El presidente de la Xunta avisa que tiene «moitas cousas pouco pensadas»
04 ago 2022 . Actualizado a las 21:13 h.El decreto del Gobierno para fomentar el ahorro energético tiene «moitas cousas pouco pensadas», incluye medidas «surrealistas» y «cosméticas», por lo que «non vai ser eficaz». El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, expuso este jueves con claridad su opinión sobre una norma que conoció, como las demás comunidades autónomas, «pola rolda de prensa» que dio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No se negoció nada con esas administraciones, añadió Rueda, aunque son ellas las que deben aplicarlo.
Rueda, al igual que los responsables del Gobierno vasco, señaló que será difícil controlar que se cumple gran parte de la normativa. «Non teño a fórmula para dicir como se controla que en cada domicilio particular poñen a calefacción á temperatura que quere Pedro Sánchez», ironizó el presidente gallego. Sus palabras casi fueron un eco de la queja lanzada esta misma semana por el Gobierno vasco: «La Ertzaintza no se va a dedicar a controlar termómetros ni si las puertas de un bar están o no abiertas».
Rueda se mostró seguro de que la normativa sería menos confusa e incluiría medidas más viables si su aplicación dependiese del propio Gobierno central, que lo ha redactado. «Se a responsabilidade do control recaera sobre eles igual o pensaban dúas veces», señaló. Pero ese no es el caso y, pese a las críticas, el titular de la Xunta subrayó que acatarán el decreto y harán «o posible» para aplicar su contenido.
El plan propio de Galicia
Incluyó entre las medidas viables el control de la temperatura o el cierre de puertas en los edificios de la Xunta. Aunque añadió: «Parece que o Goberno central acaba de descubrir a necesidade da eficiencia enerxética», y recordó que el Ejecutivo gallego ha invertido durante los últimos cinco años más de 70 millones en ese tipo de medidas. En esa línea, mostró su comprensión hacia el lendakari, Íñigo Urkullu, que ha manifestado que el País Vasco tiene sus propios planes para el ahorro de energía, «e nós tamén», subrayó Rueda.
En cuanto al articulado que sea «materialmente imposible» de cumplir, el presidente de la Xunta avanzó que preguntarán al Gobierno «como o hai que facer e con que medios».
Ante nuevas preguntas de la prensa, añadió que le gustaría que el presidente del Gobierno explicase «como hai que facer para controlar que en cada domicilio se produce o cumprimento das medidas». En realidad, las limitaciones aprobadas no afectan a los particulares, sino solo a empresas.
La postura de Rueda de acatar el cumplimiento del decreto contrasta con la de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, que anunció hace días que la normativa no se aplicará allí. Preguntado el respecto, el jefe del Ejecutivo gallego se remitió a las palabras del vicepresidente madrileño, Enrique Ossorio, para mostrar su seguridad de que esa comunidad sí lo acatará, aunque el Gobierno de Ayuso plantee recurrirlo al Constitucional. Finalmente, el presidente gallego relacionó los problemas del decreto con el conjunto del proceso de transición energética y descarbonización impulsado por el Gobierno central. Rueda señaló que la transición tendría que haberse llevado a cabo con «medidas racionais», que evitasen la clausura prematura de las centrales térmicas gallegas o que condujesen al cierre de Alcoa, como ha sucedido.
El Gobierno podrá requerir a las comunidades autónomas que apliquen el plan de ahorro energético y, si fuera necesario, emprender las acciones judiciales que estime oportunas en caso de que no actúen correctamente o se opongan. Lo explican así fuentes jurídicas consultadas por Efe, que insisten en que las comunidades están sujetas al cumplimiento de la ley hasta que su eficacia no haya sido suspendida por un recurso de inconstitucionalidad.
Madrid busca vías para no sancionar: «Basta con apagar diez segundos el escaparate»
Miguel Ángel Alfonso
Mientras el Gobierno insiste en que las medidas de su plan son «más ligeras y menos intrusivas» que las que se están planteando en otros países europeos, crecen las dudas entre las comunidades autónomas por las lagunas que lo rodean. Una vez que asumen que tendrán que acatarlas, algunas autonomías como Madrid denuncian «fallos» en la redacción de la norma que la hace «inaplicable desde el punto de vista sancionador» o que, directamente, «incumple» los convenios de hostelería y comercio «que indican que no puede haber más de 25 grados en el puesto de trabajo». Si hace cuatro días, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, iniciaba una polémica con su intención de no aplicar el decreto, ayer su vicepresidente, Enrique Ossorio, admitió que cumplirán. Sin embargo, abrió la puerta a aprovechar las lagunas en la norma para eludir el régimen sancionador. «Si la ley no dice cuánto tiempo se tienen que mantener apagados los escaparates y un comerciante lo apaga durante 10 segundos, está cumpliendo la ley y no va a poder ser sancionado, porque el régimen sancionador es lo que dice la ley», señaló. Otras autonomías como Andalucía, Galicia, Murcia o Castilla y León, todas del PP, siguen esperando el informe de sus letrados para decidir si, pese a acatar la norma, la recurren al Tribunal Constitucional.
El presidente andaluz, Juanma Moreno, ya se desmarcó el martes de la guerra iniciada por Ayuso, aunque este jueves su consejera de Empleo, Rocío Blanco, reconocía que el plan de ahorro «carece de la solidez necesaria» y criticó, como han hecho numerosas voces en el Partido Popular, la «falta de diálogo con las comunidades autónomas» por parte del Gobierno.
«Puede haber apagones» En cambio, en otros territorios como Baleares han sido más precoces en aplicar este plan de ahorro energético. La sede de la presidencia insular ya apagó este jueves su iluminación exterior mientras la jefa del Ejecutivo autonómico, Francina Armengol, del PSOE, criticaba duramente a Ayuso por su resistencia a cumplir con las medidas. El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón, dio también órdenes para apagar la sede de la Presidencia de la comunidad por las noches, resaltando la importancia de cumplir con las normas incluidas en el plan de ajuste energético impulsado por el Gobierno central. «Si ahora no controlamos el consumo energético, en otoño e invierno puede haber apagones», advirtió.
Extremadura, Canarias, Navarra, La Rioja, la Comunidad Valenciana, Cantabria o Aragón acatarán también el plan de ahorro pese a las dudas actuales. El presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, por su parte, ya anunció que no iniciará «una guerra competencial».
