Industria culpa a Stellantis de quedarse sin ayudas por incumplir los requisitos

Manoli Sío Dopeso
m. sío dopeso VIGO / LA VOZ

ECONOMÍA

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«Si no encajan en las bases del PERTE no es culpa del Gobierno», advierte

07 may 2022 . Actualizado a las 20:14 h.

Faltan aún 10 días para que el Ministerio de Industria cierre la ventanilla por la que tienen que entrar los proyectos de inversión que compiten por el reparto de casi 3.000 millones de euros de fondos europeos destinados al PERTE o plan estratégico para el desarrollo industrial del vehículo eléctrico y conectado en España.

En España hay 17 fábricas de coches que compiten por adjudicarse ayudas, entre ellas la gallega de Stellantis. Pero, la presencia este jueves del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al director ejecutivo del grupo Volkswagen, Herbert Diess, apadrinando en Sagunto el proyecto de una planta de producción de baterías, incluida en el plan que abandera el grupo alemán (con plantas de coches en Cataluña y Navarra) y que llevarán al PERTE es toda una declaración de apoyo. Y eso, pese a tratarse de un proceso de concurrencia competitiva que ni siquiera está cerrado.

Diess, sí; Tavares, no

No es la primera vez que el Ejecutivo apoya abiertamente la propuesta del grupo alemán, que, entre la fábrica de baterías en Sagunto y la llegada de cinco modelos eléctricos a Seat Martorell y Volkswagen Navarra, compromete una inversión de 10.000 millones, según sus cifras. El problema es que la hospitalidad de Sánchez con Herbert Diess dista mucho del trato dado al consejero delegado de Stellantis, Carlos Tavares, que sigue esperando respuesta a la su petición de reunión con el presidente del Gobierno en la Moncloa, enviada hace meses.

En todo caso, no es ese el motivo del malestar (o no el único) de Stellantis, sino los plazos de inversión que exige la convocatoria del PERTE, ya que dejan fuera la principal infraestructura que necesita la planta gallega para seguir siendo competitiva: la plataforma electrificada que le permitirá recibir la adjudicación de nuevos modelos a partir del 2026.

Los requisitos del PERTE exigen que las ayudas estén ejecutadas a 31 de diciembre del 2025, y a Stellantis Vigo no le daría tiempo, porque su plan industrial sitúa la mayor inversión, de un total de 1.200 millones (Autoáncora), justo al año siguiente.

En la práctica esto se traduce en que las aspiraciones de ayudas del grupo de Tavares se han venido abajo. ¿Y qué dice el Gobierno? Desde Industria apelan a la equidad del proceso para todos los aspirantes y descargan sobre la multinacional francoitaloamericana toda responsabilidad. «Este no es un procedimiento a dedo, es un proceso de concurrencia competitiva. Si Stellantis, por su política industrial, no quiere participar, es su decisión», afirman fuentes del Ministerio de Industria que aseguran que mantienen contacto permanente con el constructor. «Hay reuniones fluidas. Hasta en más de cuatro ocasiones se han producido. Hemos hecho todo lo posible para que se puedan presentar. Aquí no se hace un PERTE a favor de alguien ni en contra de nadie. Hay unos requisitos, cuando se trata de dar dinero público no se pueden hacer excepciones», explican fuentes ministeriales, añadiendo que «si Stellantis no quiere o no le encaja en sus plazos no es culpa del Gobierno, es lo que está pactado con Bruselas», concluyen.

Ante este escenario, Stellantis Vigo trabaja en un nuevo proyecto para concurrir al PERTE, que prevé una menor inversión, ya no será Autoáncora, según han confirmado fuentes del sector, que confían en que las ayudas que solicita la multinacional puedan llegar a Galicia por otro canal alternativo al PERTE.

Carta a Calviño y Maroto

La Xunta, a través de su vicepresidencia económica, contactó este jueves por carta con el Gobierno, tanto con la vicepresidenta, Nadia Calviño, como con la ministra Reyes Maroto, para solicitar que se tenga en cuenta el proyecto Autoáncora «liderado por el principal fabricante de vehículos en España, con el 23 % de los coches fabricados en el 2021».

Según el escrito, el proyecto de Stellantis Vigo «es una iniciativa con un enorme impacto en el futuro de la automoción en España que necesita el apoyo de una herramienta dinamizadora como son los fondos Next Generation». Añade que «el Gobierno gallego ofrece de nuevo su apoyo y colaboración al Ejecutivo para reconducir esta situación y seguir trabajando juntos».

El motor catalán ficha a empresas gallegas para su PERTE

Future: Fast Forward, ese es el nombre del proyecto liderado por el grupo Volkswagen y Seat que este pasado miércoles se presentó por la ventanilla de acceso al PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) del Vehículo Eléctrico y Conectado.

El plan de la automoción catalana, que ha contado con la colaboración de la consultora PwC, está integrado por 62 empresas nacionales e internacionales —el 61 % de las cuales son pymes—, y constituye «la mayor agrupación empresarial de la historia de la automoción en España», según informó Seat.

De ese conjunto de firmas, dos tienen sede en Galicia. Una es Delta Vigo, especializada en ingeniería tanto para la automoción como para el sector aeronáutico, que ya con anterioridad formaba parte del panel de proveedores del grupo Volkswagen. La otra empresa es Cetim Centro Tecnológico y su participada Enso Innovation, que se centrarán en analizar diferentes tecnologías de recuperación de metales de alto valor de componentes del automóvil. «El objetivo de esta investigación, liderada desde Galicia, es reducir la dependencia de importaciones de materiales de alto valor, impulsar un modelo industrial sostenible, circular y con menor huella ambiental», explica la empresa con sede en A Coruña.

La propuesta catalana es la única presentada hasta el momento, mientras constructores como Ford (Valencia) o Mercedes (Vitoria), al igual que Stellantis siguen tratando de adaptar sus proyectos a los requerimientos del Gobierno.

Aunque mayo será un mes clave, la resolución de las ayudas no se producirá hasta otoño como pronto. El ministerio que encabeza Reyes Maroto tiene seis meses para resolver, lo que le da de plazo hasta el 17 de noviembre para hacer pública la lista de beneficiarios, tanto de los fondos directos como de los créditos al cero por ciento. El Ejecutivo confía en poder repartir el dinero este mismo año