El Gobierno no tiene margen para bajar impuestos al transporte, sí a los ciudadanos
ECONOMÍA
Un consumidor medio podría ahorrar más de 145 euros al año con una reducción de la tasa especial sobre hidrocarburos
22 mar 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Tan doloroso para el bolsillo es acudir a una gasolinera a repostar como acudir al supermercado en busca de productos frescos. Los ciudadanos españoles, doblemente golpeados por la inflación y por una huelga en el transporte que ha provocado en nueve días el colapso de numerosas redes de suministro en Galicia, hacen cuentas de cómo les afectará este parón al que inicialmente no se sumó el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), que aglutina a las principales patronales del sector.
Las protestas las inició la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías. Ninguna otra organización secundó la huelga. Pero el malestar entre los transportistas ante el alza sin freno del precio de los combustibles, ha hecho que muchos se adhieran. También el CNTC llegó a lanzar un ultimátum al Gobierno: o aprobaba de inmediato ayudas para compensar la subida, como hicieron Francia y Portugal, o darían libertad a sus asociados para apagar los motores.
Lo cierto es que el Gobierno español tiene muy poco margen para aliviar los precios. Al menos por la vía de los impuestos, como solicitan partidos de la oposición y organizaciones de transportistas. España tiene una de la fiscalidad medioambiental más baja de la UE. Hay dos tasas principales que se aplican sobre los carburantes: el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y el impuesto especial de hidrocarburos.
El IVA de la gasolina y el gasoil es del 21 %, el tipo general en España, que se aplica también a las prendas de vestir o servicios de telecomunicaciones, por ejemplo. ¿Se le podría aplicar un tipo reducido (10 %) como el de la hostelería? A priori, no. La legislación europea obliga a todos los países de la UE a gravar el IVA de los hidrocarburos con el tipo general. En circunstancias excepcionales, se ha rebajado temporalmente el IVA de ciertos productos como las mascarillas durante la pandemia o la electricidad, que ha bajado del 21 al 10 % en España. Si el Gobierno quisiera aplicar un IVA más bajo a los carburantes debería reducir el tipo general del 21 % al 16 %, por ejemplo, o bien convencer a los 26 socios de la UE para reformar la directiva europea del IVA. Algo improbable. «Con lo que se tarda en tomar decisiones en Europa es difícil que haya un acuerdo. Costaría más trabajo por nuestro compromiso con la UE de elevar la fiscalidad ambiental para equipararla a la media europea», explica el secretario general del sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo.
La otra vía de rebaja fiscal tiene que ver con el impuesto especial sobre los hidrocarburos, que pagamos todos los contribuyentes cuando repostamos, pero no todos disfrutamos del mismo trato. Los transportistas reciben una devolución de 4,9 céntimos por litro hasta que llegan al tope de 50.000 kilómetros al año. En el caso de los taxis, ese tope son los 5.000 kilómetros. En la práctica eso significa que están pagando el mínimo legal de 33 céntimos el litro de gasoil A que fija la directiva europea, según apunta Mollinedo. El margen para poder hacer más descuentos es cero. No hay manera de reducir más la presión fiscal sobre los profesionales del transporte que, además, pueden desgravar hasta el 50 % de los gastos de transporte.
Para los profesionales de la agricultura que consumen gasoil B todavía hay margen de rebaja de 1,2 céntimos el litro. El impuesto especial por cada litro apenas supone el 0,5 % de su coste, frente al 5,4 % de un consumidor particular, quienes sí podrían beneficiarse de una rebaja en esta tasa. ¿Hasta dónde podría llegar el Gobierno? Todavía hay margen para bonificar 11 céntimos el litro de la gasolina 95, la más usada, y hasta 14,5 céntimos en la gasolina 98. Si el Ejecutivo de Sánchez aprobara esa rebaja, un conductor que llenara su depósito de gasolina de 55 litros unas dos veces al mes podría notar un ahorro de 145 euros al año de media. Con la gasolina en los 1,82 euros el litro, la factura anual pasaría de los 2.402 euros a los 2.257.
Desgravaciones fiscales
En vista de que las rebajas fiscales apenas servirían para aliviar la factura energética de familias y transportistas, ¿qué alternativas tiene el Gobierno? Una vía pueden ser la de las ayudas directas, como las extendidas por Francia. Cheques para subvencionar el repostaje en gasolinera o reembolsos. Para Mollinedo no tiene mucho sentido una medida coyuntural de este calibre que, incluso, podría impulsar más al alza los precios: «Las ayudas directas tendrían un coste económico altísimo. Son miles de transportistas, agricultores y ganaderos de todo el país. El Gobierno central y las comunidades deberían coordinar desgravaciones fiscales», sostiene. Esas desgravaciones, en su opinión, deberían destinarse a inversiones que ayuden a reducir la demanda de carburantes, como la renovación de motores y tractores antiguos que son ineficientes. Las Administraciones Públicas deberían hacerse cargo de la mitad del coste. «No es una medida inmediata como a muchos ciudadanos les gustaría, pero lograría que las medidas que se aprueban a costa del erario público vayan dirigidas a no depender tanto del consumo de combustibles fósiles», desliza Mollinedo. Pero eso implicaría una inversión mucho mayor que los 2.800 millones anunciados esta semana por Francia.
