Galicia recurrirá la ley de vivienda en el Constitucional por invadir competencias
ECONOMÍA
La Xunta tampoco determinará las zonas tensionadas para topar el alquiler
01 feb 2022 . Actualizado a las 19:52 h.Casi a la vez que en la rueda de prensa del Consejo de Ministros se anunciaba la largamente aplazada aprobación del anteproyecto de ley de vivienda —se tramitará inmediatamente y por vía de urgencia en las Cortes— la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, confirmaba que la Xunta presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la norma estatal, por entender que, como señalaba el informe previo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —preceptivo pero no vinculante, por lo que el Gobierno lo ha ignorado—, invade competencias autonómicas.
En idéntico sentido se pronunció ayer el Ejecutivo andaluz, también del PP. Fuentes de la consellería confirmaron que recurrirán al Constitucional «en caso de que así lo considere la asesoría jurídica de la Xunta, en base a las alegaciones que presentamos a le ley el pasado mes de noviembre». En aquel momento, el Ejecutivo gallego ya denunció que en el entonces borrador del anteproyecto de ley el Estado asumía competencias de las que carecía, por ser exclusivas de la comunidad. Entre ellas está la pretensión de regular la vivienda protegida, la gestión del parque público de vivienda de titularidad autonómica o alterar los períodos de protección de todo el parque público, de forma unilateral.
«Imos ver que sale do Consello de Ministros», dijo Vázquez, que calificó de «alarmante» que se apruebe una ley sobre la que los jueces han alertado de su inconstitucionalidad, de que invade competencias y de que contiene regulaciones que, «tal e como están redactadas, son engorrosas e inviables». La conselleira recordó que Galicia, «por lealdade institucional», presentó alegaciones en su momento y, tanto en la conferencia sectorial como en la última reunión de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, con el presidente gallego, le pidieron la retirada de la ley y consensuar un texto con las comunidades, «polo ben dun tema tan sensible como é a vivenda, e polo tanto da cidadanía».
«Parece que isto non vai ser así, polo tanto Galicia presentará o seu recurso», confirmó Vázquez este martes. Además, la Xunta no tiene previsto por ahora determinar las zonas tensionadas en la comunidad, precisas para aplicar los límites a los precios del alquiler, lo que deja en papel mojado una de las medidas estrella de la normativa, que incluye también otras novedades:
parque público
Refuerzo a la vivienda social. La primera medida que destacó ayer la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana fue la relativa al parque público de vivienda social, que se someterá a «protección permanente, para que no pueda ser enajenado, como sucedió en el pasado». Así, ayuntamientos o autonomías no podrán vender a empresas privadas vivienda pública en un plazo inferior a 30 años. Por su parte, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, subrayó que para incrementar el escaso parque público, se impone una reserva obligatoria del 30 % de cualquier promoción para vivienda protegida y que de ese porcentaje, el 15 % tenga que ir a alquiler social.
grandes propietarios
Únicos afectados por el límite de precios. La norma permite a las comunidades topar los precios del alquiler en las áreas que determinen como tensionadas, que serán aquellas en las que el precio medio de las hipotecas o los alquileres, junto con los suministros básicos supere el 30 % de los ingresos medios de los hogares, y que acumulen en cinco años una subida al menos cinco puntos superior a la inflación media de la comunidad en el período. Sin embargo, tal límite solo se aplicará a los definidos como «grandes tenedores», que son personas físicas o jurídicas que sean titulares de más de diez viviendas urbanas o de una superficie construida superior a los 1.500 metros cuadrados, también de uso residencial.
pequeños arrendadores
Sin subida de la renta. Los particulares con viviendas para alquiler esquivarán el límite en el precio, pero tendrán que congelar la renta, tanto para los contratos en vigor como para los nuevos. Los inquilinos, antes de que expire el contrato, podrán solicitar una prórroga de tres años sin que varíen las condiciones económicas, y en los nuevos arrendamientos estarán sujetos al precio del contrato previo, con el único incremento del IPC.
incentivos fiscales
La zanahoria para contener los precios. Con el objetivo de que los propietarios abaraten el alquiler y propicien una contención general de precios, la ley incluye bonificaciones fiscales de hasta el 90 % en el IRPF si la rebaja es del 5 %.
penalizar pisos vacíos
Recargo en el IBI. La ley pretende impulsar la salida al alquiler de los pisos vacíos penalizando el bolsillo de sus propietarios, ya que los ayuntamientos podrán aplicar un recargo de hasta el 150 % en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a las casas que estén injustificadamente desocupadas más de dos años. Belarra calificó de «poco ético» que haya viviendas vacías cuando tantas personas precisan una. En cualquier caso, solo se aplicará el recargo a quienes posean cuatro o más propiedades y, además, se excluye la segunda residencia que se ocupa solo en vacaciones y las que estén en obras u ofertadas en el mercado.
El Gobierno carga contra los jueces por extralimitarse en su informe sobre la norma, pero incorpora mejoras en el texto
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que explicó los detalles de la ley que ahora inicia su tramitación parlamentaria con el objetivo de entrar en vigor en la segunda mitad del año, la ministra del ramo, Raquel Sánchez, defendió el texto de las duras críticas vertidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su informe legal sobre el mismo.
Defendió la necesidad de la norma, aseverando que «se cumple con un compromiso inaplazable con la mayoría del país». Calificó de «rigurosa» la ley, subrayando que «blinda el carácter social que debe tener la vivienda».
Y no se quedó en loar el texto, sino que, pese a expresar el «respeto absoluto» del Ejecutivo al informe del CGPJ, acusó a los jueces de extralimitarse en el mismo, ya que debía pronunciarse únicamente sobre la modificación de tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que incluye la nueva norma, sin entrar a valorar su encaje constitucional.
Sin embargo es precisamente a eso, a la advertencia de los jueces de que la nueva regulación invade competencias autonómicas y por ese motivo vulnera los principios constitucionales, es a lo que se agarran las comunidades autónomas que, como Galicia o Andalucía, ya han anunciado que la recurrirán. La ministra Sánchez negó la mayor, insistiendo en que la norma no invade competencias regionales, y anunció también que el Ejecutivo había tenido en cuenta el informe del CGPJ y había incorporado «ciertos aspectos que aclaran y clarifican conceptos y artículos donde entra la normativa autonómica», con la que, insistió, la ley es «plenamente» respetuosa.
El Ejecutivo apela a poner orden «en la ley de la selva» y a finiquitar las burbujas del ladrillo
«Esta ley no va en contra de los propietarios, va en contra de la especulación», proclamó la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tras calificarla de «histórica» —pasando por alto todas las críticas que le han llovida al texto desde distintos ámbitos— y asegurar que nace con vocación «de perdurar», pues amplía, dijo, el catálogo de derechos y refuerza el Estado del bienestar, convirtiendo la vivienda en su quinto pilar. El objetivo, según el Gobierno, es impulsar el mercado del alquiler —a través de incentivos fiscales y limitando los precios en las zonas tensionadas— en las áreas en las que ha subido hasta convertirse en prohibitivo, así como fomentar el parque público de vivienda social y asequible y mejorar la regulación de los desahucios para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad.
«Es una ley imprescindible porque el mercado se ha demostrado ineficaz para dar respuesta», insistió Raquel Sánchez. «Aquellos que pregonan ahora la liberalización lo único que consiguieron fue el lucro de grandes grupos inmobiliarios, lo que generó mucho sufrimiento a la gente. Evitar la especulación es un mandato de la Constitución y nadie debería ver en ello una colisión con el derecho a la propiedad, porque esta ley lo protege. La ley no va en contra de los propietarios, sino en contra de la especulación», remachó.
Contra la especulación
Su homóloga de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, fue más allá, asegurando que la norma es un primer paso para dejar atrás las burbujas inmobiliarias, la especulación y los pelotazos urbanísticos., «que es lo único que ha conocido mi generación». Recordó que la crisis del 2008 provocó miles de desahucios, que las cláusulas abusivas de las hipotecas endeudaron a muchas familias y que la burbuja posterior en el mercado del alquiler ha disparado hasta en un 50 % los precios entre el 2015 y el 2020, beneficiando a los fondos de inversión y grandes propietarios, «que viven de alquilar muchas viviendas que han heredado y no trabajan».
«Por eso era hora de reequilibrar la balanza, y por eso esta ley protege a los inquilinos, que son la parte más débil de la ecuación, se lo pone fácil a los pequeños propietarios y al tiempo exige corresponsabilidad a los grandes propietarios en la garantía del derecho a la vivienda», afirmó, asegurando que la norma —para cuya aprobación el Gobierno aún no tiene apoyos— ponía «orden en la ley de la selva».
Rechazo de las inmobiliarias: «La ley solo crea inseguridad jurídica»
De uñas. Así recibe el sector inmobiliario la nueva ley de vivienda que ayer aprobó el Consejo de Ministros y que ahora empieza su tramitación parlamentaria. A juicio del presidente de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias, Benito Iglesias, la norma «ha nacido viciada, sin consenso, fracturando e interviniendo el libre mercado de la vivienda en España» y «únicamente va a crear inseguridad jurídica, incertidumbre y preocupación».
En términos similares se expresan desde el portal inmobiliario Fotocasa, donde destacan que la ley «es intervencionista, genera inseguridad jurídica y carece de incentivos suficientes».
Por su parte, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) tampoco respalda la norma, que en su opinión supondrá una reducción de la oferta y limitará la inversión, además de constituir una discriminación legal de aquellos propietarios que tienen diez o más inmuebles en alquiler.
Por su parte, el presidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, considera que la ley se ha hecho «de espaldas a inquilinos, arrendadores y jueces», y recuerda que «ninguna limitación de precios del alquiler aplicada hasta ahora ha beneficiado a los inquilinos, sino que por el contrario, ha reducido la oferta y su calidad».
En el otro extremo, están las críticas de quienes acusan al Gobierno de falta de ambición, como el sindicato UGT, que asegura que el proyecto de ley es «totalmente insuficiente» para combatir la emergencia habitacional que sufre España. Y anuncia una ofensiva durante el trámite parlamentario para hacerla más eficiente.
Mientras, desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN España) celebran la aprobación de la nueva norma, por suponer una «oportunidad» para las «más de 11 millones de personas sufren algún tipo de exclusión residencial» en el país. Y destacan que la ley recoge varias de sus propuestas, como la protección permanente del parque público social, la regulación de desahucios de hogares en situación de vulnerabilidad, las viviendas de protección social a precio limitado y la declaración de zonas tensionadas con topes de precios.