Los funcionarios que hayan cambiado de puesto o se hayan jubilado tendrán que pedir la subida salarial del 1,5 %
ECONOMÍA
Solo se abonará de oficio a los empleados públicos que no hayan cambiado de destino este año
26 oct 2022 . Actualizado a las 19:25 h.Los empleados públicos que entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año hayan cambiado de destino o que hayan pasado a prestar servicios en otra Administración tendrán que solicitar la subida salarial adicional del 1,5 % aprobada por el Gobierno, ya que no se les ingresará de oficio.
Así se precisa en la resolución de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la que se dictan las instrucciones para el pago al personal del Sector Público Estatal del incremento retributivo adicional del 1,5 % en las nóminas de noviembre, en la que se incluirán los atrasos generados desde enero, ya que el incremento tiene carácter retroactivo. El pago constará en el recibo del salario bajo el epígrafe de «Abono atrasos incremento 1,5 por ciento 2022».
A los funcionarios que no hayan cambiado de destino, ni de Administración, se les abonarán dichos atrasos de oficio en su nómina de noviembre por parte del ministerio, organismo o entidad en que se encuentre prestando servicios, pero para los que sí hayan cambiado de puesto de trabajo en la misma o distinta administración, no estén en activo o se hayan jubilado tendrán que pedir el ingreso en el órgano de personal del centro donde prestan sus servicios. En caso de fallecimiento del empleado público, serán sus herederos los que deberán solicitar el pago.
La resolución de Hacienda también precisa que el alza salarial adicional se aplicará, asimismo, a los altos cargos y personal directivo, así como al resto del personal laboral, en los mismos plazos y condiciones señalados para los funcionarios.
El salario de los empleados públicos se incrementó un 2 % a comienzos de año, pero el Gobierno acordó tras el verano con los sindicatos elevarlo un 1,5 % adicional para paliar la pérdida de poder adquisitivo por la elevada inflación, con lo que los empleados públicos verán incrementadas sus retribuciones un 3,5 % en el conjunto del año.