Estas son las medidas con las que Bruselas espera reducir la factura energética
ECONOMÍA
Aplaza la imposición de un precio máximo al gas que compra la UE por la presión de Noruega y Estados Unidos
15 sep 2022 . Actualizado a las 05:00 h.«Lo que nos espera no será fácil, ni para las familias ni para las empresas [...] Esta no es solo una guerra contra Ucrania. Es una guerra contra nuestra economía y nuestros valores. Contra nuestro futuro», advirtió en su discurso sobre el estado de la Unión la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen. La alemana presentó el plan de emergencia para intervenir el mercado de la electricidad, aliviar las facturas y prepararse para un invierno que se presenta duro. Sobre la mesa: un límite al precio de la luz, objetivos de reducción del consumo y un impuesto «solidario» a petroleras y gasistas. El gran ausente: el tope al precio del gas importado.
¿Qué plan hay para reducir la demanda?
Bruselas ha marcado a los países dos objetivos. El primero exige, de forma general, reducir todo el consumo, a través de campañas informativas en las que se enseñe a los hogares cómo reducir la factura. El segundo requerirá reducir el consumo de electricidad de forma obligatoria un 5 % en las horas puntas del día, un volumen equiparable al 10 % del consumo energético mensual de cada país hasta el 31 de marzo.
¿Cómo se limitará el precio de la electricidad?
Bruselas ha optado por fijar un tope de 180 euros al megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista —en algunos países llegó a superar los 600 a finales de agosto—. Pero este límite solo se aplicará a la electricidad que generen las tecnologías que no utilizan gas: la eólica, solar, hidráulica, el carbón y la nuclear, que están cobrando la energía muy por encima de sus costes de producción. Con esta maniobra, la Comisión limitará los beneficios extraordinarios que están obteniendo las energéticas al vender esa electricidad como si la hubieran generado con gas —su precio está por las nubes—. Los países tendrán la posibilidad de bajar incluso un poco más ese techo, si lo consideran justificado.
¿Afectará a España?
España y Portugal —islas energéticas porque apenas están conectadas a la red europea— ya disponen de un sistema propio desde el 15 de junio. Hasta el 31 de mayo del 2023 podrán limitar el precio de la electricidad, pero de distinta manera.
El bautizado como mecanismo ibérico se aplica al precio del gas que las plantas de ciclo combinado emplean para generar electricidad. La diferencia entre lo que les cuesta comprar el hidrocarburo y lo que cobran en el mercado se les compensa —la cifra fluctúa diariamente—. ¿Qué ganan los consumidores a cambio? Un ahorro de 2.300 millones de euros, desde su puesta en marcha hace tres meses. Sin él, la electricidad sería un 20 % más cara. Y eso se debe a que en el mercado, es la última tecnología en abastecer la demanda la que marca el precio al que cobran todas las demás. Y la última en entrar es siempre la más cara: el gas. Si su precio está limitado, el resto de tecnologías también verán reducida su retribución que, en lugar de situarse en los 180 euros que ha fijado Bruselas, ha rondado entre los 140 y 150 euros hasta el momento. «Los países podrán seguir con sus sistemas de topes si así lo desean, como es el caso de España», confirmó la comisaria de Energía, Kadri Simson.
¿Quién tendrá que pagar el impuesto «solidario»?
Las petroleras, gasistas, empresas del carbón y sectores dedicados al refinado. La tasa —como mínimo del 33 %— se aplicará solo a las ganancias del 2022 que superen en un 20 % la media de los beneficios anotados en los últimos tres ejercicios fiscales.
¿Qué se va a hacer con el dinero recaudado?
El Ejecutivo comunitario calcula que la UE recaudará en su conjunto más de 142.000 millones de euros —117.000 millones de ahorro con el tope a la luz y 25.000 millones con el impuesto «solidario»—.
La primera partida deberá destinarse a compensar a los consumidores finales que reduzcan su consumo, ayudas directas, compensaciones a las comercializadoras que suministran electricidad por debajo del precio de coste debido a los contratos en vigor e inversiones en renovables. No obstante, su recaudación puede ser objeto de disputas. Y es que, según consta en la propuesta, todos los países deberán firmar acuerdos con sus vecinos antes del 1 de diciembre para determinar cómo se reparten los ingresos extraordinarios resultantes del tope al precio de la electricidad —esta se importa y exporta de un país a otro en función de la demanda y la disponibilidad de fuentes de generación de cada territorio—.
«Unos países se beneficiarán más que otros, así que la mayor parte de los ingresos deben recaer donde se paguen precios más altos por la electricidad», sugirió el comisario para el Pacto Verde, Frans Timmermans, quien niega que la medida sea ilegal: «Los beneficios que obtienen van mucho más allá de lo que habían imaginado cuando las empresas hicieron planes de inversión. No les estamos recortando beneficios porque no los habían planificado», explicó el holandés.
Los ingresos procedentes del impuesto «solidario» se podrán gastar en medidas de apoyo al consumidor, reducción de la demanda, ayudas a las industrias electrointensivas —siempre que sea para descarbonizar su producción—, y autoconsumo. Los países también deberán asignar una parte de esa recaudación a proyectos transfronterizos vinculados a energías renovables —un marco en el que, por el momento, no cabe el gasoducto MidCat, que debía conectar la Península con Centroeuropa y que Francia bloquea desde hace años—.
¿Habrá un techo al precio del gas importado?
Por el momento, no se ha incluido en la propuesta de la Comisión porque no hay consenso. Aunque los ministros de Energía apoyaron el pasado día 8 la imposición de un techo al precio mayorista del gas importado, la Comisión Europea ha frenado esa posibilidad por la presión de sus proveedores y «aliados», como Noruega, Estados Unidos, Argelia o Azerbaiyán, quienes proporcionan el gas y gas natural licuado (GNL) con el que la UE ha logrado rebajar la dependencia del hidrocarburo ruso del 40 al 9 %. Von der Leyen ha asegurado que están negociando con ellos «cómo reducir de forma razonable el precio del gas», para no tener que recurrir al tope.
¿Por qué se adoptan las medidas?
Para poner freno a la crisis energética de Europa. Los precios de la electricidad en el mercado mayorista se han disparado, impulsando al alza la factura de hogares y empresas. En algunos casos se han llegado a quintuplicar, poniendo en riesgo el suministro —han quebrado comercializadoras— y la competitividad de la industria europea, que no puede asumir los sobrecostes. Detrás de esta escalada hay varios factores: un mercado eléctrico obsoleto, cortes en el suministro del gas ruso, paralización de buena parte del parque nuclear, el cierre de viejas plantas o la reducida generación hidroeléctrica que ha acarreado la sequía y el exceso de demanda que han generado las olas de calor este verano.
¿Qué plazos se han fijado?
El paquete de medidas deberán entrar en vigor antes del 1 de diciembre de este año a más tardar. Para esa fecha ya deberán estar en funcionamiento los planes nacionales para reducir el consumo energético y el techo de 180 euros por megavatio hora al precio de la electricidad no generada con gas, que se prolongarán hasta el 31 de marzo del 2023. No obstante, la Comisión Europea podría extender una prórroga si, tras la elaboración de un informe de situación, determina que siguen siendo necesarias.
Los países tendrán hasta el 31 de diciembre para activar el impuesto solidario sobre las energéticas.
Todavía no se sabe la fecha exacta de entrada en vigor de esta regulación porque aún tendrá que superar la evaluación de los ministros de Energía el próximo día 30 de septiembre y ser aprobada por mayoría cualificada —el 55 % de los Estados miembro, que deben representar al 65 % de la población de la UE, deben votar a favor—.
