Nadia Calviño y otros miembros del Ejecutivo criticaron las correcciones a la baja del crecimiento económico realizadas por el organismo
28 jun 2022 . Actualizado a las 10:40 h.El presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Juan Manuel Rodríguez Poo, comunicó ayer a su equipo directivo que dimite del cargo, esgrimiendo para ello motivos personales que no llegó a concretar. La noticia, sin embargo, coincide en el tiempo con varias informaciones que se venían sucediendo en los últimos días relativas a una remodelación de este organismo público que estaría preparando el Ministerio de Economía, del que depende, tras las críticas vertidas por su propia responsable. Nadia Calviño, y otras voces del Gobierno contra las últimas mediciones económicas del INE que habían corregido a la baja cálculos anteriores del Ejecutivo.
Este fin de semana pasado habrían existido varias reuniones de alto nivel relativas a este delicado asunto, según adelanta el diario ABC, que confirma que la renuncia fue trasladada por el propio interesado a sus colaboradores vía correo electrónico. La decisión del sustituto de Rodríguez Poo corresponde a Calviño, ya que es un cargo de libre designación por parte de la vicepresidenta primera y titular de Economía, además de que su mandato tampoco tiene un plazo fijo. Algunas fuentes apuntan que el elegido podría ser Israel Arroyo, ex secretario de Estado de Seguridad Social, aunque desde el ministerio referido se señala que aún no hay ningún nombre elegido. Legalmente debe ser una «persona de reconocida competencia en materias relacionadas con la actividad estadística pública». El proceso «se espera cerrar en las próximas semanas».
Aunque el ya expresidente del INE no lo ha dicho públicamente, detrás de su marcha estaría presumiblemente el creciente cuestionamiento del Gobierno hacia parte de su trabajo. Por ejemplo, a las revisiones a la baja que ha hecho de la marcha del crecimiento económico a través de la estadística sobre el Producto Interior Bruto (PIB). No obstante, diferentes expertos sí venían coincidiendo en la necesidad de estudiar una revisión de los componentes con los que se conforma la evolución periódica del PIB, a fin de dar mayor peso a cuestiones como el crecimiento del empleo creado o la evolución de la recaudación impositiva para las arcas públicas.
En la misma línea también estaban en cuestión algunas de las mediciones que hace el INE respecto a la evolución de la inflación y, más en concreto, como se recogía en el índice de precios de consumo (IPC) la marcha de los precios de la electricidad. Y es que dicho indicador solo contempla las facturas del mercado regulado (PVPC), mientras que desde el propio sector y el Ejecutivo se reclamaba que se incluyesen también las referencias del mercado libre. De hecho, se había abierto un proceso de estudio a ese respecto para tratar de modificar la estadística del IPC.
Cuestionamiento político
Pero lo que ha molestado en el seno del INE, según diferentes fuentes, ha sido el cuestionamiento político. En ese sentido, la Asociación de Estadísticos Superiores del Estado había emitido un comunicado severo tachando de «ataque» las criticas del Gobierno hacia la labor del instituto en los asuntos referidos. Señalan incluso que ha puesto «en riesgo el elevado crédito» del organismo público y defienden que su metodología estadística es «rigurosa, pública y está avalada por la Oficina de Estadística de la Unión Europea», con cuyos datos se integra para facilitar las comparaciones entre todos los Estados miembros.
El departamento de Calviño, por su parte, lanzó a última hora una nota de prensa donde solo hablaba de «relevo» en la presidencia del INE y aducía «motivos personales» de Rodríguez Poo que nadie ha precisado. En todo caso, situaba el cambio de dirección en este instituto en consonancia con la política del Gobierno que ha logrado aprobar hace poco una modificación de la Ley de la Función Estadística Pública y que en las próximas semanas llevará al Consejo de Ministros un nuevo Estatuto para el INE que, entre otras cosas, «facilitará la utilización de nuevas fuentes de información basadas en registros administrativos y 'big data'». Con ello, añade, se mejorará «la calidad» de las estadísticas, se «reforzará su fiabilidad» y también se «ahorrarán costes» reduciendo la carga de respuestas para las empresas y los ciudadanos.