Bruselas avala el segundo desembolso de 12.000 millones a España

Cristina Porteiro
C. Porteiro REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

STEPHANIE LECOCQ | EFE

La Comisión Europea pone en cuestión la reforma de las pensiones, comprometiendo próximos pagos

27 jun 2022 . Actualizado a las 23:27 h.

La Comisión Europea ha emitido este lunes su valoración favorable al desembolso del segundo tramo de ayudas a España en el marco del Plan Europea de Recuperación y Resiliencia. Serán 12.000 millones de euros que se sumarán a los 19.000 que ya ha recibido el país (9.000 millones en prefinanciación y 10.000 del primer sobre). 

Las autoridades europeas consideran que se han cumplido los 40 hitos y objetivos establecidos en los planes de reformas e inversiones comprometidos por el Gobierno español, entre ellos los cambios en la supervisión de las licitaciones en el ámbito de la contratación pública, el refuerzo de las inspecciones fiscales, que «han permitido mejorar la recaudación de impuestos y mejorar las finanzas» el pasado año, y los cambios introducidos en la reforma laboral: simplificación de contratos, coto a los abusos en la temporalidad y las subcontratas, modernización de la negociación colectiva y el despliegue del mecanismo RED de empleo, que permite a las empresas reducir las horas de trabajo cuando se produce un shock sectorial o en el conjunto de la economía, extendiendo prestaciones a los trabajadores e incentivos a las empresas para que ofrezcan formación a sus empleados.  

En el ámbito de las pensiones, el Gobierno también ha tenido que alcanzar dos hitos. El primero tiene que ver con la revalorización automática de las pensiones a la evolución de la inflación, para evitar la pérdida de poder adquisitivo. Una reforma que las autoridades españolas estiman que tendrá un impacto fiscal del 2,7 % del PIB en el 2050. Es decir, un sobrecoste de 33.750 millones de euros respecto a las cuentas actuales. 

El segundo, con la introducción de incentivos para prolongar la vida laboral, con sanciones para quienes decidan abandonar antes de tiempo. 

Sostenibilidad de las pensiones en duda

El tercer tramo de ayudas (6.000 millones de euros a desembolsar antes de diciembre) deberá incorporar otras reformas encaminadas a garantizar la sostenibilidad de las pensiones, como el nuevo sistema de cotización de autónomos, que tantos problemas le está acarreando al ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. Pero el reto llegará a final de año.

Por esas fechas, la Comisión Europea hará una valoración global de la reforma de las pensiones y, si como ocurre en la actualidad, considera que no garantiza la sostenibilidad del sistema, podría bloquear parcialmente el cuarto tramo de ayudas (10.000 millones de euros antes de junio del 2023)

Según ha podido saber este diario, existen importantes divergencias entre Bruselas y el Ejecutivo español en torno al coste del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) desplegado por Escrivá para sustituir el controvertido factor de sostenibilidad, introducido en la última reforma laboral del Partido Popular (PP) para vincular las pensiones a la evolución de la esperanza de vida. Donde el ministro ve un impacto neutro, la Comisión anticipa un aumento del gasto significativo: «Las autoridades españolas han estimado que reemplazar el factor de sostenibilidad por el mecanismo de equidad intergeneracional podría ser fiscalmente neutro, pero los servicios de la Comisión consideran que probablemente conduzca a un aumento significativo en el gasto público respecto al PIB a lo largo de los años. Sería necesario abordar el riesgo de que surja una brecha fiscal significativa», reza el informe de evaluación publicado este lunes. 

De hecho, el equipo económico del Ejecutivo comunitario está preocupado por el rumbo que está tomando la reforma, que abordarán a finales de año. También inquieta el incremento del gasto corriente que supondrá vincular las pensiones a la evolución del IPC

A pesar de esas reservas, Bruselas ha avalado el desembolso del segundo tramo a la espera de que el Gobierno apruebe nuevas normas para compensar los desfases fiscales, ya que considera que el aumento progresivo de la edad de jubilación solo compensará parcialmente la revalorización automática de las prestaciones. Existe el riesgo de que aumente significativamente el déficit entre lo que se gasta en pensiones y lo que ingresa el Estado por la vía de las contribuciones.