—No tenemos un mercado en el que podamos vincular el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) a unos precios que no estén distorsionados, como ocurre ahora. En los próximos meses tenemos margen para plantear una reforma que tenga sentido con referencias distintas de precio.
—¿Quién va a pagar al final esta excepcionalidad ibérica?
—Había varias opciones. A las eléctricas les encantaba el mecanismo en un principio. No tenían ningún problema de intervención. Ninguno… si la diferencia entre el límite al gas para generación y la cotización de mercado de esa materia prima se pagaba vía Presupuestos Generales del Estado. Tampoco tenían problema si se imputaba a cargos de la factura eléctrica, ya lo financiarían y lo pagarían cuando llegase a los consumidores. Nosotros creemos que es mejor trasladarlo a diario porque hay margen para financiar esa diferencia. Ahora a las compañías sí les molesta el sistema porque va a haber una reducción muy importante de los beneficios extraordinarios en el caso de las tecnologías marginales. Por tanto, conforme se vayan revisando los contratos del mercado libre, se irá incorporando su participación en el ajuste de este mecanismo, de tal modo que todos salen ganando, incluidos aquellos clientes a los que les toque una revisión de precios porque ya no serán tan altos como hasta ahora.