Revalorizar las pensiones con el IPC subyacente ahorraría 4.400 millones
ECONOMÍA
Cambiar la referencia podría ser contraproducente a futuro, ya que se espera que la inflación general sea inferior el año que viene por la bajada de la energía
20 may 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Desde la Comisión Europea al Banco de España son muchas las voces que en las últimas semanas han advertido del riesgo de vincular la subida de las pensiones al IPC en plena crisis inflacionaria, la peor en más de cuarenta años. No tanto por el impacto que tendría en las cuentas del año que viene, sino porque ese incremento del gasto público no sería puntual, sino que se consolidaría y sumaría más presión a un sistema, el de la Seguridad Social, que arrastra un déficit permanente y que ha elevado su deuda en más de un 16 % solo el último año.
Un reciente estudio del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social, formado por investigadores de la Universidad de Valencia y de Extremadura, calcula que, con una inflación media del 7,2 % este año (un punto intermedio entre el 7,5 % que apunta la última previsión del Banco de España y el 7 % en el promedio del panel de Funcas), la revalorización de las pensiones costaría más de 10.800 millones de euros el año que viene. Eso, solo en el caso de las prestaciones contributivas que abona la Seguridad Social. Si se añaden las pensiones no contributivas y las de clases pasivas (funcionarios que no cotizaron al régimen general), la cuantía ascendería hasta los 12.334 millones.
Según el estudio, con el sistema actual cada punto de subida del IPC supondrá un coste adicional para el erario, en términos de revalorización de pensiones, de 1.713 millones (1.504 en pensiones contributivas, 182 en las de clases pasivas y otros 27 en las no contributivas). Y eso solo el año que viene. Porque durante el tiempo que vivan los pensionistas que reciban ese incremento el coste para el sistema será de 22.982 millones por cada punto de subida, lo que arrojaría un saldo de 165.472 millones si se aplica el alza prevista del 7,2 %.
Para tratar de reducir esa abultada factura, una de las soluciones que se ha puesto sobre la mesa es la de tomar como referencia para subir las pensiones el IPC subyacente, que excluye del cómputo los productos energéticos (electricidad, gas o combustibles) y los alimentos no elaborados (como carne o pescado fresco, entre otros), dos de los grupos de la cesta de la compra que más están subiendo de precio en los últimos meses.
Pacto de rentas
La idea, secundada por centros de estudios económicos como Fedea, ha sido replicada hasta por el gobernador del Banco de España, que aboga por subir solo con el IPC general las pensiones mínimas, incluyendo al resto de pensionistas dentro del pacto de rentas al que llama a empresas y trabajadores. Un pacto para el que propone la inflación subyacente como referencia para subir salarios y prestaciones.
¿Pero qué impacto tendría esa fórmula? De acuerdo al panel de Funcas, el IPC subyacente medio durante este año escalará al 4,6 %, casi seis veces por encima del del año pasado, porque el fenómeno inflacionista ya no está limitado al campo de la energía y se ha contagiado al conjunto de la economía (según el propio Banco de España, en dos de cada tres bienes y servicios los precios han subido más del 2 % en el último año). Pero esos dos puntos y medio de diferencia con el IPC general supondrían, tomando como referencia los cálculos del grupo de expertos, un ahorro de 4.450 millones el año que viene si se emplea el subyacente para subir las nóminas de los pensionistas. A largo plazo, durante toda la vida de estos, supondría un alivio del gasto de 59.750 millones.
En cualquier caso, economistas como José Antonio Herce, uno de los mayores expertos españoles en pensiones, advierten del riesgo de referenciar al IPC subyacente porque este indicador está muy expuesto a los efectos de segunda ronda de la inflación. De hecho, las previsiones de Funcas ya apuntan a que el año que viene la inflación general se situará en el 3,1 %, medio punto por debajo de la subyacente, ya que la primera se beneficiaría del descenso previsto en el precio de la energía. A su juicio la mejor referencia para actualizar las pensiones sería el IPC menos un diferencial que se fijaría cada año de forma discrecional, para que los pensionistas (al menos aquellos que tienen nóminas más altas) compartan parte del sacrificio que la situación impone al resto de la sociedad.
El Gobierno y los sindicatos garantizan que no habrá pérdida de poder adquisitivo
«No hay ninguna posibilidad de que las pensiones en el año 2022 no suban de acuerdo al IPC». Así de tajante y confiado se mostró ayer el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, cuando le preguntaron por su opinión acerca del informe del Banco de España que recomendó que las pensiones, «a excepción de las más bajas, no suban este año con el IPC para hacer frente a la escalada de precios». En este sentido, el líder sindical reclamó al gobernador, Pablo Hernández de Cos, que «respete las leyes de este país y a los ciudadanos», ya que ve «una falta de respeto» que apele a las soluciones más fáciles para hacer frente a una situación política compleja». «He echado en falta, cuando ha hablado del pacto de rentas, que hablara de los beneficios empresariales como si estos no fueran un factor generador de inflación», añadió.
En el Gobierno tampoco están muy por la labor de cambiar la ley apenas un año después de su aprobación. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, reiteró ayer que el Ejecutivo está «comprometido» con la indexación de las pensiones al IPC: «Nuestros mayores son los que más han sufrido la pandemia, es el momento de darles tranquilidad y apoyo». En la misma línea se pronunció el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que cargó contra la propuesta del Banco de España de introducir algún mecanismo automático que ajuste el importe de las pensiones en función de la salud financiera del sistema: «Está demostrado que las reglas automáticas tienden a fallar», dijo, defendiendo su mecanismo de equidad, que subirá las cotizaciones el año que viene para costear la jubilación del baby boom.
