La Audiencia Nacional admite una nueva querella contra el expresidente y la consultora que avaló la operación
02 jun 2022 . Actualizado a las 12:23 h.El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga dos querellas por la ampliación de capital del Popular del 2012, independientes de la causa que instruye el magistrado José Luis Calama, que comenzó en octubre del 2017 con la admisión de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores del banco.
El pasado mes de abril, el juez Alejandro Abascal inició diligencias tras la presentación de una querella de Durán & Durán Abogados contra el expresidente de la entidad Ángel Ron y su entonces número dos, Roberto Higuera, por la ampliación del 2012, que posteriormente por reparto le correspondió a Pedraz.
Ahora, en un auto fechado el pasado 31 de mayo al que ha tenido acceso Efe, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 admite una nueva querella dirigida contra Ron, Higuera, PwC y el socio de la consultora José María San Oliva, a todos los cuales se les tomará declaración.
El juez pedirá al Banco de España los informes de seguimiento del Popular de los años 2010 y 2011, así como el folleto de la ampliación de capital del 2012, para determinar «si la información contable en ella expresada ofrecía la imagen fiel de la entidad y estaba libre de cualquier manipulación o deformación». También, las cuentas oficiales publicadas por el banco de los ejercicios 2010, 2011 y 2012, tanto las anuales, como las trimestrales y semanales, así como los informes intermedios, junto a los reajustes que en ellas se pudieran haber realizado, para determinar si la información contable en ella expresada ofrecía la imagen fiel de la entidad y estaba libre de cualquier tipo de manipulación o deformación.
Pedraz quiere que el Banco de España designe a dos inspectores para que analicen el folleto y la documentación de la ampliación, y que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aporte el expediente administrativo completo y elaborado para el registro de la operación.
Asimismo, requiere al Banco Popular -ahora Banco Santander, entidad que queda fuera de la querella si bien el juez se reserva «una posible responsabilidad civil subsidiaria»-, copia de las actas de reuniones del consejo de administración desde el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2012, así como copia del informe de auditoría de los años 2010, 2011 y 2012.
Todo ello es independiente de la investigación del juez Calama, que ha abierto dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ángel Ron por la ampliación de capital del 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Emilio Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.