La reclamación de 16 antiguos empleados de Alcoa en A Coruña paraliza el acuerdo para indemnizar a la actual plantilla de Alu Ibérica

G. L. REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

EDUARDO PEREZ

Trabajadores en excedencia o que se fueron con bajas incentivadas reclaman participar de las compensaciones

13 abr 2022 . Actualizado a las 14:41 h.

El acuerdo alcanzado entre Alcoa y las plantillas de sus antiguas plantas de A Coruña y Avilés para cerrar la batalla legal que mantienen abierta en el Tribunal Supremo está en el aire. Pese a que el más de medio millar de trabajadores que siguen en nómina de Alu Ibérica (actual gestora de las factorías, propiedad del grupo Riesgo, investigado por estafa) han aceptado la oferta de indemnización que les propone la multinacional estadounidense a cambio de enterrar su demanda (60 días por año trabajado sin límite de mensualidades y 10.000 euros adicionales), en escena han aparecido actores con los que nadie contaba.

Se trata de 16 antiguos empleados de la fábrica coruñesa, que estaban en plantilla cuando Alcoa negoció con los sindicatos el acuerdo previo a la venta de la planta al fondo suizo Parter (que meses después la revendió a Riesgo), pero que se fueron desvinculando de la compañía en estos tres años, la mayoría a través de excedencias sin reserva de puesto de trabajo, aunque también hay casos de bajas incentivadas o de incapacidades laborales.

El caso es que, pese a no ser parte de la plantilla, estos exempleados consideran que tienen derecho a ser indemnizados por Alcoa, ya que la Audiencia Nacional, en una sentencia ahora recurrida ante el Supremo, consideró que la venta a Parter no cumplió los términos del acuerdo suscrito con los trabajadores. Por eso reconoció el derecho de estos a percibir de la multinacional estadounidense la indemnización pactada hace más de tres años. Por este motivo, un despacho de abogados coruñés que representa a esos 16 exempleados ha remitido un burofax a los sindicatos con representación en los comités de empresa de A Coruña y Avilés reclamando que, de firmar el acuerdo, no se finiquite el proceso legal que se sigue en el Supremo, al entender que eso perjudicaría los intereses de sus representados. Y amenaza con emprender acciones legales si lo hacen así, algo que ha generado inquietud en algunas de las centrales y ha paralizado la firma del acuerdo.

Los sindicatos se encuentran ahora entre la espada de esa amenaza y la pared del enfado de los trabajadores que se han adherido al acuerdo y que ven peligrar sus indemnizaciones, que llegan en algún caso hasta rozar el medio millón de euros (son 80 millones en total). De salir adelante el plan como está diseñado, los trabajadores serían incluidos en un ERE por la administración concursal de Alu Ibérica, que se haría cargo de la indemnización por despido objetivo (20 días por año trabajado con tope de doce mensualidades) mientras que Alcoa desembolsaría el resto del importe acordado a cambio de dar carpetazo a las demandas.

¿Hay solución para el embrollo? La representación legal de los extrabajadores dicen que, conscientes de su situación, aceptarían pactar con la multinacional una indemnización de menor cuantía, aunque no creen que la empresa esté por esa solución. La otra salida sería que los sindicatos no atiendan a la presión y sigan adelante con la firma del acuerdo.