El veto al despido por el alza de precios enturbia la relación de Gobierno y patronal

ANA BALSEIRO MADRID / LA VOZ

ECONOMÍA

Díaz pide que usen los ERTE y Garamendi le responde que monte ella una empresa

29 mar 2022 . Actualizado a las 19:19 h.

Las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania ha hecho saltar por los aires la sintonía mostrada en los últimos meses entre el Gobierno y la patronal, y que cristalizó en la reciente reforma laboral. El motivo está, como ya ocurrió en los primeros compases de la pandemia, en la decisión del Ejecutivo de endurecer la posibilidad de que las empresas recurran al despido objetivo para hacer frente a la crisis. Como ya había avanzado la víspera el presidente del Gobierno, el Consejo de Ministros aprobó ayer, dentro del real decreto de medidas para hacer frente a los efectos de la guerra de Ucrania, la prohibición de despedir alegando la subida de los costes energéticos para las empresas que reciban las ayudas directas instrumentadas dentro del plan de choque.

Esta prohibición, que estará en vigor entre el 1 de abril y el 30 de junio, es una novedad y se suma a la que ya estuvo en vigor durante la pandemia para las empresas que se acogieran a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que estaban obligadas a mantener la plantilla seis meses después de que levantar el ajuste. De no hacerlo, tendrían que devolver las ayudas de las que, en forma de exenciones a la Seguridad Social, se hubieran beneficiado para toda su plantilla y no únicamente los empleados despedidos.

Consulta aquí el real decreto con las medidas para paliar la crisis

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, envió un mensaje claro a los empresarios. «No tenemos que despedir a nadie, hay que ir a un ERTE», insistió, al explicar los detalles del endurecimiento de las condiciones para ajustar la plantilla durante esta crisis. En la práctica, supondrá que las empresas que reciban ayudas no podrán alegar una subida de los costes de la luz, el gas o el carburante para realizar despidos objetivos, cuya indemnización es de 20 días por año trabajado y un tope de 12 mensualidades. Se verán obligadas a recurrir al despido improcedente, cuya indemnización es más alta (33 días por año), además de tener que devolver las ayudas.

Contra el intervencionismo

El anuncio ha encendido los ánimos de los empresarios. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se mostró ayer muy duro al valorarla. «Si a la ministra le parece muy bien que no se pueda despedir, que monte una empresa ella y que lo haga», espetó, criticando lo que entienden es «intervenir la economía, en lo que es la libertad de acción y de empresa». Por ello, a falta de leer «la letra pequeña» del decreto que se prevé que se publique en el Boletín Oficial del Estado de este miércoles, Garamendi se mostró «sorprendido» con el planteamiento de Yolanda Díaz y su anuncio de que «está prohibido despedir», ya que no es adecuada en «una economía de mercado, en el mundo libre».

Garamendi aseguró que los empresarios no despiden «por afición», sino por una coyuntura «muy complicada» que no deja otra salida que adelgazar la plantilla, rebajar los salarios o los costes o bajar la persiana.

Amplió su queja a la desconfianza que generan en el empresariado las medidas puntuales que se adoptan por parte del Gobierno, y recordó que para que la economía «fluya» es imprescindible seguridad jurídica, así como estabilidad regulatoria y calidad regulatoria.

Sin embargo la postura del Ejecutivo sigue siendo la misma que durante la pandemia, la de primar los mecanismos de flexibilidad interna —los ERTE— en lugar de destruir empleo. «Tenemos todos los mecanismos de protección social, los ERTE ordinarios y el mecanismo RED para que esto no se produzca. No tiene sentido recurrir a un ERTE si luego la vocación de los empleadores es despedir (...) No tiene sentido destinar y darles recursos públicos si luego se les permite despedir», insistió Díaz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Primer ERTE sectorial para las agencias de viajes y 2.700 millones para empleabilidad

Además de endurecer temporalmente las condiciones para acogerse al despido objetivo por la subida de los precios de la energía, en materia laboral el real decreto incluye otras actuaciones. Entre ellas está, por ejemplo, la activación del primer mecanismo RED, que supondrá un ERTE estructural para las agencias de viajes, un sector que no ha logrado recuperarse de los efectos económicos de la crisis sanitaria y que concentra el mayor número de trabajadores aún con el empleo suspendido.

La vicepresidenta segunda también avanzó que el Gobierno ha aprobado destinar 2.700 millones de euros para impulsar la empleabilidad de jóvenes y mujeres, los colectivos con mayores problemas en el mercado laboral. Las condiciones y el reparto de los fondos «se sustanciarán», según dijo Yolanda Díaz, en la conferencia sectorial que se celebrará el próximo 6 de abril en el ministerio con las comunidades autónomas.

Paro para las empleadas de hogar

Del mismo modo, anunció que, tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que exige que las empleadas de hogar tengan derecho a percibir paro después de cotizar para ello, el Gobierno ratificará, con carácter inmediato, el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre empleadas de hogar. «Tenemos la obligación de cumplir con la sentencia del TJUE», aseveró.