen.
La decisión es potestativa del Gobierno y no está obligado a consensuarla con los agentes sociales, sino únicamente a informarles. Sin embargo el Ejecutivo quiere un acuerdo que parece difícil, ya que la patronal CEOE se opone a una subida en este momento de crisis —la negociación de revisión general de salarios está suspendida y los incrementos que se pactan en convenio están en el 2,7 % de media—, algo que ya hizo el año pasado, al no respaldar el alza hasta los 1.000 euros brutos mensuales. En cualquier caso, el compromiso del Gobierno es cerrar la legislatura con el SMI situado en el 60 % del salario medio del país, aunque no lo ha cuantificado.
En esa senda para cumplir su promesa, la renta mínima ha subido en los últimos ejercicios un 33,5 %, lo que se traduce en 265 euros, ya que en el 2018 se situaba en 735 euros brutos al mes en 14 pagas. Los sindicatos consideran que ahora el SMI debería elevarse un 10 %, hasta los 1.100 euros, la mayor subida desde el 2019, cuando creció un 22,3 %, a 900 euros.
