El Gobierno lanza al fin la reforma de la oferta regulada de la electricidad: ganará estabilidad, pero seguirá vinculada parcialmente a los vaivenes del mercado mayorista diario
05 oct 2022 . Actualizado a las 19:37 h.Prometieron darle estabilidad y la tendrá, pero parcialmente. El Ministerio para la Transición Ecológica ha lanzado la reforma de la tarifa regulada de la luz, a la que están acogidos algo más de nueve millones de consumidores domésticos y pequeñas empresas, y que se caracteriza porque el precio de la energía consumida lo determina la evolución del mercado mayorista diario, con 24 precios distintos al día, tantos como horas tiene la jornada. Demasiada volatilidad para unos momentos de fuerte crisis energética, que está impactando de lleno en unos consumidores que optaron por esa modalidad en busca de refugio y se encuentran con horas a 0,5 euros el kilovatio hora y otras a 0,2. El departamento dirigido por Teresa Ribera anunció hace un año -cuando la crisis ya arreciaba- un rediseño del modelo para darle mayor estabilidad. Y lo acaba de lanzar, en gran medida porque la Comisión Europea exige que sea así a cambio de autorizar la aplicación del mecanismo de tope al gas para generación en aras de reducir los precios mayoristas. El Gobierno se comprometió a tener su propuesta lista antes del 1 de octubre, pero acaba de sacar a información pública el real decreto con los cambios. El objetivo es que entre en vigor el 1 de enero.
La reforma no será tan profunda como para que la tarifa regulada se convierta en unos precios fijos, que son los que ofrecen las comercializadoras que operan en el mercado libre y que atraen a la mayor parte de los consumidores (18 millones). Aunque sí ganará estabilidad. Así, el ministerio lo que propone es reducir el peso que tiene en ella el mercado diario (ahora del 100 %) de forma progresiva, de modo que el año que viene condicione el 75 % de la tarifa; en el 2024, el 60 %; y en el 2025, el 40 %. Los porcentajes restantes estarían cubiertos por referencias de precios de los mercados a plazo, con distinto horizonte temporal: mensuales, trimestrales y anuales. Fluctúan también, pero no tanto como el diario. Según el ministerio, la oscilación de precios entre el máximo y el mínimo se reducirá un tercio, pasando del 27 % al 17 % durante la jornada diaria, y del 23 % al 16 % en la media mensual durante el año completo. «Con esta combinación de señales a corto, medio y largo plazo, se conseguiría salvaguardar la variación de precios del mercado diario, incentivando el desplazamiento de la demanda a las horas más baratas, con mayor producción renovable, a la vez que se lograría una mayor estabilidad», resalta Transición Ecológica.
España es el único país europeo en el que los consumidores domésticos pagan la luz a precio de mercado eléctrico diario. En Francia, el Reino Unido o Portugal, los reguladores establecen tarifas estables durante un período de un año o seis meses en función, eso sí, de las cotizaciones mayoristas. En Italia se revisan cada tres meses.
Un nuevo concepto en la factura
El real decreto para modificar la referencia de precios de la tarifa regulada permanecerá a exposición pública hasta el 7 de noviembre. Incorpora otra novedad para los consumidores acogidos a ella. En la factura aparecerá un nuevo concepto: el de financiación del bono social. De este modo, estos clientes empezarán a pagar ese mecanismo, del que disfrutan casi dos millones de hogares con rentas muy bajas y que les proporciona descuentos que, en la actualidad y de forma temporal, van entre el 60 % y el 70 % en el consumo de electricidad.
Desde hace unos meses, y como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo que anuló el anterior sistema de financiación del bono, todos los sujetos del sector eléctrico que participan en las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica, incluyendo la producción, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como por los consumidores directos en mercado están obligados a correr con los gastos de esos descuentos. También las comercializadoras que ofrecen la tarifa regulada, por eso empezarán a repercutir ese coste a sus clientes en las facturas, aunque para ello antes tenía que autorizarlo el Gobierno y eso es lo que hace a través de este real decreto.
Los clientes de mercado libre ya abonan ese concepto en sus recibos y ahora también se sumarán los del regulado.
Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha fijado el importe de esa financiación en 11,15 euros al año, unos tres céntimos al día que cada comercializadora tendrá que pagar por cliente.
