Pequeñas gasolineras gallegas, asfixiadas al no haber recibido todavía la liquidación del adelanto de abril

La Voz REDACCIÓN

ECONOMÍA

Santi M. Amil

Fegaes advierte de que muchas están al borde del cierre definitivo y en Galicia eso significará dejar sin suministro a amplias zonas rurales

18 may 2022 . Actualizado a las 20:28 h.

La Federación Gallega de Estaciones de Servicio (Fegaes) ha lanzado la voz de alarma sobre la crítica situación por la que atraviesa la gran mayoría de sus socios al no haber recibido todavía la liquidación de los 20 céntimos por litro que han adelantado en abril. Esto deja a las pequeñas estaciones de servicio de Galicia pone a las pequeñas «al borde del cierre definitivo», asegura Julio López, presidente del colectivo. López advierte de que, si ese riesgo se materializa, aparte de los puestos de trabajo directos e indirectos que se perderán, en Galicia «quedarán sombras de territorio en el suministro de carburante en el medio rural».

El caso administrativo y la asfixia económica que denuncia Fegaes no es un secreto. El propio Gobierno ha reconocido que «más de la mitad de las estaciones de servicio no han cobrado las bonificaciones que han debido adelantar a los usuarios», expresa la federación en una nota.

Las pequeñas estaciones de servicio recuerdan que manifestaron su disconformidad con el sistema elegido por el Gobierno desde el minuto uno, pues ya intuían los problemas de liquidez que tendrían por tener que actuar «como prestamistas del Estado, adelantando esos 20 céntimos por litro».

La agrupación no oculta su malestar con el Gobierno por insinuar, dicen, que son las gasolineras las que suben los precios, cuando es al revés, pues «las estaciones de servicio gallegas son el último eslabón y que sufren la escalada de precios tanto como los usuarios finales».

Asimismo reprochan la falta de concreción del decreto de medidas urgentes que hace que cada comunidad actúe de manera distinta, que las facturas de los repostajes no se ajusten a los requerimientos de Hacienda, con la posibilidad de futuras sanciones. En definitiva, todo un caldo que cultiva «asfixia económica, caos administrativo e inseguridad jurídica que se traduce en indefensión».