La inflación golpea con más fuerza a los jubilados y a las familias de renta baja

G. Lemos REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

CAPOTILLO

El Banco de España avisa: subir las pensiones con el IPC forzará ajustes en el futuro

19 may 2022 . Actualizado a las 11:54 h.

Pese a que se ha moderado en las últimas semanas, gracias a la bonificación estatal del combustible y a la estabilización del precio de la luz, la inflación sigue marcando tasas desconocidas desde hace más de cuarenta años, con una tasa interanual del 8,3 % en abril (dos décimas por encima de la media de la UE, como confirmó ayer Eurostat). Un fenómeno, el del fuerte aumento del coste de la vida, que «ya ha tenido un impacto apreciable sobre la actividad económica, que se vería incrementado si este episodio se confirmara más intenso y persistente», como advirtió ayer el Banco de España en su informe anual de coyuntura, en el que concluye que la inflación está golpeando de forma muy desigual a hogares y empresas en función de su composición, fuente de ingresos o sector de actividad.

En concreto, el supervisor constata que los hogares con menor renta y aquellos en los que el cabeza de familia es jubilado soportaron un mayor incremento del coste de la vida que aquellos con una mayor nivel de ingresos o formados por personas en edad de trabajar. La razón hay que buscarla en las diferencias de los patrones de consumo, ya que en las familias de menos renta y las formadas por pensionistas se realiza un mayor gasto en bienes de primera necesidad, que son los que más se han encarecido.

Y es que el gasto en alimentación, electricidad, gas y combustibles supone un 24 % del consumo total de los hogares en el cuartil inferior de renta (esto es, los que se encuentran entre el 25 % de las familias con menos ingresos), mientras que en el 25 % con más renta suponen siete puntos menos. Ese es el motivo por el cual, según los cálculos del Banco de España, en el último año (entre abril del 2021 y el pasado marzo), los hogares del cuartil inferior de renta habrían soportado una tasa de inflación del 5,6 %, frente al 4,3 % de las familias con menos problemas para llegar a fin de mes.

Algo similar ocurre en las que el principal sustentador es mayor de 65 años, que soportan una subida del coste de la vida un punto superior a la del resto de los hogares. De ahí que el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, deslizara en su última comparecencia pública que el Gobierno sopesa emplear un IPC específico de los jubilados para usarlo como referencia para subir las pensiones mínimas por encima del resto.

Si desigual ha sido el impacto de la subida de precios, también lo es el de las rebajas fiscales aprobadas en los últimos meses. Si la de la luz beneficia más a las familias con menos ingresos (con una rebaja de la inflación de un punto, el doble que en aquellos hogares con más renta), la bonificación de la gasolina tiene el efecto contrario, rebajando un 0,35 % el incremento del coste de la vida para familias con menos recursos y más de un 0,6 % para las que llegan más que holgadas a fin de mes. Por eso, desde el supervisor consideran que la ayuda, en su configuración actual, supone un desperdicio de recursos, por lo que pide focalizarla más si se prorroga.

Ajustes en las pensiones

Pero si algo preocupa de la inflación al Banco de España es el efecto que podría tener que este episodio de incremento de precios, que empezó por los productos energéticos y que se ha generalizado (dos de cada tres productos han subido ya más de un 2 % en el último año), puede tener en el crecimiento económico si se cronifica y alimenta una espiral de subida de precios y salarios.

Por eso, insiste en reclamar un pacto de rentas entre empresas y trabajadores, en la que ambas partes asuman pérdidas (renunciando a márgenes las primeras y a cierto poder adquisitivo los segundos), y que debe incluir a los pensionistas.

En ese sentido, el supervisor solo ve justificado que se mantenga la vinculación al IPC de las pensiones mínimas, debiendo asumir el resto de pensionistas una pérdida de su poder adquisitivo. Si no lo hacen, advierte, serán otros, trabajadores y empresas, quienes deberán cargar con su parte del ajuste. Y lanza una advertencia de cara al futuro: si no se toman medidas en el corte plazo para evitar que se consoliden estas subidas con una inflación disparada, el incremento del gasto que acarreará el modelo en los próximos años, unidos a otro factor, el envejecimiento de la población, obligará a realizar futuros ajustes, «por el lado de los ingresos, de los gastos o de ambos».

El supervisor rebajará al menos medio punto la previsión de crecimiento

En su informe, el Banco de España advierte que el impacto de la inflación en el consumo, junto a los efectos de la guerra en Ucrania, se traducirá en una nueva rebaja de la previsión de crecimiento de la economía española en las próximas semanas, de al menos medio punto respecto a su anterior cálculo, que fue del 4,5 % (dos décimas por encima del cuadro macro presentado a finales de abril por el Gobierno).

«El crecimiento del PIB del primer trimestre fue, como consecuencia de la guerra, más moderado que el estimado en las últimas proyecciones del Banco. En ausencia de cualquier consideración adicional, el dato llevaría a una rebaja mecánica de aproximadamente medio punto porcentual en la tasa media de crecimiento del PIB del 2022», apunta el supervisor en su informe.

Menos IVA reducido

En el capítulo fiscal, el Banco de España aboga por revisar el sistema tributario en su conjunto, advirtiendo que solo la recaudación a través de imposición directa de la renta (el IRPF) está en línea con el resto de Europa, mientras que la de las empresas (sociedades) y consumo (IVA) están por debajo. En esa línea, apuestan por potenciar la imposición indirecta y reducir, como también propusieron la AIReF y el comité de expertos reclutado por el Gobierno para diseñar las bases de la reforma fiscal, la extensa lista de productos que en la actualidad se benefician de tipos de IVA reducidos (10 %) o superreducidos (4 %).

En el terreno medioambiental, el supervisor destaca que los «ambiciosos objetivos medioambientales» asumidos por España obligarán a «introducir nuevas medidas impositivas en la energía, los hidrocarburos y el transporte».