Transportistas gallegos afrontan divididos la amenaza de un nuevo paro parcial en julio
ECONOMÍA
La flota no descarta amarrar si sigue subiendo el precio de los carburantes
18 jun 2022 . Actualizado a las 15:10 h.Los transportistas gallegos vuelven a estar divididos en torno a la posibilidad de convocar un nuevo paro ante la subida sin freno del precio de los carburantes. El malestar se extiende por todo el sector, pero no todos están decididos a sumarse a nuevas movilizaciones en el mes de julio, como ha puesto sobre la mesa la principal plataforma que lideró las protestas del mes de marzo, ocasionando pérdidas multimillonarias.
En declaraciones a Europa Press, el secretario general de la Federación Galega de Transporte de Mercadorías (Fegatramer), Carlos García Cumplido, avisa de que «sería un error» volver al bloqueo. Esta entidad, que es mayoritaria en el Comité Gallego de Transportes en Galicia y aglutina al 40 % del sector de mercancías en la comunidad, no apoyó el paro de dos semanas que se produjo el pasado mes de marzo, pero se vio afectado por los piquetes vinculados a otras asociaciones.
Sin embargo, la secretaria general de la Asociación Empresarial de Transporte de Mercadorías por Estrada de Galicia (Apetamcor), Miriam Otero, la principal asociación que apoyó los paros en Galicia en marzo, apunta que todavía no pueden valorar si respaldarán nuevas protestas, pero deja claro que, «ante esta situación, cualquier cosa puede pasar». Por ello, urge al Gobierno nuevas medidas para atajar esta escalada de precios con lo que evitar la vuelta a los bloqueos.
Esta misma semana, el presidente de la asociación de empresarios del transporte Asociación Empresarial Transportes Río Miño (Aetram) en Lugo, Diego Arias, aseguraba que, con el precio del carburante disparado, «ahora mismo es inviable trabajar». Todo ello, en una semana en la que el litro del diésel, el que utilizan la inmensa mayoría de los camiones, está por encima de los 2 euros de forma generalizada en las gasolineras gallegas.
Medidas urgentes
En lo que sí coinciden todos los transportistas gallegos es en urgir medidas a las Administraciones para atajar la subida de los combustibles y la inflación generalizada, que es todavía mayor en Galicia (casi en el 10 %) que en la media española.
García Cumplido indica que la situación es «muy complicada», puesto que la bonificación de 20 céntimos por litro «no surtió el efecto previsto», dado que fue «absorbida por el incremento» que se produjo. De tal forma, indica que están «prácticamente en la misma situación de marzo, con el combustible disparado», a lo que se unen otros factores como escasez de materias primas e inflación acusada.
No obstante, el representante de Fegatramer recuerda que no secundaron el pasado paro porque «no aportaba nada», «por el contrario supuso un sacrificio especialmente importante» para las empresas de transporte más pequeñas, pues en esa situación de huelga «no pueden hacer frente a gastos». «Lo veríamos totalmente fuera de lugar», sentencia sobre la posibilidad de ese tipo de movilización.
«Esto no quiere decir que creamos que los acuerdos resuelvan todos los problemas o que vaya al ritmo que nos gustaría», razona García Cumplido. Opina que las medidas específicas del Gobierno para compensar la subida del coste del diésel también tienen que combinarse con otras «de carácter macroeconómico para reducir la inflación».
Señala que entre las medidas acordadas en diciembre por el Ministerio de Transportes con el Comité Nacional del Transporte por Carretera todavía quedan desarrollar cuestiones como el reglamento de carga y descarga que «se está ahora mismo elaborando» en comisiones de trabajo, a lo que se suma el proyecto de ley para prohibir trabajar a pérdida, cuyo primer borrador ha sido presentado esta semana por el Gobierno.
La secretaria general de Apetamcor, Miriam Otero, incide en que «el Gobierno tiene que tomar medidas pero ya, no queda otra», advierte. «Espero que tome las medidas necesarias para paliar esta subida del gasoil que es insoportable, no solo para los transportistas, sino para empresas cargadoras que tampoco van a poder repercutir en sus productos», prosigue en su argumentación.
Otero no descarta nada, pero tampoco aclara cuál será la postura de su asociación, puesto que «el paro es una medida de necesidad del sector», «cuando la gente para es porque es una cuestión de necesidad». «No sabemos nada, en una situación de incertidumbre y volatilidad no es posible prever», «igual que era imposible prever una exagerada subida de gasoil después del paro que se hizo», apostilla.
«Indudablemente siempre que hay un paro los grandes perjudicados son los transportistas, que son los que más pierden, porque un paro patronal tienes que seguir parando al conductor, los impuestos, los seguros», «pero las cargadora también se ven perjudicadas», relata.
Posible amarre de la flota
Precisamente, durante estos días el presidente de la Federación Nacional de Cofradías y patrón mayor de Burela (Lugo), Basilio Otero, ha expuesto que el alto precio del gasoil está obligando a muchas embarcaciones a no salir a faenar y a permanecer amarradas a puerto.
De hecho, la Federación Nacional recaba los datos de consumo de las cofradías para intentar hacer una compra conjunta de gasoil. «Hemos hablado con Repsol, nos reunimos con ellos hace tres semanas y vieron con buenos ojos esta propuesta. Tenemos que saber cuántos litros vamos a consumir al mes y sentarnos con Repsol y Cepsa e ir al mejor postor», señala.
Sobre esta cuestión, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, avisó de que «los precios que tiene el gasoil están llegando a un momento en el que hacen inviable la explotación por parte de las embarcaciones pesqueras». Por ello, emplaza al Gobierno central a que «se tomen las medidas necesarias para evitar el paro en la flota».
Esta misma semana, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, así como la patronal gallega, han trasladado en sus encuentros con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la necesidad de que se implementen medidas ante la inflación disparada.
Por su parte, la CIG salió a la calle en Santiago para reclamar que los salarios se revaloricen respecto al IPC real, con un rechazo al denominado pacto de rentas.
