El Gobierno tendrá que subir impuestos o bajar pensiones en las cuentas del 2023
ECONOMÍA
El ajuste podría alcanzar los 21.300 millones con las previsiones de Bruselas
24 jun 2022 . Actualizado a las 10:48 h.Al igual que ocurrió con los Presupuestos Generales del Estado para este año, el Gobierno confía en sus expectativas de crecimiento, enfriadas por los principales organismos internacionales, para aguantar hasta el final de la legislatura sin tener que aprobar medidas impopulares, como una subida de impuestos o recortes en las pensiones.
Aunque lo más probable es que la suspensión de las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad —obligan a mantener la deuda pública en el 60 % y el déficit por debajo del 3 %— se prolongue al menos un año más, tal y como sugirió Bruselas, lo cierto es que esa tregua no eximirá a España de apretarse el cinturón.
Tal y como consta en las últimas recomendaciones de la Comisión Europea, ratificadas por el Consejo, el Gobierno deberá garantizar en el 2023 «una política fiscal prudente, particularmente limitando el crecimiento del gasto corriente por debajo del crecimiento potencial [de la economía] a medio plazo». ¿Qué implica en términos presupuestarios? Según apuntó esta semana la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), obligará a reducir el año que viene el déficit público —saldo entre lo que ingresa y lo que se gasta el Estado— del 3,9 % previsto por la Moncloa en su Plan de Estabilidad, al 2,7 %. En euros, son casi 15.100 millones. Eso, claro, en el supuesto de que se cumplan las previsiones del Gobierno, porque Bruselas cree que el país cerrará el 2023 con un déficit más alto, del 4,4 %, lo que obligaría a otro recorte adicional de 6.200 millones. La factura total ascendería el año que viene a 21.300 millones de euros.
¿Cómo se tapa un agujero de tales dimensiones? Hay que aclarar que la Comisión no extiende a los países una lista con las partidas de gasto que hay recortar o los impuestos que hay que subir, pero sí señala las vías de agua por donde se va el dinero. En el caso de España, Bruselas aboga por mantener ayudas públicas mientras persistan los problemas energéticos, aunque critica que las medidas de apoyo aprobadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, cuyo coste cifra en 4.800 millones de euros para este año, no se hayan acotado, excluyendo a las rentas más altas de entre los beneficiarios de la bajada del IVA, el tope al gas y los descuentos a los carburantes.
Senda de ajustes
¿Cómo debería el Gobierno español encarar el ajuste? Hay que distinguir entre las inversiones públicas —que estarán financiadas con ayudas de la UE procedentes del fondo de recuperación Next Generation EU a cambio de reformas— y el gasto corriente. Bruselas recomienda mantener abierto el primer grifo: «La respuesta fiscal debe expandir la inversión pública en la transición verde y digital y la seguridad energética, sostener el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables, amortiguando el impacto del aumento de los precios de la energía».
No dice lo mismo del segundo grifo de gasto, donde se incluyen las pensiones. Sugiere que en los Presupuestos del 2023 se incluya un plan que garantice la sostenibilidad fiscal de las cuentas y una «reducción gradual y creíble de la deuda». ¿Cómo? «A través de una consolidación gradual, inversiones y reformas». Algo urgente, porque los intereses de la deuda empiezan a repuntar con la retirada progresiva del Banco Central Europeo (BCE).
Pero para saber qué partidas habrá que tocar hay que pasar revista a las reformas comprometidas en el plan de recuperación, que garantizan el desembolso de dinero europeo a cambio de emprender reformas.
Y da la casualidad de que el ajuste de 21.300 millones de euros que tendría que acometer España coincide en el calendario con la culminación de la reforma de las pensiones y la reforma fiscal —que deberá estar lista a comienzos del 2023—. En esos dos terrenos la Comisión se ha pronunciado en reiteradas ocasiones para cuestionar la estrategia del Gobierno. No ve con buenos ojos la revalorización de las prestaciones de los jubilados, vinculándolas directamente al índice de precios de consumo (IPC), una medida que exigirá una derrama de entre 14.000 y 16.000 millones de euros el año que viene, según cálculos del Banco de España. Es más, si no hay una alternativa al derogado factor de sostenibilidad —ajustaba la subida de la pensión a la esperanza de vida—, los desembolsos previstos para el año que viene podrían quedar en el aire.
La tributación ambiental, el otro gran escollo que pone en aprietos al Ejecutivo español
El desfase fiscal obligará al Gobierno a buscar fuentes alternativas de ingresos que no se limiten al crecimiento inercial de la economía, si no quiere tirar solo de tijeras. Y eso supone aumentar impuestos. No es una petición nueva, desde luego. Bruselas ha pactado con el Gobierno español un calendario para la reforma fiscal, que deberá eliminar multitud de bonificaciones ineficaces, repartir mejor el esfuerzo tributario entre rentas y aumentar las tasas medioambientales. España es el cuarto país de la Unión Europea (UE) que menos recauda de quienes contaminan, según Eurostat.
No obstante, en un contexto de crisis energética, el Ejecutivo central podría tener la tentación de aprovechar que las reglas fiscales seguirán en suspenso el año que viene —no le podrán penalizar si sus cuentas descarrilan— para aplazar al 2024 los grandes ajustes, una vez pasen las elecciones. Algunas maniobras apuntan en esa dirección. El calendario del plan de recuperación obligaba al Ejecutivo español a tener listo el sistema de peajes en autovías antes de finalizar el mes de junio y tomar una decisión sobre el futuro de la bonificación al diésel, con los tambores de huelga de transportistas de telón de fondo. «La ausencia de una estrategia fiscal a medio plazo resulta especialmente preocupante en el actual escenario macroeconómico», advirtió recientemente la AIReF. El organismo teme que en ausencia de reformas estructurales que limiten el déficit por la vía de los ingresos y los gastos, la deuda comience una senda alcista en el 2025, una vez que se agote el crecimiento inercial y se diluya el impacto de los fondos europeos. Por el momento, la subida de los tipos de interés que se cobran por prestar a España supondrá un sobrecoste acumulado de 32.000 millones de euros en el 2025.
