El Congreso rechaza el veto del BNG a la ley que regulará los planes de pensiones de empresa

L. Palacios / C. Alba MADRID / COLPISA

ECONOMÍA

A. Pérez Meca

La norma permitirá a las compañías que aporten para el retiro de sus empleados reducir sus cotizaciones hasta en 400 euros al año

24 mar 2022 . Actualizado a las 18:23 h.

El proyecto de ley para el impulso de los planes de pensiones de empleo superó su primer examen parlamentario, aunque no exento de fuertes críticas por parte de la mayor parte de los grupos. El Congreso de los Diputados rechazó ayer la enmienda a la totalidad presentada por el BNG, que solo recibió el apoyo de Esquerra Republicana, EH-Bildu, Más País-Equo, la CUP y Compromís, que pretendían devolver el texto al Gobierno. Este consiguió sortear el veto gracias al apoyo de PP, Vox, Ciudadanos y PNV, que permitirá que el proyecto de ley, que tampoco cuenta con el respaldo ni de la patronal ni de los sindicatos, continúe su tramitación parlamentaria en ponencia y comisión, aunque es probable que en este período de enmiendas parciales se incorporen modificaciones para atar los votos necesarios para la aprobación definitiva.

En cualquier caso, la nueva ley deberá estar publicada en el BOE antes del 30 de junio, ya que ese es el compromiso al que llegó el Gobierno con las autoridades comunitarias para cumplir con los hitos del plan de recuperación y poder recibir el siguiente tramo de ayudas del fondo Next Generation, por valor de 6.000 millones.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, defendió en su intervención una ley que busca cumplir con una de las recomendaciones del último acuerdo del Pacto de Toledo, que pide reforzar el segundo pilar de la previsión social (los planes de pensiones de empresa), y que «en absoluto menoscaba» el sistema público. Así, apostó por esta reforma como contrapeso a un sistema de planes de pensiones individuales que ve «regresivo», ya que por sus elevadas comisiones dificultar el acceso a la población con menores ingresos, frente al actual que busca abrirse a más trabajadores, principalmente autónomos y funcionarios, con mejores condiciones, más rentabilidad y menores comisiones de las entidades gestoras.

En España el nivel de ahorro a través de estos instrumentos no llega al 1% de la masa salarial, cubriendo a poco más del 10% de la población activa ocupada, mientras que en Europa el nivel de personas empleadas protegidas se mueve en un rango amplio del 25 al 90 %, según datos de Seguridad Social.

El Ejecutivo aspira a que los apenas 1,9 millones de partícipes que actualmente tienen un plan de pensiones de empresa se conviertan en diez millones en la próxima década.

Para lograr la implicación de las empresas, permitirá que estas se exoneren hasta un máximo de 115 euros al mes por trabajador de su base de cotización por las aportaciones a estos vehículos, lo que implicaría un ahorro anual en cuotas de unos 400 euros por asalariado (33 al mes).

Pero también se permite que el trabajador aporte a su plan de empleo más que la propia empresa, según una serie de índices establecidos. Por ejemplo, para una aportación empresarial de hasta 500 euros, el trabajador podrá poner hasta 2,5 veces lo que haya contribuido la empresa (hasta 1.250 euros). Entre 500 y 1.000 euros podrá aportar el doble. Hasta 1.500, hasta 1,5 veces y, a partir de ahí, el trabajador podrá igualar la aportación hasta un máximo de 10.000 euros.