El Gobierno tendría que subir las pensiones y los sueldos públicos por decreto en caso de tener que prorrogar las actuales previsiones económicas
10 jul 2022 . Actualizado a las 05:00 h.«No hay plan B». Es el mensaje del PSOE para dejar claro que el 2023 llegará con unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Fuentes del Ministerio de Hacienda confirman que prevén aprobar el techo de gasto «antes de que termine julio». Ese sería el primer paso para acelerar unas negociaciones de alta tensión, en las que el choque entre los socios de coalición ha quedado patente tras la convocatoria por parte de Yolanda Díaz de una reunión urgente de la comisión del pacto de Gobierno, después de aprobarse un crédito de 1.000 millones para Defensa.
Las posturas con Unidas Podemos están más que alejadas. Y la idea de una prórroga presupuestaria ya no resulta descabellada, en un momento en el que el impacto de la inflación sobre la revalorización de las pensiones y los salarios públicos complicará también el apoyo de los distintos grupos al plan del Ejecutivo.
Desde Hacienda insisten en que las previsiones «se aprobarán en tiempo y forma». Pero el reloj corre y, de no alcanzar un pacto en el plazo legal —un borrador a finales de septiembre—, el Gobierno se vería abocado a una prórroga. Una situación recogida en la Constitución que no conlleva sanciones de Bruselas. «Tampoco se perderían los fondos europeos», confirman fuentes consultadas. «Las partidas están asignadas y el desembolso, sujeto al cumplimiento de determinados hitos, aunque habría que ver cómo se establece técnicamente sin unos nuevos Presupuestos», indican.
Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, explica que el gran problema sería la débil imagen institucional que ofrecería España en un año en el que, además, asumirá la presidencia de la UE. «2023 también es año electoral e interesa dar imagen de estabilidad; eso pasa por contar con nuevos Presupuestos, el principal instrumento de política económica de un Gobierno», explica. No sería la primera vez que se prorrogan. En el 2012, 2017 y el 2018 se extendieron los presupuestos del ejercicio anterior y luego se aprobaron a mitad de año. Y en el 2019 (con dos elecciones generales) y el 2020 (con la pandemia) se usaron los de 2018. «Como se hizo entonces, el Gobierno tiraría de decretos leyes para ir manejando las cuentas públicas, sobre todo en materia de revalorización de las pensiones y de salarios de los funcionarios», indica Pich.
«No sería creíble»
Pero eso no significa que haya vía libre. Sobre todo porque «la prórroga derivaría en un documento que no sería creíble en un contexto económico distinto al que existía cuando se aprobaron las cuentas para este ejercicio». Es decir, las partidas de gasto por decreto tendrían que medirse al milímetro. Cuando se aprobaron los Presupuestos del 2022, el Gobierno estimaba que la economía crecería un 7% este año, con una inflación al 1,6 % de media. La nueva previsión tras el golpe de la guerra apunta a un crecimiento del PIB del 4 %, con una inflación media del 7,2 %. Es precisamente la escalada de la inflación y su efecto sobre impuestos como el IVA o el IRPF la que otorga cierto margen para acometer mayores gastos este año y para el 2023. Y es que, pese a la desaceleración, la recaudación tributaria se ha disparado un 19 % hasta mayo: 97.096 millones, según los últimos datos. Es la cifra más elevada para el período de toda la serie histórica e implica 15.558 millones más frente a enero-mayo del 2021. Es decir, cubriría el coste de la inversión para las medidas anticrisis.
No obstante, los expertos coinciden en que ese impacto extra por la inflación es temporal, por lo que el Ejecutivo no debería plantear su hoja de ruta con ese colchón. Al menos si quiere ofrecer credibilidad a las cuentas con las que debería reducir el déficit al 3,9 % en el 2023, según pactó con Bruselas.